* José Luis Garrido no dejaría el FOMTLAX si dirige un nuevo partido y admite que la ley le permite jugar en dos frentes
El director del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (FOMTLAX), José Luis Garrido Cruz, dejó claro que no descarta convertirse en dirigente estatal del Partido Construyendo Sociedades de PAZ (PAZ) sin renunciar al cargo que actualmente ocupa dentro del Gobierno del Estado.
En diálogos circulares, el funcionario reconoció que, aunque hoy no encabeza ningún instituto político, sí trabaja en la construcción de una nueva fuerza política y aceptó que, si la dirigencia nacional le otorga su confianza, analizará asumir esa responsabilidad sin separarse de la administración pública.
Más aún, sostuvo que “en el sentido estricto legal no hay ningún impedimento” para ejercer simultáneamente ambas funciones, una postura que inevitablemente abre el debate sobre la imparcialidad que debe caracterizar a quienes administran recursos públicos.
Garrido Cruz recordó que ya dirigió el partido político que llevó al poder a la actual gobernadora de Tlaxcala y afirmó que, tras perder el registro, participa en la conformación de un nuevo proyecto partidista con registro nacional, por lo que dejó entrever que su regreso a la dirigencia estatal es una posibilidad real y no una simple especulación.
Aunque insistió en que no habría desvío de recursos económicos ni humanos para actividades políticas, el solo planteamiento de combinar la dirección de un organismo gubernamental con la conducción de un partido político genera cuestionamientos sobre la separación que debería existir entre el ejercicio del poder público y los intereses partidistas.
El titular del FOMTLAX aseguró que, llegado el momento, consultaría la decisión tanto con la dirigencia nacional del nuevo partido como con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros. Sin embargo, evitó comprometerse a dejar el cargo público para evitar cualquier percepción de conflicto de interés.
Finalmente, la declaración de José Luis Garrido Cruz reavivan el debate sobre si un servidor público debe tener un pie en la administración y otro en la dirigencia política, aun cuando la ley no lo prohíba expresamente.
