Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), destapó un escandaloso caso de corrupción en administraciones anteriores, en el cual jueces, funcionarios y despachos de abogados se coludieron para despojar a miles de derechohabientes de sus hogares.
Según el informe presentado por Romero Oropeza, se detectó una red ilícita que facilitó el despojo de viviendas a 249 mil derechohabientes a través de juicios masivos ilegales, estos procedimientos judiciales se llevaron a cabo sin la debida notificación a los afectados, y en varios casos, se promovieron en otras entidades fuera de sus lugares de residencia, lo que dificultaba la posibilidad de una defensa adecuada.
Esta operación fraudulenta resultó en pagos ilegales por 29 mil 263 millones de pesos a una veintena de despachos de abogados, para poner en perspectiva esta cifra, según el titular del Infonavit, es equivalente al presupuesto del estado de Tlaxcala, que asciende a 28 mil 033 millones de pesos, incluso los recursos destinados a programas sociales clave, como la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina (22 mil 075 millones de pesos) y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (28 mil 035 millones de pesos).
