* Mientras desempleados buscan un empleo formal, cuatro servidores públicos acumularon ingresos en dos nóminas gubernamentales con recursos públicos
831 mil pesos bajo sospecha; cuatro servidores públicos habrían recibido salarios del Ayuntamiento mientras mantenían pagos dentro del sistema educativo estatal
Trabajadores del municipio de Contla de Juan Cuamatzi fueron observador por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que identificó irregularidades en el manejo de recursos públicos pues cuatro servidores públicos municipales habrían cobrado del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, recibieron remuneraciones de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).
Se trata de Yadira Bernal Pérez, cuarta regidora de Contla, quien recibió pagos de la USET; así como Hilda Felicitas Xochitiotzi Cocoletzi, séptima regidora, quien registró percepciones provenientes de la SEPE.
Así como de Ernesto Lezama Delgado, auxiliar administrativo de segundo nivel, y Oscar Eduardo Sánchez Cadena, auxiliar jurídico del Ayuntamiento, quienes igualmente habrían recibido pagos de la USET mientras desempeñaban funciones municipales.
La revisión de la cuenta pública 2025 exhibió un esquema de duplicidad de ingresos con cargo al erario, donde funcionarios con responsabilidades dentro del gobierno municipal mantenían percepciones provenientes del sistema educativo estatal.
De acuerdo con el informe del OFS, el Ayuntamiento destinó durante 2025 un total de 831 mil 223 pesos en salarios para estos cuatro servidores públicos, recursos que el órgano fiscalizador consideró posiblemente improcedentes al existir una probable incompatibilidad de cargos remunerados.
La sombra de las prácticas cuestionadas en SEPE-USET
La corrupción evidencia las condiciones laborales, pagos y ausencia de controles dentro del sistema educativo estatal, luego de que en la SEPE-USET ha sido señalada públicamente por presuntas irregularidades administrativas que han generado cuestionamientos sobre el uso de plazas y recursos públicos.
La autoridad fiscalizadora deberá determinar si la documentación presentada por el municipio logra justificar los pagos o si existen responsabilidades administrativas por el uso de recursos públicos.
