El ex presidente municipal de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez estuvo seis meses en prisión “injustamente” según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y quienes ordenaron su captura podrían terminar presos.
El Tribunal Constitucional de México determinó que el Poder Legislativo local, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS), el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, así como el juez de control incurrieron en actos y facultades que no son de su competencia.
“El Cachorro” fue detenido el 20 de mayo de 2024 en las inmediaciones de la presidencia municipal de Zacatelco y luego presentado ante la autoridad bajo el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en un procedimiento abreviado.
Todo se derivó después de que el OFS auditara la cuenta pública 2022 y luego elaborara el pliego de observaciones que se integró en el reporte de resultados. Una vez entregado al Congreso del Estado la Comisión de Finanzas “reprobó la cuenta ante el Pleno” e inmediatamente ordenó a través de dos artículos establecidos en el Expediente Parlamentario No. LXIV 114/2023 que se fincaran responsabilidades legales.
“TERCERO, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior a dar seguimiento a las observaciones pendientes de solventar, por lo que el presente dictamen no modifica, solventa, limita o implica nulidad de dichas observaciones, las que continuarán subsistentes, conforme al informe individual, por lo que los servidores públicos del ente fiscalizable estarán obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penales o cualquier otro que legalmente resulte procedente, tomándose en consideración lo establecido en el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos”.
“QUINTO, Se instruye al Órgano Interno de Control del municipio de Zacatelco aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas a efecto de llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa en relación a las observaciones que no fueron solventadas y que sean remitidas por el OFS”.
A la Auditoria Superior de la Federación (ASF) le corresponde revisar los recursos federales, es decir, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FIMS), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el Gasto Corriente, que representan en su conjunto el 90 por ciento del presupuesto anual, y el restante le pertenece al OFS que contempla fondos estatales e ingresos propios.
El caso de “El Cachorro” fue especial, no solo porque la carpeta de investigación se integró en tiempo récord, lo mismo que la orden de aprehensión, sino por el juicio de aportación de pruebas fue tan ágil que en unos cantos meses se determinó que el político del sur era culpable.
Fue el 28 octubre cuando Hildeberto, recibió una sentencia condenatoria por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en un procedimiento abreviado. El juez de control dictó una pena de seis meses de prisión y una reparación del daño por 2 millones 886 mil 60 pesos.
Dado lo anterior se conoció que a principios de noviembre se ordenó de manera discrecional la liberación al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala. Algunos –dicen- que su salida se dio en medio de condicionantes orquestadas desde la Secretaría de Gobierno que encabeza el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, pero la realidad es que la justicia real determinó que nunca hubo delito.
Pocos saben que el ex presidente tiene en sus manos la facultad de proceder o no en contra de todos aquellos que participaron para meterlo “al bote” por cerca de medio año y que al final ni las disculpas le dieron.
CON INFORMACIÓN DE FÓRMULATLX
