En Tlaxcala, el campo también tiene su propia historia política: gobiernos que anuncian inversiones millonarias, funcionarios que presumen maquinaria entregada y programas que prometen transformar la vida de los productores. Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces ocupa el centro del discurso oficial: ¿realmente viven mejor quienes trabajan la tierra? Porque una cosa es presumir presupuestos y otra muy distinta es conseguir que el campesino tenga mejores ingresos, cosechas rentables y condiciones dignas para seguir produciendo.
La administración de Lorena Cuéllar Cisneros ha colocado el fortalecimiento del campo entre sus prioridades presupuestales. Las cifras oficiales hablan de un crecimiento importante: de alrededor de 170 millones de pesos destinados al sector en 2021 a 461 millones presupuestados para 2026. Además, se han reportado mil 491 millones de pesos canalizados durante los primeros cuatro años de gobierno. Son cantidades que, sin duda, merecen atención, pero también una evaluación pública de sus resultados.
Porque el campo no se transforma con fotografías de entrega de tractores, discursos en eventos oficiales o listas de beneficiarios. Se transforma cuando el productor puede sembrar sin endeudarse, cuando tiene agua para sus parcelas, cuando consigue fertilizantes a precios accesibles y, sobre todo, cuando vende su cosecha a un precio que le permita recuperar su inversión y obtener ganancias. Ahí está la verdadera prueba de cualquier política agropecuaria.
Tlaxcala tiene potencial agrícola y una posición importante en determinados cultivos. La cebada, el maíz, el trigo, la avena y el amaranto forman parte de su identidad productiva. En 2023, la entidad alcanzó el tercer lugar nacional en producción de cebada, con 123 mil 784 toneladas. Pero detrás de estas cifras existe una realidad que no puede ignorarse: alrededor del 87.6 por ciento de la superficie agrícola depende del temporal. En otras palabras, buena parte de la producción sigue estando a merced del cielo, mientras la modernización del riego continúa siendo una necesidad.
Y aquí aparece otro asunto que merece discusión política: ¿se está invirtiendo lo suficiente en infraestructura para garantizar el futuro del campo? Entregar semillas, fertilizantes y herramientas ayuda, pero no resuelve por sí solo los problemas estructurales. Se necesitan sistemas de riego, almacenamiento de agua, financiamiento, capacitación, tecnología y mecanismos de comercialización que eviten que los intermediarios sean quienes obtengan las mayores ganancias mientras los campesinos asumen los riesgos.
La administración estatal puede presumir 21 programas de apoyo para el sector agropecuario, pero la cantidad de programas no necesariamente refleja su efectividad. La pregunta es cuántos productores han mejorado realmente sus condiciones económicas, cuánto aumentó la productividad por hectárea, qué pasó con los ingresos de las familias rurales y qué resultados concretos se han obtenido frente al encarecimiento de los insumos. La transparencia no debería limitarse a informar cuánto dinero se gastó, sino también a explicar qué cambió gracias a esa inversión.
El campo tlaxcalteca necesita menos triunfalismo y más resultados comprobables. Los millones anunciados representan una oportunidad para transformar uno de los sectores fundamentales de la economía estatal, pero también una responsabilidad política para quienes administran esos recursos. Al final, la evaluación no la harán los discursos de los funcionarios, sino los campesinos cuando llegue el momento de levantar la cosecha y llevarla al mercado. Porque una cosa es que crezca el presupuesto del campo y otra, muy distinta, que prospere quien vive de él. ¿Está creciendo el campo de Tlaxcala o solamente está creciendo el discurso sobre sus apoyos?
