* El vocero del Gobierno de Tlaxcala rechazó que la relación institucional con los medios de comunicación deba estar condicionada por convenios publicitarios y negó rumores sobre la incorporación de un consultor externo al área de Comunicación Social.
El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, sostuvo que los recursos públicos destinados a publicidad oficial no deben utilizarse como instrumento de presión, represalia o censura contra los medios de comunicación, al defender que la relación entre las autoridades y el periodismo debe mantenerse al margen de intereses económicos.
Durante su declaración, el funcionario afirmó que la información pública tiene valor por sí misma y que su difusión no puede depender de la existencia de convenios publicitarios con el Gobierno estatal. Subrayó que los medios tienen libertad para decidir qué información cubren y publican, sin que ello deba traducirse en condicionamientos económicos.
“El dinero no puede usarse como arma de censura”, expresó Martínez Velázquez, quien insistió en que la relación institucional con la prensa no debe estar mediada por los recursos económicos que reciben determinados medios.
En ese contexto, rechazó las versiones sobre un supuesto deterioro de la relación del Gobierno de Lorena Cuéllar con los medios de comunicación y aseguró que actualmente existe un espacio para que los periodistas cuestionen a los funcionarios, soliciten información y ejerzan su labor informativa.
Como ejemplo, contrastó el modelo actual con prácticas de administraciones anteriores, en las que, según señaló, se solicitaban vehículos a cambio de convenios publicitarios o se contactaba a medios para pedirles que retiraran determinadas publicaciones.
Por otra parte, respondió a las versiones sobre una posible incorporación del consultor Sergio al equipo de Comunicación Social, luego de que trascendiera su acercamiento con la gobernadora Lorena Cuéllar.
Martínez Velázquez explicó que Sergio colaboró anteriormente durante cuatro años como consultor externo y que recientemente dejó de prestar sus servicios profesionales. Sin embargo, precisó que su visita a la mandataria tuvo como propósito plantear la elaboración de materiales audiovisuales para el cierre de la administración, aprovechando el archivo que conserva de la campaña electoral.
El funcionario reconoció la trayectoria profesional del consultor, aunque señaló que sus servicios representaban un costo elevado y descartó que su eventual colaboración implique necesariamente su incorporación como servidor público.
También aprovechó para establecer una diferencia entre el trabajo de los consultores externos y las responsabilidades de quienes forman parte de la administración estatal. Explicó que, mientras los primeros ofrecen asesoría, los servidores públicos deben asumir la responsabilidad política e institucional por las decisiones y los resultados de la comunicación gubernamental.
Respecto a los señalamientos sobre los convenios publicitarios otorgados a determinados medios, mencionó que existen contratos y montos que pueden ser consultados públicamente, por lo que rechazó que la transparencia de esos recursos deba confundirse con una supuesta obligación de favorecer editorialmente al Gobierno.
Finalmente, Martínez Velázquez sostuvo que todavía es necesario fortalecer la transparencia y establecer reglas más claras en la relación entre autoridades y medios, pero consideró que esa exigencia debe dirigirse principalmente a los funcionarios públicos.
Su postura coloca nuevamente sobre la mesa un debate fundamental para el ejercicio periodístico: la publicidad oficial es un recurso público y no puede convertirse en premio para los medios afines ni en castigo económico para quienes cuestionan al poder.
