- La derrota republicana abre la puerta a un tercer juicio político contra Donald Trump, aunque destituirlo todavía requiere una mayoría difícil de alcanzar en el Senado.
Donald Trump sobrevivió a dos juicios políticos y a múltiples intentos de destitución. Pero la derrota republicana en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, que entregaron al Partido Demócrata el control de ambas cámaras del Congreso, abre un escenario distinto: sus adversarios tendrán la posibilidad de impulsar un tercer impeachment, aunque una eventual destitución todavía enfrentaría importantes obstáculos.
A lo largo de sus dos mandatos, Trump ha acumulado acusaciones de abuso de poder, corrupción y violaciones a los derechos humanos, sin que ninguna haya conseguido apartarlo de la Presidencia. Intentó revertir su derrota electoral de 2020, fue declarado responsable de abuso sexual en un juicio civil, enfrenta cuestionamientos por el enriquecimiento de su familia durante su regreso a la Casa Blanca, ha respaldado la ofensiva israelí en Gaza, denunciada como genocidio e inició una guerra contra Irán con un bombardeo en el que mató a decenas de niñas en una escuela de Minab. A ello se suma una política de persecución contra migrantes marcada por redadas masivas, detenciones arbitrarias y violencia de agentes federales. Cerca de 60 migrantes han fallecido bajo detención.
Sin embargo, los reiterados intentos de someterlo a juicio político revelan también que el rechazo a Trump no se limita a sus adversarios en el Congreso. Organizaciones civiles y ciudadanos estadounidenses han impulsado campañas para exigir su destitución, en medio de un creciente repudio nacional e internacional a sus políticas. Ahora, con el debilitamiento del bloque republicano, esas demandas encuentran una nueva oportunidad para traducirse en acciones legislativas.
“Estamos ante un ataque sin precedentes contra nuestra Constitución, proveniente de la Casa Blanca”, advirtió en entrevista con SinEmbargo John Bonifaz, presidente de Free Speech For People, una organización estadounidense dedicada a la defensa de la democracia y el orden constitucional. Desde hace años, esta agrupación impulsa campañas para exigir responsabilidades políticas y legales a Trump, incluido un nuevo juicio político que permita removerlo de la Presidencia.

Hasta el día de las elecciones, Free Speech For People había reunido más de un millón 130 mil firmas para exigir que el Congreso inicie un juicio político y destituya de inmediato a Trump por su conducta ilegal. Para Bonifaz, la movilización ciudadana resulta indispensable frente a la gravedad del momento político que atraviesa Estados Unidos. “Estamos viendo una crisis de nuestra democracia y para enfrentarla es necesario que la gente alce la voz y actúe”, indicó.
Trump ya fue sometido a dos juicios políticos, uno iniciado en 2019 y otro en 2021, pero en ambos casos fue absuelto por el Senado. Desde entonces se han presentado nuevas iniciativas que lo acusan, entre otras conductas, de abuso de poder, incitación a la insurrección, utilización de las agencias migratorias como fuerzas paramilitares y falta de rendición de cuentas. La nueva mayoría demócrata podría facilitar la apertura de otro procedimiento, aunque para destituirlo sería necesario obtener el respaldo de dos tercios de los senadores presentes.

La petición de impeachment más reciente
Cuando un funcionario estadounidense comete faltas graves en el ejercicio de su encargo, la Constitución contempla un mecanismo para destituirlo: el juicio político o impeachment. Ese procedimiento lo lleva a cabo el Congreso, se presenta la acusación y si la mayoría en ambas Cámaras dictamina que es responsable, es quitado del cargo. Con ello pierde su inmunidad y puede ser juzgado también por la vía penal.
La solicitud más reciente de juicio político contra Trump la presentó el Congresista Steve Cohen, del Partido Demócrata. El pasado 24 de septiembre exhibió 26 artículos de acusación “que citan múltiples abusos de poder, violaciones de su juramento al cargo, el uso corrupto del poder de indulto y violaciones de la cláusula de emolumentos (salarios), entre otros actos ilícitos”.
Según el Congresista, “Trump es, sin duda, el presidente más susceptible de ser destituido” que su país “haya tenido jamás”. Afirmó que “su permanencia en el cargo representa un peligro” para la democracia estadounidense.
La petición todavía no ha sido votada. Para aprobarla, en la Cámara de Representantes necesita los votos de la mayoría simple. Si los consigue, pasa al Senado; donde se requiere del voto de dos tercios de los senadores presentes. John Bonifaz considera que la postura de “algunos integrantes del Congreso podría cambiar lo suficiente después de estas elecciones” para apoyar el juicio político contra Trump.

