Juan Ricardo Ordóñez, ciudadano de Coatzacoalcos, Veracruz, mantiene una huelga de hambre encadenado frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, exigiendo ser recibido por la gobernadora Rocío Nahle para atender su denuncia de un presunto fraude inmobiliario en terrenos conocidos como “Los Almendros”.
En medio de esta protesta, han salido a la luz acusaciones contra el padre del Secretario Administrativo del Congreso de Tlaxcala, Gonzalo Guízar Vázquez, a quien señalan como directamente involucrado en el conflicto que motiva la manifestación.
Ordóñez ha denunciado públicamente que ha sido víctima de amenazas de muerte relacionadas con familias que poseen conexiones políticas y judiciales en la región, específicamente familiares del exdiputado Gonzalo Guízar Valladares, padre del funcionario tlaxcalteca.
Durante sus protestas, el activista mostró una cartulina con el mensaje: “Me amenazaron de muerte por denunciar a la Fiscalía de Coatzacoalcos. Las familias que denuncié tienen de familia a fiscales, son familias del diputado Gonzalo Guízar Valladares”.
Además, Ordóñez denunció que las autoridades judiciales lo han remitido a la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, cuyo titular estaría ligado a personas familiares de sus acusados, lo que ha impedido cualquier avance en su caso y lo mantiene en una situación de vulnerabilidad.
El jueves, durante el día 40 de su protesta contra la Fiscalía General del Estado, fue atendido por paramédicos debido a un cuadro de deshidratación, por lo que su paradero se desconoció por varias horas, lo que desató rumores en redes sociales que difundieron erróneamente su fallecimiento.
Este viernes, Ordóñez reapareció en el centro de Xalapa con una cartulina que decía:
“Yo, Ricardo Ordóñez, sigo en mesa de diálogo y acuerdo por escrito. Gracias por su apoyo ciudadanía de Jalapa y Veracruz”.
El manifestante reconoció que, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, personal de la Secretaría de Gobierno y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas han sostenido reuniones con él para dar seguimiento a sus denuncias por el presunto fraude inmobiliario en Coatzacoalcos.
