El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) del estado, Pedro Aquino Alvarado, presentó la estrategia de “economía circular” para el manejo de basura, que se empleara de cara al “cierre forzoso” de cuatro tiraderos a cielo abierto.
Empero, el funcionario no aclaró la situación laboral de los pepenadores, quienes se han manifestado para que no los despojen de su fuente de ingresos, ni clarificó qué acompañamiento darán a los municipios.
Aquino Alvarado justificó que la Profepa decretó la clausura de los basureros de Panotla y Huamantla, a lo que les seguirán los de Calpulalpan y Tetla, e impuso una multa de 56 millones de pesos al estado por las irregularidades encontradas, sanción que sólo puede conmutarse con los cierres de los tiraderos.
Asimismo, explicó que se realiza una inversión de 80 millones de pesos en labores de cierre de los depósitos de basura, y para acondicionar el relleno sanitario de Atlangatepec, que actualmente recibe residuos de 50 municipios.
La propuesta se basa en la expectativa de que se asienten empresas foráneas interesadas en el tratamiento y reciclaje, aunque no se tienen fechas concretas y contratos firmados, al menos no las hizo públicas.
Luego de que un grupo de pepenadores se manifestó el pasado 3 de noviembre por el cierre del Tonsil y denunciaran que, “se les está dejando sin sustento”, Aquino Alvarado justificó que no se han acercado a todos los grupos, pues, aunque son cerca de 250 pepenadores, están organizados en varios grupos.
La promesa de “dignificar su trabajo” contrasta con la ambigüedad de un plan que, hasta ahora, no presenta cifras claras sobre la integración laboral de este sector históricamente marginado, o bien con la información de qué empresas se instalaran.
Pese a que el secretario afirmó que no van a “dejar solos a los municipios”, cada uno debe lidiar con el manejo de más de 400 toneladas diarias de basura que antes eran depositadas en el relleno Tonsil, sólo por citar ese espacio.
En el aire quedan también los señalamientos sobre actos de corrupción señalados por los pepenadores, quienes han acusado que un funcionario de la SMA les exigía la entrega de hasta 300 litros de diésel semanales.