—¿Qué tan realista es la posibilidad de que el Congreso apruebe un juicio político contra Trump?—se le preguntó a John Bonifaz.
–Depende a quién le preguntes. Nosotros, que defendemos esta causa, creemos que existe una oportunidad real de presionar a los integrantes del Congreso para que cumplan con el juramento que hicieron al asumir el cargo: proteger y defender la Constitución, y votar a favor del juicio político.
Sin embargo, reconoció: “los integrantes de la Cámara de Representantes suelen mostrarse temerosos de ejercer esta facultad”.

Impeachment contra el autoritarismo
Poco antes que Cohen, el 24 de agosto de este año, el representante del Partido Demócrata, Al Green, solicitó iniciar un impeachment contra Donald Trump. Lo acusó de conducir a Estados Unidos a un régimen autoritario. También de convertir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza (CBP) “en fuerzas paramilitares”. Así como de encubrir asesinatos de civiles cometidos por agentes migratorios. El 15 de septiembre, la Cámara de Representantes desechó el proyecto.
Fue la quinta ocasión en la que Green impulsó un juicio político contra Trump. En el primer mandato del magnate presentó tres peticiones: diciembre de 2017, por obstrucción en la investigación del FBI sobre Michael Flyn, exasesor de Seguridad Nacional de Trump. Luego, en enero de 2018, por faltas graves; y en julio de 2019, por racismo.
En la segunda presidencia de Trump, Green lo lo ha vuelto a intentar en dos ocasiones: en junio de 2025, por haber iniciado una guerra contra Irán sin autorización del Congreso; y luego, la petición de agosto. En esta última, exhibió que bajo el mandato de Trump, el ICE y la CBP operan con armamento de grado militar.
Señaló que el magnate convirtió a ambas agencias en sus “fuerzas policiales secretas y militarizadas” para también “suprimir los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de prensa consagrados en la Primera Enmienda”. El Presidente, dice, degradó la democracia en un “régimen autoritario”.

Las y los integrantes de Sunrise Movement, una agrupación contra la crisis climática, coinciden con esa visión, consideran que el Gobierno de Trump tiene un carácter crecientemente fascista y autoritario. Por eso, “llegamos a la conclusión de que no hay manera de ser un grupo que protesta bajo la administración de Trump” sin oponerse a esa deriva, dice en entrevista con SinEmbargo Aru Shiney-Ajay, directora ejecutiva.
Así que además del ambientalismo también se unieron a la defensa de migrantes ante las violentas redadas en Minnesota, que dejaron más de 4 mil detenciones de diciembre de 2025 a febrero de 2026, según Deportation Data. Operativos en los que agentes del ICE asesinaron a los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

Un botón de muestra del Gobierno Trump
“Sunrise es un grupo ambientalista y el otoño pasado tomamos la decisión de reorientar nuestro trabajo hacia la lucha contra el autoritarismo. No podemos conseguir ningún avance en materia de cambio climático bajo un gobierno que criminaliza a las personas activistas, deporta a la gente y entrega beneficios a los multimillonarios de los combustibles fósiles. Es una administración profundamente corrupta”, explicó Aru Shiney-Ajay desde Minnesota.
Cuando entraron a la lucha por las personas migrantes, la organización fue víctima de espionaje y acoso por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con otras organizaciones.
En agosto pasado, The New York Times reveló que el gobierno de Trump se infiltró en chats grupales y utilizó otras “tácticas invasivas” para recopilar información de las asociaciones y de personas. En el caso de Sunrise Movement, las autoridades obtuvieron más de tres años de registros financieros para intentar acusarles de alguna ilegalidad.

“Definitivamente es una amenaza para la libertad de expresión y el derecho a protestar. Me parece inaceptable. Esto es autoritarismo, así de simple”, señaló enfática la activista, hija de migrantes de la India. “Creo que el gobierno intentaba asustarnos, quería decirnos: ‘si no están de acuerdo con nuestra administración, iremos contra ustedes’. Intentaban convertirnos en escarmiento” para inhibir la protesta y las acciones contra el gobierno de Trump.
Pero, precisamente por esa persecución, ¿hasta qué punto se está movilizando la gente para exigir que Trump rinda cuentas? A consideración de John Bonifaz, director y co-fundador de Free Speech For People, “millones de personas en el país” lo están haciendo. “Más de un millón de personas han firmado nuestra petición para exigir que Donald Trump sea sometido a un juicio político. Y creo que esa cifra seguirá creciendo”.

