•Aspirantes a competir por un cargo en el Poder Judicial comparten que la falta de financiamiento podría convertirse en una desventaja para quienes tienen menos recursos
Los candidatos que competirán por alguno de los 850 cargos del Poder Judicial de la Federación en la elección del 1 de junio de 2025 tendrán que pagar su promoción con recursos propios. Así lo establecen la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre pasado, y las leyes reglamentarias que actualmente se discuten en el Congreso.
Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la sesión de ayer en el Senado, donde mediante una tómbola organizada por senadores de Morena, PT y PVEM quedó establecido que 464 magistraturas y 386 juzgados federales estarán en juego el primer domingo de junio del siguiente año. La otra mitad de los cargos en el Poder Judicial se elegirán también por voto directo en 2027.
Respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma señala que disminuirá de 11 a nueve el número de ministros y también serán electos por voto popular el primer domingo de junio de 2025, para periodos de ocho, 11 y 14 años.
Además, la reforma plantea la elección de los magistrados que conformarán el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, los dos órganos (uno administrativo y otro sancionador) que sustituirán al actual Consejo de la Judicatura Federal.
“Una contienda más política que jurídica”
En entrevista con El Sol de México, Rafael Arenas, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio Nacional de Abogados -y quien espera la convocatoria que emitirá el Senado para participar- precisó que “es un proceso electoral en donde los candidatos no van a tener un presupuesto por parte de ninguna instancia del Estado”.
“Va a ser un proceso un tanto difícil, seguramente va a estar un tanto más manejado por parte de los partidos (…) va a ser una contienda, yo creo, más política que jurídica”, consideró.
Tulio Salanueva Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados, quien también tiene la intención de participar, comentó que “todo abogado, desde que estamos en la universidad, desde que empezamos a estudiar Derecho, tenemos ese sueño de contender por una magistratura o un puesto en la Judicatura”.
“Definitivamente creo que sí es una desventaja (los recursos), pero habría que esperar las bases de esta competencia para determinar si es dispareja o no”. Tulio Salanueva Brito
De acuerdo con lo que establece la reforma constitucional aprobada, y los lineamientos de las leyes secundarias que discute el Congreso, los candidatos a cargos del Poder Judicial no tendrán financiamiento público, ni privado. El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá la facultad de acordar el límite de gastos y de fiscalizar, apoyado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
