El ex procurador José Antonio Aquiahuatl señaló que los recientes operativos en bares y centros nocturnos tienen como objetivo principal reducir la incidencia delictiva, especialmente los delitos relacionados con armas de fuego, que han dejado víctimas mortales y lesionados. Sin embargo, hizo énfasis en que estas acciones son reactivas, respondiendo a una problemática que ha estado ocurriendo durante años.
“Es importante reflexionar sobre la prevención de estos actos delictivos, preguntándonos qué se ha hecho antes para evitar estas conductas en los bares. El hecho de que en muchos de estos lugares haya enfrentamientos y muertes es preocupante. Pero más preocupante es que, a pesar de los operativos y las carpetas de investigación, los procesos muchas veces no se llevan hasta el final”, señaló Aquiahuatl.
En entrevista para EN LÍNEA con Martín Rodríguez Hernández el ex procurador también destacó la falta de eficacia en los operativos debido a la vulnerabilidad jurídica. “De nada sirve abrir carpetas, hacer operativos y que todo se cierre momentáneamente si al final los procedimientos no están bien hechos. La falta de legalidad en estos operativos permite que los dueños de los bares, con ayuda de sus abogados, puedan reabrir rápidamente sus negocios”, agregó.
Asimismo, cuestionó por qué algunos bares que han sido señalados públicamente como escenarios de delitos graves, como homicidios relacionados con armas de fuego, siguen operando.
En este sentido en relación con los operativos recientes, destacó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al llevar a cabo estos operativos, debería tener un marco legal claro, pues en varios de los casos mencionados, no se ha indicado la participación de la Fiscalía del Estado o la Fiscalía Federal para garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.
Finalmente, Aquiahuatl sugirió que para mejorar los operativos y asegurar que se lleven a cabo correctamente, es fundamental incluir a diferentes autoridades, como Coepris, Protección Civil y Derechos Humanos, para supervisar los procedimientos y evitar posibles violaciones a los derechos humanos de los involucrados. “Una mayor coordinación entre las autoridades garantizaría que cada una cumpla con su responsabilidad de manera eficiente”, concluyó.
