* El magisterio no necesita dirigentes que administren su silencio. Necesita representantes que tengan el valor de defender sus derechos.
En Tlaxcala, ser maestro o maestra parece haberse convertido en una profesión de alto riesgo, no por estar frente a un grupo de alumnos, sino por tener que enfrentar a las propias autoridades educativas y, en muchos casos, descubrir que quienes deberían defender sus derechos laborales terminan mirando hacia otro lado. La protesta de este viernes 13 de noviembre no fue un simple acto de inconformidad: fue la expresión de un magisterio cansado de los abusos, las arbitrariedades y la indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de garantizar condiciones laborales dignas.
Las denuncias de docentes de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exhiben un escenario preocupante: cambios de centros de trabajo presuntamente arbitrarios, decisiones tomadas desde el abuso de poder, malos tratos, posibles actos de hostigamiento y violencia contra maestras por razones de género. Detrás de cada denuncia hay una historia laboral, una familia y años de servicio que no pueden quedar sujetos al capricho de funcionarios.
La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) tienen mucho que explicar. No basta con presumir orden administrativo, procesos reglamentados o discursos de transformación cuando en los centros de trabajo existen docentes que aseguran haber sido víctimas de decisiones injustificadas, desplazamientos y vulneraciones a sus derechos. La autoridad educativa no puede convertirse en juez y verdugo de quienes sostienen diariamente el sistema educativo.
Pero si la responsabilidad institucional apunta hacia las autoridades, la responsabilidad sindical también tiene nombre y apellido. Cutberto Chávez de la Rosa, dirigente de la Sección 31 del SNTE, enfrenta cuestionamientos y señalamientos de docentes que le reclaman no haber defendido sus derechos laborales. Por el contrario, algunas maestras y maestros lo acusan de presuntas irregularidades en la asignación y control de plazas, precisamente en un ámbito donde su obligación tendría que ser proteger el patrimonio laboral de sus representados.
Lo verdaderamente delicado es que, de acuerdo con las denuncias de los afectados, existirían al menos una docena de maestras y maestros que señalan haber sido despojados de sus plazas o perjudicados mediante procedimientos irregulares. También se han mencionado presuntas conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género y vulneraciones a derechos humanos y laborales. Son acusaciones graves que deben investigarse, documentarse y resolverse. Nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos quien llegó a una dirigencia sindical con la promesa de defender al magisterio.
En estas acusaciones también aparecen los nombres del exsecretario de Educación, Homero Meneses Hernández, y al aún director de Relaciones Laborales, Rafael Bañuelos Flores, a quienes docentes señalan por su presunta participación o conocimiento de irregularidades relacionadas con plazas, movimientos laborales y asignaciones administrativas. Las denuncias apuntan a una posible red de complicidades que habría permitido decisiones discrecionales en perjuicio de trabajadores de la educación. Si existen elementos, corresponde a las autoridades fiscalizadoras y judiciales investigar hasta las últimas consecuencias. Las plazas docentes no son mercancía, botín político ni patrimonio de funcionarios.
Y hay otra pregunta que merece respuesta: ¿quién protege a los funcionarios señalados? Entre los cuestionamientos al área de Relaciones Laborales también se encuentra la presunta influencia de vínculos familiares dentro del entorno gubernamental. Se ha señalado que la cercanía de un familiar con el despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros podría generar una percepción de protección e impunidad. Sin embargo, más allá de cualquier parentesco, lo que debe esclarecerse es si hubo tráfico de influencias, venta de plazas o asignaciones fuera de los procedimientos legales. La gobernadora no puede permitir que la confianza depositada en sus funcionarios sea utilizada para perjudicar a los trabajadores de la educación, porque la mandataria debe recordar que también es docente y compañera de profesión de miles de maestros y maestras.
Lo paradójico es que mientras algunos docentes denuncian haber perdido plazas, oportunidades y estabilidad laboral, otros personajes comienzan a levantar la mano y a promoverse como posibles aspirantes a dirigir el SNTE. Sobran los discursos, las promesas de unidad y las palabras bonitas cuando se trata de buscar el respaldo de los agremiados, pero la pregunta es inevitable: ¿dónde estaban cuando sus compañeros necesitaban defensa? ¿Quiénes han levantado la voz frente a los abusos? ¿Quiénes están dispuestos a enfrentar a las estructuras de poder y no solamente a buscar una posición sindical?
Sin embargo, tampoco sería justo responsabilizar exclusivamente a los dirigentes. El magisterio tiene una tarea pendiente consigo mismo: recuperar su capacidad de organización, exigir rendición de cuentas y dejar de normalizar prácticas que durante años han debilitado su representación. El silencio, la división y el miedo terminan convirtiéndose en aliados de quienes abusan del poder. No se puede exigir un sindicato fuerte si sus propios integrantes permiten que sus derechos sean negociados a espaldas de ellos.
La protesta de este viernes 13 de noviembre debe marcar un antes y un después. Las secciones 31 y 55 del SNTE no pueden seguir siendo espectadores de los conflictos que enfrentan sus agremiados. Las autoridades educativas deben responder por cada denuncia, revisar los cambios de adscripción, transparentar la asignación de plazas y garantizar que ninguna maestra sea víctima de violencia, intimidación o represalias por exigir justicia.
Porque hay algo que no debe olvidarse: las plazas no son de los funcionarios, los derechos laborales no son concesiones de los sindicatos y la dignidad del magisterio no está a negociación.
La pregunta final es para los miles de trabajadores de la educación en Tlaxcala: ¿hasta cuándo permitirán que unos cuantos decidan por todos? ¿Cuánto más tendrá que soportar el magisterio antes de recuperar un sindicato que verdaderamente esté al servicio de sus agremiados?
Porque cuando quienes deben defenderte terminan siendo parte del problema, la indefensión deja de ser una percepción y se convierte en una realidad.
El magisterio no necesita dirigentes que administren su silencio. Necesita representantes que tengan el valor de defender sus derechos.
