La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, tras la confirmación de administración fraudulenta de fondos públicos, fallo dado por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina. Según medios internacionales, la sentencia, emitida originalmente en diciembre de 2022, se relaciona con irregularidades en la concesión de 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández en la provincia de Santa Cruz, y podría no volver a ocupar un cargo público si avanza la aprobación de la ley de ficha limpia en el Congreso.
“El Tribunal resuelve: condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en prejuicio de la admiración pública”, dijo el juez.
Ante la resolución, Fernández de Kirchner se pronunció al respecto junto a cerca de 400 mujeres promotoras de género en la ciudad argentina de Moreno y dijo: “Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen veinte veces más difícil. Y si por el algo me castigan no solamente por todo lo que hice, sino también porque soy mujer y como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden pegar, no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”.
A pesar de la confirmación del fallo, la expresidenta no cumplirá la pena de inmediato, ya que aún puede apelar ante la Corte Suprema, un proceso que podría extenderse por algunos años. Cabe resaltar que Fernández tampoco tiene fueros que la protejan de un eventual arresto, pero, debido a su edad, podría solicitar cumplir la condena bajo arresto domiciliario.
El caso, conocido como “Vialidad”, también implicó a otros exfuncionarios y empresarios cercanos al kirchnerismo, por lo que simpatizantes de dicho movimiento han denunciando que esta decisión del Poder Judicial argentino es un ejemplo de “lawfare”, el cual consiste en que alguna figura política poderosa utiliza al sistema de justicia para perseguir, neutralizar y hasta destruir a sus competidores o adversarios políticos.
Con información de Julio Astillero