Los procesos que libró Trump
–Los demócratas quieren un impeachment…digamos que el 4 de noviembre nos despertamos y controlan la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Qué significa eso para los dos años restantes de su presidencia?–, le preguntó apenas el 16 de octubre el periodista Rob Finnerty a Trump en una entrevista exclusiva.
Y su pesadilla se hizo realidad: el Partido Republicano fue claramente derrotado. Despertaron y el Partido Demócrata tenía de nuevo la mayoría en el Congreso. Pero eso ya se preveía en las encuestas, por eso desde hace meses, en el entorno MAGA (siglas en inglés de Haz a América Grande Otra Vez), movimiento fundado por Trump, había un gran temor. Algunos ya habían comenzado a emprender la huida tanto de la administración trumpista, como del país.
“Me voy a Argentina…Todos vamos a ser acusados. Cualquiera que haya estado cerca de esto va a ser el objetivo”, le dijo un influencer a la periodista Antonia Hitchens, de The New Yorker. “Si ganan los demócratas, nos inundarán con todas esas citaciones judiciales”, le comentó un funcionario de la Casa Blanca.
La respuesta de Trump a Rob Finnerty fue que en los dos intentos de juicio político ganó “muy fácilmente”. Y agregó: “hay quienes dicen que me ayudó, en lugar de perjudicarme. Lo llamo el movimiento anti-impeachment”.

En 2019, en su primer Gobierno, una petición de impeachment avanzó en la Cámara de Representantes. Había sido revelada una conversación telefónica en la que Trump le pidió al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, investigar a Joe Biden, quien iba a ser su rival demócrata en las elecciones de 2020, a cambio de la entrega de 391 millones de dólares en ayuda militar.
Con la mayoría de los votos del Partido Demócrata, fueron aprobados dos cargos contra Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Pero el 5 de febrero de 2020, los demócratas no pudieron conseguir los votos de las dos terceras partes en el Senado y Trump fue absuelto.
La segunda vez que el juicio político contra Donald Trump estuvo lo más cerca posible fue tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes trumpistas irrumpieron violentamente en el Congreso para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.
Las acusaciones contra Trump se centraron en su comportamiento antes y durante ese día. El 13 de enero, con 232 votos a favor –incluidos 10 de republicanos– y 197 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el cargo en su contra de incitación a la insurrección. En febrero de 2021 el proceso llegó al senado, Trump ya había dejado la Presidencia. Aunque 57 votaron por condenarlo y 43 en contra, no se alcanzó la mayoría calificada y fue absuelto otra vez.

Aquí vamos de nuevo
“La Constitución estableció con mucha claridad que no habría monarcas ni tiranos que gobernaran la nación”, dice John Bonifaz, director ejecutivo de la organización Free Speech For People, creada en enero de 2010. También dispone de un mecanismo “para garantizar que, cuando un presidente pisotee de tal manera el Estado de derecho y la Constitución, rinda cuentas mediante el juicio político”.
Para el abogado, quien en 2003 impugnó legalmente la autoridad de George W. Bush de declarar la guerra contra Irak, “Donald Trump ha cometido múltiples abusos de poder y numerosas faltas que justifican un juicio político. Por eso debe ser sometido a ese proceso y destituido de su cargo público”.
En la página impeachtrumpagain.org “hemos documentado los cientos de actos de Trump que justifican un juicio político y desde donde exigimos que sea sometido a ese proceso y destituido”, explica.
Este miércoles 4 de noviembre, Free Speech For People lanzó la campaña “Time to Impeach” (Es hora de iniciar un juicio político), por la cual instan a los miembros de la recién elegida Cámara de Representantes a iniciar desde el primer día de su trabajo un proceso de destitución contra el presidente Trump.
Hasta el momento, esta organización sostiene 27 acusaciones que van desde cometer o planificar crímenes de guerra y crímenes humanitarios, pedir la ejecución de miembros del Congreso, haber convertido al ICE en fuerza policial federal, extorsión, imposición de aranceles ilegales, recopilación y difusión ilegal de datos privados hasta corrupción en su campaña de 2024.
Pese a que en el Partido Demócrata recuperó el poder del Senado, se necesitarán los votos de republicanos para aprobar el impeachment. “La pregunta es: ¿los senadores republicanos seguirán respaldando a este presidente que actúa al margen de la ley?”, pregunta Bonifaz y luego se responde: “es posible que ellos mismos teman seguir respaldándolo cuando vean la reacción y el rechazo públicos que generan las acciones de Donald Trump”.
–¿Cuáles serían las consecuencias para México y para toda América Latina si Trump fuera destituido de su cargo?–, se le pregunta a John Bonifaz
–Mi esperanza es para el mundo entero. Mi esperanza es que ya no tengamos a alguien en la Casa Blanca que pisotee el estado de derecho, ya sea la legislación interna de Estados Unidos o el derecho internacional.
CON INFORMACION DE SINEMBARGO.MX
