* La defensa de los pueblos originarios también exige transparencia
La revelación de Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani de que recibe pagos por concepto de gastos de representación de habitantes de Chiautempan abrió un nuevo debate sobre quiénes hablan en nombre de los pueblos indígenas y bajo qué condiciones económicas lo hacen.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la especialista en derecho indígena reconoció la existencia de dichos cobros; sin embargo, evitó explicar los montos, el origen de los recursos y los servicios prestados, al limitarse a responder que ese era “un tema que otro día informaría”. La declaración, lejos de disipar dudas, incrementó el cuestionamiento público.
La controversia no surge únicamente por el reconocimiento de esos pagos. En los últimos meses, la académica también ha sido señalada por presuntamente intervenir en procesos internos de la comunidad de San Miguel del Milagro, en el municipio de Nativitas, un tema especialmente delicado al tratarse de decisiones que corresponden exclusivamente a los habitantes de las comunidades.
A ello se suma la información dada a conocer por el Gobierno del Estado, que sostiene haber identificado que Mesri Hashemi-Dilmaghani cobraría alrededor de 500 mil pesos por brindar asesoría a grupos indígenas, ofreciéndoles acompañamiento jurídico en sus controversias frente a las autoridades. Hasta ahora, la investigadora no ha respondido públicamente a ese señalamiento de manera detallada.
El caso obliga a una reflexión de fondo. Las comunidades indígenas enfrentan históricamente rezagos, conflictos agrarios y disputas por su autonomía. En ese contexto, quienes ofrecen asesoría o representación tienen una enorme responsabilidad ética y deben actuar con absoluta transparencia sobre los recursos que reciben, los intereses que representan y los resultados que prometen.
Ser una reconocida académica —doctora en Derecho por la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores— no exime a nadie del escrutinio público. Por el contrario, una trayectoria de ese nivel demanda mayor apertura y rendición de cuentas.
La defensa de los derechos indígenas no debe convertirse en un negocio ni sustentarse en promesas difíciles de verificar.
