Pese a que el gobierno impulsó la elección judicial con el bajo el argumento de acabar con la corrupción en el Poder Judicial, lo cierto es que estas prácticas no acabaron. Recientemente surgió un caso donde se acusó a un magistrado electo de sobornos.
Miguel Ernesto Leetch San Pedro, quien fue electo como magistrado de circuito en materia penal, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntamente cobrar sobornos a personas a las que debía brindar atención legal gratuita.
La denuncia fue presentada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), institución donde laboró por 14 años, informó el diario Reforma.
Sobornos para liberación en el Altiplano
De acuerdo con lo presentado por Reforma, el expediente presentado por el IFDP exhibió un caso específico de corrupción que involucró a un ciudadano marroquí detenido por tráfico de indocumentados, Sahid Ragani, y a su esposa, Karel Angélica Ramírez Rojas.
El magistrado Leetch San Pedro supuestamente cobró 126 mil pesos a la esposa de Ragani, como parte de un adelanto para cubrir “viáticos” y realizar diligencias que, como defensor, estaba obligado a hacer de forma gratuita.
Leetch presuntamente solicitó entre 300 mil y 500 mil pesos adicionales con el objetivo de sobornar a la FGR y facilitar la liberación de Sahid Ragani, quien se encuentra internado en el Penal del Altiplano, utilizando la figura legal del criterio de oportunidad.
De acuerdo a la información del Instituto Nacional Electoral (INE), Miguel Ernesto Leetch San Pedro es un abogado especializado en el área Penal y fue candidato a magistrado de Tribunales Colegiados de Circuito.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón (UCC), y tiene una maestría en la misma área por el INDEPAC; además de una especialidad en Justicia Penal para Adolescentes.
Además de los 14 años con el IFDP, cuenta con diplomados en Derecho de Ejecución Penal y diversas actualizaciones en Defensa Penal.
La visión y las propuestas de Leetch San Pedro durante su campaña se centraron en restaurar la confianza pública y garantizar un sistema judicial accesible:
- Visión de la Función Jurisdiccional: Defendía que esta debe ser accesible, pública, imparcial y transparente. Su enfoque era garantizar a cada persona el derecho a un juicio justo y estar informado durante todo el proceso, maximizando la protección de los grupos más vulnerables.
- Visión de la Impartición de Justicia: Buscaba construir un sistema cercano a la gente y asegurar que todas las personas, sin importar su origen o condición de vulnerabilidad, recibieran un juicio justo.
Sus propuestas centrales fueron:
- Priorizar el fortalecimiento de la confianza de la sociedad, asegurando que las decisiones judiciales sean claras, transparentes, rápidas y equitativas.
- Privilegiar el mejoramiento de las plataformas de consulta pública de sentencias, considerándolo una herramienta clave para la transparencia.
- Recuperar los valores del Poder Judicial de la Federación.
CON INFORMACIÓN DE POLÍTICO.MX
