El líder saliente del comité de comerciantes del mercado Emilio Sánchez Piedras denunció que mientras sufren amenazas de la delincuencia, el ayuntamiento los asfixia con requisitos ilegales, cobros excesivos e incumplimiento de acuerdos. La seguridad pública, una asignatura pendiente.
“Ser comerciante en Tlaxcala hay que pensarlo dos veces”. La frase no es de un opositor ni de un crítico externo, sino de Librado Muñoz, quien hasta hace unos días lideraba el comité de comerciantes del mercado Emilio Sánchez Piedras, en la capital del estado.
En entrevista para “al chile”, en portal MR Noticias, Muñoz lanzó una denuncia que retrata el infierno cotidiano de los microempresarios tlaxcaltecas: ahorcados por un lado por la delincuencia que los extorsiona, y por el otro por unas autoridades que los asfixian con requisitos ilegales, cobros indebidos y un cúmulo de promesas incumplidas.
La situación, lejos de ser aislada, se ha convertido en un patrón que, advierte Muñoz, se replica en otros municipios como Apizaco y Huamantla. El corazón del problema es doble y letal: la inseguridad que nadie atiende y la burocracia que todo lo complica.
El punto más grave de la denuncia de Muñoz tiene que ver con la seguridad. Al menos diez comerciantes afiliados a su comité cuentan con pruebas físicas de haber recibido llamadas de extorsión.
Más de treinta han manifestado haber sido contactados por los delincuentes. Las amenazas son explícitas: exigen dinero a cambio de no hacer daño a sus negocios o a sus familias.
Pero lo que más duele, según Muñoz, no es solo la amenaza, sino la indiferencia de las autoridades. “No hemos tenido una sola reunión con la directora de Seguridad Pública Municipal”, denunció.
Cuando lograron acercarse a un elemento de la policía municipal, este desconocía por completo los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública. No hay mesas de diálogo, no hay inteligencia, no hay patrullajes preventivos. Los comerciantes están solos frente al crimen.
Y si la denuncia formal parece la salida lógica, la realidad es otra. Muñoz explicó que el sistema judicial es lento y revictimizante, por lo que muchos ni siquiera se atreven a levantar un acta.
“Es difícil seguir legalmente una denuncia por extorsión por el atraso de los expedientes”, señaló, respaldado por un representante de COPARMEX que lo acompañó en la conferencia de prensa realizada en la capital de Tlaxcala.
Si la delincuencia aprieta por un lado, el gobierno municipal lo hace por el otro. Muñoz presentó una minuta de 13 acuerdos firmados con el ayuntamiento, de los cuales apenas seis se han cumplido de manera parcial.
El reglamento del mercado, una herramienta básica para la convivencia y el orden, nunca fue entregado. El administrador municipal del mercado ha sido calificado como un fracaso: “no ha dado los resultados”, sentenció Muñoz.
Pero el abuso más cotidiano tiene que ver con los trámites. Para obtener un simple refrendo o una constancia, los comerciantes deben cumplir hasta 19 requisitos, muchos de ellos fuera de la ley.
Por ejemplo, se les exige que su domicilio fiscal coincida con el del negocio, algo que ninguna disposición legal establece. Esto les genera gastos extra de hasta mil 500 pesos por persona, un dineral para pequeños empresarios que apenas sobreviven.
Incluso lograron que el Congreso del Estado adicionara un párrafo a la Ley de Ingresos 2026 para frenar estos abusos, pero la Secretaría de Finanzas y el municipio simplemente ignoran la ley. “Siguen pidiendo lo que no deben”, denunció Muñoz.
En medio de este clima de hostilidad y miedo, el municipio ha anunciado una remodelación del mercado. Los comerciantes, lejos de oponerse, la ven con buenos ojos. Incluso califican el proyecto ejecutivo como “muy bueno”.
Pero la desconfianza está tan arraigada que ya pusieron condiciones: que la constructora y el Director Responsable de Obra sean tlaxcaltecas. ¿El motivo? Que no abandonen la obra a medio hacer, como ha ocurrido con otros proyectos fallidos en el estado, como el del Parque de la Juventud, que pretendía ser la Ciudad de la Juventud.
“Los comerciantes han estado en la posición de aceptar el proyecto, pero la autoridad no da a conocer las fechas ni el plan”, lamentó Muñoz.
“Que el presidente llegue un ratito al escritorio para que podamos ver estos planteamientos”, pidió Muñoz, visiblemente cansado.
Su comité concluye funciones a mediados de mayo, pero las demandas quedarán sobre la mesa. La más urgente, sin duda, es la seguridad. No se puede hablar de desarrollo económico, de remodelaciones o de reactivación si los comerciantes viven con miedo.
