Hay un principio inalterable en la política: quien gobierna y se siente fuerte construye liderazgos; quien percibe debilidad sale a buscar legitimidad. Esa diferencia explica mucho de lo que ocurre hoy en Tlaxcala.
La reunión entre la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el alcalde Alfonso Sánchez García y el exgobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz no debe analizarse por la fotografía, sino por sus consecuencias. En política, el verdadero mensaje no está en la imagen difundida, sino en las reacciones que provoca. Y las reacciones terminaron por exhibir algo que el oficialismo intentó ocultar: la dificultad para sumar respaldos de actores con peso propio.
Cuando un proyecto político necesita recurrir a figuras que durante años representaron corrientes distintas para intentar enviar una señal de fortaleza, lo que revela no es necesariamente capacidad de convocatoria, sino la necesidad de demostrar que aún conserva influencia. El problema aparece cuando esos acercamientos no producen adhesiones públicas y, por el contrario, generan aclaraciones, desmentidos o distanciamientos.
Eso fue precisamente lo que ocurrió. Las declaraciones posteriores del exgobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz modificaron la narrativa inicial y dejaron la impresión de que el encuentro no produjo el efecto político esperado. La operación terminó siendo más útil para evidenciar la incertidumbre del grupo gobernante que para fortalecer el proyecto de Alfonso Sánchez García.
Desde esta perspectiva, la principal beneficiaria fue la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Mientras el aparato político buscaba proyectar la idea de que las estructuras tradicionales comenzaban a alinearse con un solo proyecto, distintas voces reiteraron públicamente su respaldo a la legisladora. A ello se sumó el posicionamiento de colegios y organizaciones de abogados, que rechazaron versiones sobre un supuesto apoyo a Alfonso Sánchez García y refrendaron su cercanía con la senadora.
El episodio deja una lección que suele repetirse en todos los procesos sucesorios: el poder institucional puede administrar recursos, controlar agendas y multiplicar mensajes, pero no puede fabricar consensos cuando éstos no existen. La legitimidad política no se decreta; se construye. Y cuando un gobierno necesita explicar constantemente que conserva respaldo, comienza a transmitir exactamente la percepción contraria.
Hay otro elemento que merece atención. La Cuarta Transformación llegó al poder con un discurso de ruptura frente a las prácticas del antiguo régimen: rechazo al dedazo, apertura democrática, respeto a la pluralidad y combate al uso faccioso de las instituciones. Sin embargo, diversos sectores han cuestionado que, en la disputa por la sucesión estatal, algunas conductas parecen alejarse de esos principios para acercarse a las formas tradicionales de construir candidaturas desde el ejercicio del poder.
Ese riesgo no es menor. La historia política mexicana demuestra que los movimientos suelen comenzar perdiendo elecciones cuando primero pierden su congruencia. Los ciudadanos son mucho más sensibles a las contradicciones que a la propaganda. Cuando un gobierno promete una transformación y termina reproduciendo prácticas que antes condenaba, la credibilidad comienza a erosionarse desde dentro.
Por ello, el desafío para el grupo gobernante ya no consiste únicamente en posicionar a un aspirante. El verdadero reto será convencer a la ciudadanía de que el proceso de definición del próximo liderazgo estatal será producto de la competencia política y no de una decisión construida desde las estructuras del poder.
Tlaxcala ha demostrado una y otra vez que pocos proyectos pueden mantener la continuidad, y para ello hay que recordar a Mariano González Zarur que construyó la candidatura y le dio continuidad al priismo a través de Marco Mena, un personaje inexistente para la política local, y que de la noche en la mañana fue ungido como gobernador de Tlaxcala.
Las elecciones se ganan en las urnas, no en las oficinas públicas; con confianza ciudadana, no únicamente con estructuras gubernamentales. Quien confunda el poder institucional con respaldo popular corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que ambos conceptos no son sinónimos.
Porque la política tiene una característica implacable: las narrativas pueden imponerse durante algunos días; la realidad termina imponiéndose durante los años. Y cuando eso ocurre, la verdad deja de ser una versión para convertirse en el juicio de la historia.
