El presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso local, Alejandro Campech, sostiene que ello no les libera de posibles responsabilidades
El conflicto entre las personas titulares de las sindicaturas en los ayuntamientos y los presidentes municipales continúa. Lo anterior, después de que 17 municipios remitieron al Congreso del Estado sus cuentas públicas del último trimestre de 2023 sin el aval y firma de los síndicos, quienes pese a que no avalan los estados financieros de sus comunas, no están exentos de responsabilidades en caso de que sean detectadas anomalías financieras por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar, afirmó que los municipios cuyas cuentas públicas no tienen el aval de sus sindicaturas son: Chiautempan, Tenancingo, Cuapiaxtla, Tlaxco, Panotla, Xicohtzinco, Mazatecochco, Tlaltelulco, Teolocholco, Natívitas, Xaltocan, Apizaco, San Pablo del Monte, Tetlanohcan, Hueyotlipan, Tepeyanco y Nopalucan.
En el caso de Nopalucan, el presidente municipal, Pedro Pérez Vázquez, se hizo acreedor a una sanción económica por entregar su cuenta pública del último trimestre del año 2023 de manera extemporánea.
Respecto al deslinde que hacen las personas titulares de las sindicaturas a las cuentas públicas, Campech Avelar reconoció que “creen que en un futuro se les va a librar de alguna responsabilidad, pero no es cierto, el simple hecho de haber tomado protesta para fungir como presidente, síndico, regidores o, en este caso, tesorero o director de obras públicas, tienen su responsabilidad y si existen sanciones, las sanciones las impone el OFS”.
Precisó: “ellos creen que su falta de firma es como para deslindarse de una futura responsabilidad, pero debe haber consecuencias. Las consecuencias las tendríamos que analizar en el Congreso del Estado para que esto ya no sea repetitivo porque ocurre cada año, y generalmente se presenta al final de las administraciones”.
En tal perspectiva, el legislador perredista subrayó que el Poder Legislativo tendrá que revisar los motivos particulares que expresa cada uno de los síndicos por la no firma de cuenta pública.
Sin embargo, reconoció que la “falta de voluntad política” es uno de los principales argumentos por los cuales los estados financieros carecen de la firma de los síndicos, situación que genera desconfianza porque al existir un conflicto entre las autoridades, lo que se observa es que existen irregularidades y un mal manejo de los recursos.
“Las autoridades municipales están por terminar un periodo de mandato por cual fueron elegidas, y lo único que están generando es desconfianza a los ciudadanos. Los ciudadanos no eligen un presidente y un síndico o un Cabildo completo para que no realicen su trabajo; al final estos 17 municipios cuyas cuentas públicas no tienen la firma de la sindicatura, no dejaron de percibir sus sueldos”, destacó.
