- Reconoce la presidenta del TSJE denuncias sobre el pedimento de dádivas, realizadas por abogados litigantes
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, informó que el Poder Judicial tiene abiertos un total de 239 expedientes en contra de funcionarios de esta institución sobre presunta responsabilidad administrativa, de los cuales 189 están por resolverse, 45 se encuentran en etapa de investigación y cinco más están con algún tipo de prevención.
La funcionaria reconoció que diversos expedientes fueron iniciados por abogados litigantes, debido a la existencia de posible corrupción al solicitar dádivas para llevar a cabo trámites dentro del Poder Judicial. Otros más, dijo, son iniciados por justiciables, ya que éstos consideran la existencia de alguna acción o conducta irregular por parte de la persona servidora pública.
“Son muy amplios (los motivos), por ejemplo, hay quien solicita alguna petición al juzgado y la persona considera que la respuesta o el proceder del servidor público no fue el correcto. Otros tienen que ver con alguna manifestación que hace el servidor público y no son pocos los que caen en la cancha de lo jurisdiccional, sobre todo porque el justiciable considera que la contestación está fuera de la ley y promueve una queja, y hay asuntos que desde que presentan la queja son notoriamente jurisdiccionales”, señaló.
En ese sentido, explicó que diversas quejas debían haberse presentado a través de un medio de impugnación y no a través de una queja administrativa, lo cual ocasiona que muchos casos tengan que sobreseerse al no haber elementos para continuar con el procedimiento administrativo.
Cortés Ornelas indicó que los procedimientos en contra de funcionarios que laboran dentro del Poder Judicial inician con un escrito de queja, los cuales pueden ser presentados ante las consejeras o consejeros de la Judicatura, ante la Contraloría o ante al Pleno del mismo Consejo de la Judicatura.
“Lo que hacemos es revisarlos y turnarlos a la Contraloría, que es donde se inicia la primera etapa de investigación. Una vez que ésta determina la existencia de una posible responsabilidad, se turna al consejo de la judicatura para que se substancie el procedimiento, es decir, que se haga efectivo el derecho de audiencia, se presenten pruebas, se escuche y una vez alcanzada toda esta substanciación, se turna a algún consejero o consejera para proyectar la resolución”, refirió.
La magistrada reconoció que algunos procedimientos pueden ser resueltos entre cuatro y cinco meses, o bien en periodos cortos, dependiendo del número de pruebas que tengan que ser desahogadas.
Por lo pronto, señaló que en el caso de los 189 que están para resolverse, se encuentran asignados a alguna consejera o consejero de la Judicatura, con el objetivo de que se lleve a cabo un proyecto de resolución. Otros 45 están en investigación al interior de la Contraloría y cinco más tienen algún requerimiento a fin de subsanar información.
