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La familia Urquiza denunció al exgobernador de Querétaro Francisco Domínguez por impulsar un esquema para despojarla de un rancho en Huimilpan, cerca de donde construirá desarrollos inmobiliarios.
El exgobernador panista de Querétaro Francisco Domínguez Servién es señalado de estar detrás de un esquema de presiones judiciales, denuncias penales y cateos. La familia Urquiza sostiene que con este modus operandi busca obligarla a entregar el rancho “El Salto”, un predio de 100 hectáreas ubicado en Huimilpan.
El conflicto tiene como punto de partida un negocio inmobiliario en el que aparece directamente el exmandatario. Desde 2023, el mismo año en que comenzó la construcción del estadio de béisbol de los Conspiradores de Querétaro en un rancho propiedad de Domínguez Servién en ese municipio, la empresa MJF Campestre planteó a la familia Urquiza incorporar mediante un fideicomiso los ranchos “La Haciendita”, de 169 hectáreas, y “El Salto”, para desarrollar un proyecto inmobiliario.
Domínguez Servién no era un actor ajeno a la operación: suscribió el fideicomiso como apoderado de MJF Campestre y propietario del 60 por ciento de las acciones de la empresa. Es precisamente esa participación la que coloca al exgobernador en el centro de las acusaciones formuladas por la familia, que sostiene que tras su negativa a entregar “El Salto” comenzó una ofensiva legal que fue aumentando de intensidad.
La operación sólo consiguió incorporar “La Haciendita”, propiedad que Agustín Urquiza Fernández de Jáuregui heredó al morir a María Guadalupe Fernández Villanueva, su esposa. Una parte de la familia se opuso, sin embargo, a entregar también “El Salto”, al considerar que las condiciones del fideicomiso favorecían de manera desproporcionada a MJF Campestre, al asegurarles hasta el 80 por ciento de las ganancias del proyecto.
Ante esas condiciones, Agustín Urquiza, uno de los hijos de Urquiza Fernández, transfirió “El Salto” mediante donación a su hermano Julián y a su hija Pamela. Ambos rechazaron incorporar el terreno al fideicomiso relacionado con la empresa de Domínguez Servién.
La disputa patrimonial
La familia sostiene que esa negativa marcó el inicio de las represalias: lo que comenzó como una disputa patrimonial y civil terminó convertido en denuncias penales, carpetas de investigación y, finalmente, cateos ejecutados con violencia.
Los Urquiza también han señalado que María Guadalupe Fernández aceptó incorporarse al fideicomiso por las presiones de su yerno, Gerardo Rubin, su suplente en el fideicomiso y quien vinculan personalmente con el exgobernador Francisco Domínguez.
“Sí se llegó a hablar del proyecto en conjunto, se planteó que los dos ranchos iban a ser aportados por la familia y luego se iban a dividir las utilidades entre los hermanos Urquiza y su mamá. La presión viene cuando no queremos firmar dicho fideicomiso y no queremos aportar este predio, ahí es cuando empiezan todos los problemas legales, las presiones. De ser un tema civil lo vuelven un tema penal para acelerar el proceso, y cuando ven que no cedemos entonces sube la intensidad de los ataques”, relató en entrevista Pamela Urquiza, copropietaria de “El Salto”.
Ese tránsito de un pleito civil hacia la vía penal constituye uno de los principales elementos con los que la familia sustenta su denuncia de un esquema de presión para hacerse del rancho. De acuerdo con su defensa, después de que los propietarios rechazaron entregar “El Salto” al fideicomiso en el que participa la empresa de Domínguez Servién, comenzaron a acumularse acciones legales en su contra hasta desembocar en tres cateos realizados con violencia a principios de este año.
La defensa de los Urquiza llevó el caso hasta la Presidencia de la República. En una carta entregada a la oficina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, denunció las presiones y actuaciones judiciales que, afirma, han sido utilizadas para doblegar a los propietarios y forzar la incorporación de “El Salto” al negocio inmobiliario.
“Lo que preocupa es que la presión para aceptar estos esquemas fiduciarios ha coincidido en el tiempo con la intensificación de actuaciones penales contra la familia. Esa coincidencia genera una duda legítima que requiere revisión institucional: si el proceso penal está siendo utilizado como un mecanismo de presión para que bienes familiares sean incorporados a un proyecto inmobiliario bajo condiciones desfavorables para sus propietarios. Proyecto inmobiliario que pareciera más bien un cartel: ‘Cartel Inmobiliario’”, expuso Pamela Urquiza en la carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Rodrigo Madero, abogado de la familia, explicó que después de la negativa a firmar el fideicomiso, María Guadalupe Fernández, asesorada por abogados de MJF Campestre, promovió inicialmente un procedimiento civil. Pero el conflicto no permaneció en esa vía: posteriormente derivó en denuncias penales contra integrantes de la familia que seguían resistiéndose a entregar el predio.
