El Gobierno federal ha propuesto tres hipótesis para explicar el por qué de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a nueve años de la noche de Iguala.
La primera sugiere que hubo confusión por parte del grupo criminal “Guerreros Unidos” debido a la presunta infiltración entre los estudiantes de “Los Rojos”, el grupo antagónico.
La segunda plantea que la desaparición podría haber sido un acto de represalia por parte del Alcalde José Luis Abarca contra los estudiantes por las protestas en el palacio municipal de Iguala.
Y, por último, la tercera señala la posible implicación del tráfico de drogas que se encontraban en los camiones tomados por los normalistas durante esa trágica noche en Iguala.
Así lo plantea la Narrativa de los hechos que presentó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los padres de los 43 estudiantes, quienes quedaron insatisfechos y molestos por el documento.
Las familias de los jóvenes desaparecidos hace 9 años acusan que la nueva narrativa incorpora elementos que ya habían quedado fuera y que se asemeja a la “Verdad Histórica”, ya desmantelada por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).
Los padres también denunciaron que, en los datos presentados, se criminaliza a los estudiantes desaparecidos. Y es que, la tercera hipótesis sugiere que los estudiantes habrían sido desaparecidos por el tráfico de drogas y, la eventual presencia de estupefacientes, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La segunda conjetura de la desaparición, según el informe, fue “la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del Alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala; protestas que realizaron los estudiantes por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera”.
Este punto recuerda la versión que había planteado la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que había mantenido la postura de que los normalistas intentaron sabotear el informe de labores de la esposa del Alcalde Iguala, José Luis Abarca. Y según la dependencia, fue el Presidente Municipal quien dio la orden de detener a los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
La Secretaría de Gobernación liberó hoy e hizo público el informe del Subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas con respecto a las investigaciones del caso Ayotzinapa, el cual, no fue recibido por los padres y madres de los 43 normalistas, quienes rechazaron la documentación que se les trató de entregar ayer.
El documento también destaca que a la fecha se encuentran detenidas 132 personas, de las cuales, 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 policías (cinco federales, 2 federales ministeriales), siete estatales, dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 45 de Iguala.
También han sido arrestados tres funcionarios de la FGR, el exsecretario de Seguridad Pública estatal de Guerrero, el expresidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, la expresidenta del DIF Iguala y 14 elementos de la Sedena.
Con información de: Julio Astillero
