- Ordenó dar vista al Congreso del Estado y solicitar su inscripción en el registro de personas sancionadas
El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) resolvió este lunes declarar la existencia de violencia política en razón de género por parte del presidente municipal de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, en contra de la regidora de ese ayuntamiento, Miriam Lazo Caballero, por lo que ordenó dar vista al Congreso del Estado para que “determine lo conducente”, además de que debe darse su inscripción en el registro de personas sancionadas.
“Del análisis a los hechos denunciados y a los medios probatorios que obran en el expediente (TET-PES-04/2022), se puede desprender que el presidente municipal de manera sutil buscó imponer un mecanismo de control sobre la quejosa, con la finalidad de limitar el desempeño de su cargo, generando con esto, que el denunciado socavara la imagen de la quejosa en su calidad de mujer como una líder política eficaz”, resolvió el TET por unanimidad de votos.
De manera, particular, el presidente municipal desplegó conductas a efecto de que no se llevara a cabo un evento gestionado por la regidora, con la finalidad de invisibilizar y demeritar su trabajo.
La magistrada Claudia Salvador y los magistrados Miguel Nava y Lino Noé Montiel coincidieron en señalar que el alcalde “incidió en las relaciones de poder entre géneros, a través de actos y omisiones que, si bien no se perciben directamente como violentos, sí se trataron de una forma que impone la opresión a través de la comunicación que pareciera natural, pero que en el fondo contribuye a la reproducción de esquemas de desequilibrio entre las mujeres y los hombres”.
Además, resolvieron que también se actualizó violencia psicológica por parte del presente municipal en contra de la regidora, ya que su actuar generó “una afectación a su estabilidad emocional de la promovente”.
En consecuencia, el Pleno del TET emitió medidas de reparación y garantías de no repetición descritas, toda vez que el Tribunal se encuentra impedido para imponer una sanción al denunciado. Sin embargo, ordenó dar vista a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala “para que sea esa Soberanía quien determine lo conducente”.
Por último, dejó a salvo los derechos de la regidora para que, de así considerarlo, acuda ante la vía respectiva, derivado de la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de ejercicio al cargo.
Por otra parte, al resolver el expediente TET-JDC-038/2023, el Pleno del TET resolvió que Dulce Evelín Espinoza Hernández, en su carácter de segunda regidora suplente del ayuntamiento de Hueyotlipan, debió haber sido llamada por el presidente municipal, Luis Ángel Roldán Carrillo, para rendir protesta como regidora propietaria, situación le ha causado hasta el momento un flagrantemente menoscabo a su derecho político-electoral de acceso y desempeño del cargo para el que resultó electa.
“Al no contar con información que justificara de manera efectiva algún impedimento de la autoridad responsable para cumplir con su obligación de llamar a sesión a la suplente de la segunda regiduría, se arriba a la conclusión de que la obligación del presidente municipal de convocar a sesión de cabildo para tomar protesta a la actora surgió a partir de los primeros 15 días de ausencia del regidor propietario”, es decir, a partir del 15 de mayo.
Por otra parte, al resolver el juicio de protección de los derechos político–electorales 45 de este año, iniciado por Armando Rosete Escobar y otras personas que se ostentan como militantes del Partido Movimiento Ciudadano, el TET determinó que primero debe resolverse su exigencia de renovar la Comisión Operativa Estatal en Tlaxcala, en las instancias jurisdiccionales partidistas internas.
“En el proyecto, se propone declarar que no procede conocer el juicio mediante la figura del per saltum, al no colmarse el requisito de definitividad, por lo que debe reencauzarse al medio intrapartidista del que conoce la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano”, resolvió el Pleno.
