En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), el titular de la SMA, Pedro Aquino Alvarado, informó que el Acuerdo de Escazú es el primer instrumento que contiene disposiciones sobre la protección a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y que su propósito es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos en la materia, mediante la cooperación internacional, para crear y fortalecer las capacidades correspondientes de los estados.
Recordó que este proyecto, llevado a cabo coordinadamente entre la SRE y la PNUD, prevé actividades de difusión del contenido del Acuerdo de Escazú y de las acciones que ha emprendido el gobierno de México para su cumplimiento.
“Sabedores de que la implementación de este acuerdo requiere de alianzas estratégicas, sostenibles y duraderas, con el gobierno federal, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente se dio a la tarea de generar los intercambios y fortalecer los lazos con la SRE, con el objetivo de traer a las autoridades municipales un taller participativo que tiene la intención de propiciar que comprendan los elementos de Acuerdo de Escazú y que así se fortalezcan sus capacidades en la materia”, dijo.
La capacitación consistió en proporcionar un curso básico sobre los principales contenidos del tratado. Entre los temas impartidos destacan: la introducción al acuerdo; sus antecedentes, generalidades y principios; sus disposiciones y arreglos de funcionamiento; los “derechos de acceso” que busca garantizar; y los pilares relativos a las personas defensoras ambientales y la importancia de la cooperación internacional para cumplir con esta agenda.
Por medio de un trabajo colaborativo, los participantes compartieron sus conocimientos e intercambiaron experiencias en un diálogo transparente que sirvió a los propósitos que las propias autoridades del estado determinaron.
Es así como el gobierno del estado, a través de la SMA, continúa generando acciones que contribuyan a la conversación entre autoridades federales, estatales y municipales, con el compromiso de garantizar el derecho de toda persona a vivir un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, por medio de la agenda de escazú que vincula ese objetivo con los derechos humanos.
