- Hasta 20 años de prisión por delitos ambientales
- Se tipifica como nuevo delito la descarga ilegal en mantos acuíferos, daños a manglares, humedales, lagunas y pantanos
La Cámara de Diputados avaló con 460 votos unánimes, en lo particular y con cambios al dictamen, reformas diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Durante la fundamentación ante el pleno, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio Cesar Moreno (Morena), apunto que se integran nuevas figuras necesarias, como “las descargas ilegales en mantos acuíferos, los daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes, las agravantes por incendios provocados con fines de lucro y las sanciones a quienes financien o encubren el tráfico de especies”.
Por su parte la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), señaló necesario hablar de las causas estructurales de este problema y destaco la necesidad de luchar por más presupuestos para inspección, así como para las personas que trabajan día con día defendiendo el medio ambiente y documentan las áreas protegidas.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) señaló que con esta reforma se cierra la puerta a la impunidad y se refuerza la autoridad del Estado, para garantizar que las medidas de seguridad en materia ambiental se cumplan cabalmente.
Y es que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su más reciente estudio de 2023, señala que los costos totales por el agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalente al 4.2 % del PIB total de la economía.
El estudio señala también que los mayores costos ambientales fueron los relacionados con las emisiones al aire, que generaron un impacto equivalente a 2.5 por ciento del PIB; la degradación del suelo, con 0.6 por ciento y los residuos sólidos urbanos, con 0.4 por ciento.
Cabe destacar que la tala ilegal representa más del 30% de la madera comercializada, y los incendios provocados consumen miles de hectáreas cada temporada, además la pérdida de manglares y la degradación de arrecifes debido a avance de la urbanización irregular ha prendido las alertas para los ambientalistas.
Fue el diputado Ricardo Monreal Ávila quien, en su participación ante el pleno, señaló que hasta ahora la penas para sancionar los delitos ambientales han sido muy laxas “porque con los tipos penales actuales se logra procesalmente nunca tocar prisión, nunca ser privado de su libertad, y se establecen penas que procesalmente se pueden salvar”.
El dictamen, aprobado por unanimidad, en lo general y en lo particular, establece sanciones de 2 a 10 años de prisión por delios ambientales. De 6 a 20 años de cárcel y multas de 6.000 a 10.000 días por delitos forestales. De 8 a 5 años de prisión por uso de violencia o armas de fuego, y multas de hasta 12 000 días y penas de 5 a 15 años, para proteger el Golfo de California y especies como la vaquita marina.
Dentro de los nuevos delitos ecológicos incorporados están: la descarga ilegal en mantos acuíferos; daños a manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes; incendios provocados con fines de lucro; sanciones a quienes financien o encubran tráfico de especies; penas de seis meses a dos años por quebrantar sellos de suspensión; delito por continuar actividades ilegales pese a la colocación de sellos. Además de que se homologas estas penas a empresas extranjeras
También se incorporó una modificación a propuesta del diputado Ricardo Monera Ávila para incrementar hasta en 15 años las penas de cárcel para quien ocupe, invada y cambie el uso de suelo de áreas forestales, si ello ocurre en un área nacional protegida, y hasta en 20 años si se realiza con armas de fuego o para obtener un lucro o beneficio económico.
Otra reserva aceptada fue de la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), para aumentar hasta 9 años de prisión las penas a quien trafique con especies en peligro de extinción.
Esta reforma aún deber ser analizada y aprobada por el Senado de la Republica.
