Mientras miles de maestros en distintas partes del país mantienen una lucha abierta para exigir cambios de fondo en sus condiciones laborales y de retiro, las dirigencias de las Secciones 31 y 55 del SNTE en Tlaxcala han optado por respaldar sin cuestionamientos los acuerdos institucionales alcanzados con el gobierno federal.
Su postura no solo evidencia una sumisión y una visión distinta a la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino que también exhibe la profunda distancia que existe entre las dirigencias sindicales tradicionales y una parte importante de la base trabajadora.
Resulta llamativo que los líderes sindicales celebren un incremento salarial global del 11 por ciento como si se tratara de una solución definitiva a los problemas del magisterio. Si bien cualquier aumento es positivo, la realidad es que durante años los docentes han enfrentado una pérdida constante de su poder adquisitivo derivada de la inflación.
Presentar este ajuste como un gran logro parece más un intento de justificar la estrategia de negociación del sindicato que una respuesta real a las necesidades de los trabajadores.
Más preocupante aún es la defensa cerrada de la Ley del ISSSTE. Mientras miles de maestros en el país reclaman que el sistema de cuentas individuales los condena a pensiones insuficientes y a una jubilación cada vez más lejana, las dirigencias del SNTE aseguran que no existen motivos viables para derogarla.
La pregunta es inevitable: ¿han escuchado realmente a los trabajadores o únicamente se rigen lo que el patrón les diga y repiten el discurso gubernamental? Porque para muchos docentes la inconformidad no es ideológica, sino resultado de cálculos concretos que muestran que su retiro será mucho más precario que el de generaciones anteriores.
También llama la atención que el SNTE destaque la desaparición del USICAMM como una conquista propia cuando este sistema ha sido objeto de críticas prácticamente desde su creación. El rechazo al modelo de promoción y evaluación docente no surgió en las oficinas sindicales, sino desde las aulas, donde miles de maestros denunciaron opacidad, burocracia y procesos poco claros.
Por otra parte, la crítica hacia la CNTE por dejar sin clases a miles de estudiantes es un argumento válido, pero incompleto. Toda protesta social genera afectaciones y es legítimo cuestionarlas; sin embargo, reducir el movimiento magisterial a las molestias ocasionadas por los bloqueos o los paros significa ignorar las causas que los originan. Si existen docentes dispuestos a perder salario, enfrentar desgaste y confrontarse con las autoridades, es porque consideran que las vías institucionales han sido insuficientes para atender sus demandas.
La postura del SNTE parece apostar por la estabilidad y la gobernabilidad del sistema educativo. No obstante, la estabilidad no debe confundirse con conformismo. Un sindicato existe para representar y defender a los trabajadores, no para convertirse en un simple aval de las decisiones gubernamentales.
Al final, el verdadero debate no es si la CNTE o el SNTE tienen la razón absoluta. El problema de fondo es que el magisterio mexicano sigue enfrentando retos estructurales en materia salarial, de seguridad social y de desarrollo profesional. Mientras las dirigencias sindicales se felicitan por acuerdos parciales y los grupos disidentes radicalizan sus protestas, miles de docentes continúan esperando soluciones de fondo que garanticen una jubilación digna y mejores condiciones laborales.
La educación no necesita sindicatos enfrentados entre sí ni dirigentes preocupados por demostrar quién tiene mayor legitimidad. Necesita representantes capaces de escuchar a sus bases, cuestionar cuando sea necesario y exigir cambios reales. Porque cuando el sindicalismo se vuelve complaciente, deja de ser un instrumento de defensa de los trabajadores para convertirse en un simple espectador de las decisiones del poder y un aplaudidor gubernamental.
