Uno de los directores removidos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE-EMSaD) denunció de manera confidencial que la separación de cinco titulares de plantel, anunciada esta semana por la Dirección General, no respondió a un proceso administrativo, sino a criterios políticos impulsados por el actual director general, Darwin Pérez y Pérez.
El afectado sostuvo que no hubo diálogo ni problemas previos, solo se le notificó que dejaba la dirección y afirmó también que al menos dos de los nuevos nombramientos se entregaron a empleados de “confianza” que no cumplen con los requisitos de antigüedad.
Uno de ellos es Pastor Flores Cuamatzi, designado al plantel de Tecopilco. Flores Cuamatzi se desempeñó como enlace educativo federal en la oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Tlaxcala hasta enero de 2022. En febrero de ese mismo año ingresó al CECyTE como subdirector de Planes y Programas de la Dirección Académica.
La institución justificó las separaciones por “inconsistencias en los nombramientos” y falta de sustento normativo. El comunicado oficial del CECyTE-EMSaD (difundido a mediados de agosto) señala que se trataba de nombramientos provisionales de solo cinco de los 32 planteles, detectados en procesos de fiscalización, y que la medida busca prevenir responsabilidades administrativas o daño patrimonial.
La realidad en los planteles es otra; en Xaloztoc, padres de familia tomaron las instalaciones para rechazar la destitución del director y acusaron presión para que firmara su renuncia, además de prepotencia del área jurídica del subsistema. Protestas similares se registraron en al menos otro plantel.
Representantes de Antorcha Magisterial y de la Sección 55 del SNTE respaldaron a directores y subdirectores afectados, advirtieron sobre posibles afectaciones a proyectos como “La Escuela es Nuestra” (que beneficia a alrededor de 3 mil 500 estudiantes) y anunciaron oficios dirigidos a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y al secretario de Educación para solicitar intervención ante la falta de respuesta de la Dirección General.
Estas denuncias se suman a previas acusaciones contra Darwin Pérez. En mayo de 2026, en plena crisis financiera del organismo —con recortes de prestaciones al personal de confianza y amenazas de ajuste de plazas—, trabajadores denunciaron que la Dirección General utilizaba personal educativo y administrativo para labores de promoción política en horarios laborales.
Pérez y Pérez asumió la Dirección General en abril de 2026, tras la protesta encabezada por Homero Meneses Hernández (entonces titular de la SEP estatal y presidente de la Junta Directiva). Meneses, quien formalizó ese nombramiento, jamás emitió un pronunciamiento público sobre los señalamientos de uso político del personal ni sobre las actuales remociones.
En la reciente clausura de cursos del CECyTE, el propio Pérez y Pérez envió a su personal a respaldar la presencia de Rivera Rivera. Cuando el escándalo estalló, fue el primero en negar los hechos, aunque existen videos e imágenes que nadie puede desmentir.
El mismo patrón de negación se repite ahora: niega que haya planteles tomados y asegura que el ciclo escolar iniciará con normalidad.
Lo que está en juego no es solo el destino de cinco directores, es el uso de la “legalidad” como pantalla para una reconfiguración política del subsistema más grande de educación media superior en Tlaxcala, en medio de crisis financiera, presión laboral y sin diálogo real con la base trabajadora ni con las comunidades.
Las actas administrativas sin sustento legal, la opacidad del titular y la colocación de personal de confianza a discreción configuran un esquema de control, no de mejora educativa.
Ahora no queda sino esperar lo que venga en las próximas fechas. Rivera Rivera o Alfonso Sánchez García —los perfiles que se disputan la coordinación de la 4T en la entidad— podrían resarcir los daños causados por quien antes estuvo en el Cobat y hoy es señalado por arbitrariedades en el CECyTE.
De no mostrar apoyo concreto a la base trabajadora y a las comunidades escolares, es probable que la factura social sea cobrada en las elecciones del 2027. La educación pública no puede seguir siendo botín de grupos, ni herramienta de operación política como ha sucedido hasta hoy.
Las tres de ley… 1- El jurídico que cierra la oficina… para abrir la botella, ese es Omar Serrano Muñoz, titular del área jurídica del CECyTE, y parte del círculo cercano a Darwin Pérez que convierten la oficina en cantina itinerante, quizá para olvidar los problemas que enfrentará por las demandas colectivas en breve.
2. Mientras el organismo presume recortes y ajuste presupuestal, Darwin Pérez mantiene dos proveedores de confianza que eluden por completo a Recursos Materiales del gobierno del estado. Ex trabajadores los identifican como Juan Pablo Morán y Carlos Fernández, este último es un personaje que no aparece en la nómina del CECyTE pero que revisa compras directas, da órdenes y, junto con Carlos Garber, toma decisiones cuando el director general no está.
3. Hablar en el CECyTE se ha convertido en un deporte de alto riesgo. Un trabajador fue despedido apenas hace unas horas por el simple delito de haber militado en el equipo de Marvin Blass Mora. ¿Y la unidad?
