* Colectivos exigen a los Gobiernos Federal y Estatal fortalecer acciones de búsqueda
El estado de Tlaxcala registró un total de 212 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), una cifra que mantiene vigente la preocupación de familiares, colectivos y organismos defensores de derechos humanos.
Los registros oficiales muestran que, pese a que las autoridades estatales han presumido altos porcentajes de localización de personas reportadas como desaparecidas, aún permanecen más de dos centenares de casos sin resolver en la entidad, lo que representa familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos y sin resultado alguno.
La cifra nacional contrasta con los datos difundidos recientemente por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que informó mantener activas 32 fichas de búsqueda en la entidad. Especialistas en la materia explican que ambas cifras corresponden a indicadores distintos, ya que el número de boletines activos no necesariamente refleja el total acumulado de personas desaparecidas y no localizadas registradas en las bases de datos nacionales.
De acuerdo con informes oficiales, entre agosto de 2021 y marzo de 2026 se reportaron 4 mil 966 casos de personas desaparecidas o no localizadas en Tlaxcala, de los cuales la mayoría fueron localizados. Sin embargo, los 212 casos vigentes en el RNPDNO evidencian que aún existen expedientes pendientes de esclarecimiento.
Colectivos de familiares y organizaciones civiles han señalado en diversas ocasiones la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda, investigación y atención a víctimas, además de garantizar que las cifras oficiales reflejen con precisión la realidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas.
Los municipios de Tlaxcala y Apizaco se encuentran entre los que históricamente han concentrado un mayor número de reportes, aunque el fenómeno afecta a distintas regiones de la entidad.
La problemática de la desaparición de personas continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y procuración de justicia en el país, donde familiares de víctimas demandan resultados efectivos que permitan localizar a quienes permanecen desaparecidos y esclarecer las circunstancias de cada caso.
