Este sábado la ministra en funciones, Lenia Batres Guadarrama, estuvo en Tlaxcala para dialogar sobre temas clave relacionados con el proceso para el poder judicial, la transparencia y el papel de las instituciones.
En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la también candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acudió a la Facultad de derecho, ciencias políticas y criminología de la máxima Casa de Estudios de la entidad como parte del Foro “Humanismo y Justicia”.
En breve entrevista posterior, Batres Guadarrama, celebró la sentencia del Tribunal Electoral federal en contra del INE y a favor de que gobierno, funcionarios y legisladores promuevan el voto rumbo al 1 de junio para elegir a personas juzgadoras.
“El INE debería ser el principal interesado en que se comunique y se conozca la información sobre cómo y cuándo se va a votar, así como dónde encontrar los datos de las candidaturas. Todo eso es fundamental para el proceso electoral” señaló.
La ministra del pleno de la SCJN destacó la importancia de que el INE garantice una comunicación clara y oportuna sobre el proceso electoral, incluyendo fechas de votación, datos de candidaturas y mecanismos de participación, y criticó la limitación de tiempo y los criterios restrictivos del INE en las campañas, señalando que esto dificulta la difusión efectiva de información.
En otros temas, Lenia Batres manifestó su apoyo a la decisión de Nacional Financiera (Nafin) para entregar a la Tesorería de la Federación el monto de cuatro fideicomisos que aún mantenía el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que suman poco más de 10 mil 248 millones de pesos.
Subrayó que el Poder Judicial no tenía justificación para retrasar esta medida, la cual debió cumplirse antes del 31 de diciembre del año pasado, por ser un mandato constitucional.
“Esto también es algo positivo porque estos procesos no son precisamente económicos, y evidentemente se han recortado recursos de otros programas para financiar los comicios de este año” refirió.
Finalmente, celebró el interés de los jóvenes en el proceso electoral, considerándolo un signo positivo para la democracia.
Reconoció el papel de las instituciones de educación superior (públicas y privadas) por fomentar debates serios sobre las reformas judiciales y electorales, lo que enriquece la cultura jurídica y la transparencia.
