Desde el Cobat sigue operando para Alfonso Sánchez García, denuncian trabajadores

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  • Empleados del subsistema acusaron que fueron enviados a Zacatelco para promover reuniones, visitar familias y entregar reportes; afirman que les advirtieron sobre posibles consecuencias laborales si no participaban

Una nueva denuncia ciudadana de presión política mantiene en la mira al grupo político de Alfonso Sánchez García, luego de que trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT), denunciaran que están siendo obligados a participar en actividades de promoción política bajo la advertencia de que su permanencia laboral podría verse comprometida si se niegan, revelaron los empleados quienes se mantienen en anonimato por temor a represalias.

De acuerdo con los testimonios recabados, los empleados fueron enviados al municipio de Zacatelco, pese a que no laboran ni pertenecen a esa demarcación, con instrucciones precisas para visitar domicilios, organizar reuniones con ciudadanos, recabar información, tomar evidencias fotográficas y entregar reportes detallados de cada actividad realizada.

Los denunciantes señalaron que incluso recibieron un formato para documentar los encuentros, en el que debían registrar el nombre del organizador, del anfitrión, domicilio, sección electoral, número de asistentes y demás datos relacionados con las reuniones, lo que, aseguran, forma parte de una estrategia previamente estructurada.

“Nos dijeron que había que cumplir con la actividad; de lo contrario, podríamos tener problemas en el trabajo”, relató uno de los trabajadores, quien pidió mantener en reserva su identidad por temor a perder su empleo.

Según los denunciantes, las instrucciones establecen metas específicas, fechas para la entrega de evidencias y claves de identificación para cada participante, elementos que, a su juicio, evidencian una operación organizada y no una actividad voluntaria.

La denuncia pública representa un presunto uso de personal de una institución educativa para fines político-electorales, además de una posible coacción laboral, conductas que la legislación mexicana prohíbe y sanciona cuando se acreditan.

Los trabajadores consideran que existe una intensa presión para ampliar la operación política en distintos municipios del estado.