Agustín Urquiza, quien pudo donar el rancho “El Salto” por tener un poder irrevocable, que posee por herencia de su padre y que sigue vigente, según establece el artículo 2494 del Código Civil de Querétaro, tiene abiertas en su contra dos carpetas de investigación para buscar dictarle prisión preventiva. La primera es por administración fraudulenta, por la donación del rancho “El Salto”. La segunda es por el supuesto robo de las rentas del rancho, a pesar de que la defensa afirma tener comprobantes de transferencias mensuales que la fiscalía se niega a revisar.
Mientras que a Pamela y Julián Urquiza se les acusa de fraude procesal, “las carpetas iniciaron por defenderse legalmente mediante amparos y contestaciones a demandas civiles”, expuso el abogado Rodrigo Madero.
Luego de que Pamela Urquiza hizo público el caso en una conferencia, el Fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández dijo que el exgobernador Francisco Domínguez no aparece como parte ofendida ni como imputado en las carpetas de investigación, en el mismo sentido se pronunció el panista. En un comunicado aseguró que se trata de “un conflicto familiar” porque él no inició las denuncias.
Pero el abogado Rodrigo Madero explicó que, aún cuando han solicitado a la Fiscalía que incluya los documentos públicos que muestran la propuesta de compra del rancho a través del fideicomiso, y donde aparece el nombre del exgobernador, las autoridades locales siguen sin hacerlo.
“Nosotros le pedimos al fiscal que investigue esa circunstancia y que recabe la evidencia de fuentes públicas. El fiscal es completamente omiso. Porque si recaba esa información, del fideicomiso público del que hemos venido hablando, llegaría a la carpeta de investigación y ahí se desprendería el nombre del exgobernador, el nombre de su empresa, el nombre de los accionistas, etcétera”, mencionó.
La presión de la Fiscalía
Cuando el caso avanzó al ámbito penal, la Fiscalía inició contra Agustín una investigación por administración fraudulenta, argumento que, en su calidad de albacea de la sucesión, utilizó un poder para adueñarse del terreno “El Salto”. Los abogados de la familia Urquiza sostienen que no es asó porque el terreno no siquiera estaba en los inventarios de la sucesión y la donación se hizo legítimamente como apoderado, no como albacea.
Posteriormente, se iniciaron carpetas por el delito de fraude procesal a Pamela y a Julián Urquiza. El abogado Madero señaló que con ello se está “criminalizando la intención de defenderse”, ya que la fiscalía acusa de simulación de acto jurídico el hecho de que Pamela presentara amparos y Julián contestara una demanda civil para defenderse de los ataques.
El último delito del que se acusó a Agustín Urquiza es por el robo de rentas. El abogado insiste en que se trata de una “marometa” de la fiscalía ya que ellos han presentado los comprobantes de pago a María Guadalupe Fernández. De este modo, al acusarlo de quedarse con las rentas del terreno, insistió el abogado, la fiscalía buscaba la justificación legal para meterlo a la cárcel y aumentar la presión sobre la familia.
El conflicto escaló el 31 de diciembre, cuando la Fiscalía local realizó un cateo en la casa de la esposa de Agustín Urquiza, donde participaron integrantes del Ejército y la Guardia Nacional, una intrevención que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República en la carpeta FED/CDMX/SPE/3534/2026. Al no encontrar a Agustín en esa diligencia, y luego de llevarse identificaciones personales, la casa fue asegurada. El 3 de enero, autoridades hicieron cateos simultáneos en las viviendas de Julián y Pamela Urquiza.
“.Entraron con armas largas a mi casa sin tener ningún cuidado con mis hijas y que obviamente pues mis hijas tuvieron que vivir un un pues un acto terrorífico, el día de mañana yo no sé qué frecuencias psicológicas les va a traer, pero nadie se hace responsable. Lo más grave aún es que se presentan primero las quejas en derechos humanos estatal y determinan, nos contestan que no hubo ningún abuso por parte de las autoridades, siendo que entraron con armas largas sin tener ningún cuidado con mis hijas”, denunció Pamela Urquiza.
De acuerdo con el testimonio de la defensa legal, cuando uno de los abogados logró reunirse con el Fiscal estatal el enero para intentar acceder a la carpeta de investigación, éste se burló y les dijo: “¿Qué tal mis cateos? ¿Cómo viste mis cateos?”.
En la carta enviada a la Presidenta, Pamela Urquiza pidió revisar cómo se han realizado las diligencias impulsadas por la Fiscalía de Querétaro e insistió en que en la entidad el Gobernador Francisco Domínguez, a quien el Gobernador Maurio Kuri se refiere como su amigo, “continúa teniendo una influencia significativa dentro de estructuras económicas y políticas en el estado”, una influencia que, aseguró, “ha sido utilizada para impulsar proyectos inmobiliarios y esquemas patrimoniales que afectan a propietarios de tierras, particularmente cuando estos no acceden a las condiciones propuestas”.
CON I NFORMACION DE SINEMBARGO.MX
