Dos semanas han pasado sin que las autoridades educativas y de la Función Pública hayan resuelto el conflicto que existe en contra del contralor de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Edmundo Vázquez José.
Acaso sea porque su nombramiento fue hecho apenas en enero de este año, cuando se dio el relevo de varios funcionarios públicos, entre ellos el de la Contraloría.
Sin embargo, no habría ningún motivo para sostener a un funcionario que en reiteradas ocasiones ha sido acusado de comportamientos opacos, groseros e intimidantes hacia su personal.
A mi correo personal llegó un escrito que hicieron suyo varias trabajadoras de esa Contraloría.
Nada nuevo que no haya sido denunciado y exhibido recientemente, pero que vale la pena recordar porque el conflicto continúa y no parece existir voluntad para resolverlo.
Eso, al menos, es lo que denuncian las mismas trabajadoras que se han sentido acosadas por el funcionario, quien “en todo momento ha sido protegido”, denuncian las agraviadas.
¿Quién lo protege?, los señalamientos son directos a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Cova Brindis, sin exculpar al mismo secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández.
Ambos, dice la misiva enviada a mi correo, “han protegido a esta figura, creyéndole más a él que a las personas que hemos sido víctimas de su violencia”.
Hay señalamientos en el sentido de que la priista Cova Brindis ha impuesto a personas dentro de la estructura laboral de la SEPE-USET, particularmente en lo que se refiere al área de la Contraloría Interna. Y eso mismo ha sido utilizado como argumento por Homero Meneses para no intervenir de manera directa.
Al contralor Edmundo Vázquez José lo nombró la secretaria de la Función Pública, es el argumento utilizado por el titular de la SEPE-USET. Por eso no es destituido y sustituido.
Probablemente Homero teme alguna revisión de Cova Brindis a su persona, por aquello de la entrega de vehículos usados al magisterio, por el robo de pavos el año pasado, o por los múltiples señalamientos de la presunta venta de plazas que se dan en su administración, aunque se diga ajeno a la corrupción.
¿Pero quién le paga a ese funcionario que despacha como Contralor?, exacto, la misma SEPE-USET, aunque el personal que ahí labora haya sido nombrado por la Función Pública. Vaya situación.
Y eso es a pesar de que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala establece la posibilidad de rescindir contratos al servidor público que incurra en faltas, como la de honradez y confianza. ¿Por qué entonces no actuar en consecuencia antes de que el conflicto se desborde?
Por lo que se observa, hay una abierta intención de no querer resolver el conflicto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha pretendido intervenir, pero ha sido prácticamente ignorada y ni un comunicado ha publicado al respecto.
O quizá la esposa de Manuel Vázquez Conchas tenga poca intención de molestar al funcionario estatal que, derivado de su facilidad para generar conflictos, incluida la muerte de una joven normalista, perdió la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular.
Pero volviendo al punto del contralor, en una reunión pactada, “la secretaria de la Función Pública dejó esperando a los trabajadores y a la visitadora de Derechos Humanos y es la fecha que no se dignan a dar solución”.
En este vericueto lo que hay es burocracia y huele a que algo se le debe a Edmundo Vázquez José. Mientras en el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) hubo un cese fulminante por cuestiones parecidas de hostigamiento, en este caso hay desidia.
La gobernadora, seguramente concentrada en temas de trascendencia para su gobierno, no ha reparado en que un problema departamental está afectando la imagen de su administración. Nuevamente en la secretaría más golpeada de su gobierno.
Mientras el secretario de Educación Pública no exija, dentro de sus competencias, una solución a un problema que le afecta de manera directa, no se ve pronta solución. Pero es algo que no les importa, ni siquiera en beneficio propio, sabiendo que un proceso electoral local está en puerta.
Pequeños infiernos pueden arder conforme se vaya acercando el día de la elección en 2024. Y lo que hoy puede ser resuelto evitando los menores daños posibles, puede convertirse en votos en contra el 2 de junio del año venidero. La advertencia ya la conocen en Palacio de Gobierno, que no se sientan sorprendidos.
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