La efervescencia que ya se vive en Tlaxcala para buscar candidaturas a integrantes de ayuntamientos y diputaciones locales, está a la orden del día.
Varios aspirantes ya se encuentran en pláticas con las dirigencias partidistas para ese propósito, pero en los últimos días el tema de la violencia política en razón de género ha surgido con fuerza, debido diversas resoluciones que han tenido las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales.
Uno de los personajes que ya se mueven para buscar una candidatura es el ex secretario del ayuntamiento de Chiautempan, Nicolás Gutiérrez Decasa, quien, sin embargo, ha recibido señalamientos de violencia política en razón de género por haber retenido, durante varios meses, la ministración de recursos a la ex presidenta de comunidad del municipio.
¿Puede o no puede participar el ex funcionario, cuando el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) ya falló en su contra y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) también?
Para empezar, su caso se encuentra en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y seguramente llegará hasta la Sala Superior en la suposición de que la primera falle en contra.
Todo parece indicar que no tendrá problema para lograr su registro. De entrada, porque el pasado 12 de octubre la Sala Superior del TEPJF invalidó una fracción de los lineamientos de la reelección legislativa para que los partidos políticos, al momento de las postulaciones, ya no tomen en cuenta si los aspirantes están inscritos en el registro de infractores por violencia política en razón de género.
Magistradas y magistrados de la Sala Superior coincidieron en que el Instituto Nacional Electoral (INE) excedió su facultad reglamentaria al marcar que los partidos políticos deben tomar en cuenta, previo a la solicitud de las candidaturas, si alguna está inscrita en el registro de violencia política de género.
Lo anterior, debido a que el registro de una persona en la lista mencionada no implica una causal de inelegibilidad, sino que es una herramienta que facilita la comunicación, así como la coordinación, entre autoridades electorales, y ofrece a la ciudadanía información respecto de las personas que han incurrido en violencia política.
Además, la lista es una medida de reparación que debe ser dictada por una autoridad jurisdiccional y el INE no cuenta con las atribuciones para darle un efecto adicional a la lista.
Lo que sucede en el ámbito federal no puede ser diferente a lo local. Hoy en día, varias resoluciones emitidas por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), se encuentran en revisión ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF y seguramente los casos llegarán hasta la Sala Superior.
Pero mientras llegan esas resoluciones, ya existen dentro de diversos partidos políticos algunos análisis jurídicos sobre el tema.
Esos análisis coinciden en que una sanción emitida por una autoridad jurisdiccional electoral por violencia política en razón de género, no contempla la pérdida del requisito de ciudadanía, que es exigible para el registro.
Y no la pierde porque en el requisito de elegibilidad debe existir el análisis de distinción entre “delito” e “infracción administrativa”, ambas figuras de naturaleza distinta porque la primera es una conducta tipificada y sancionable en términos penales, y la segunda es sancionable en términos legales.
Además, el requisito de ciudadanía ya fue resuelto por Contradicción de Criterios por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que las autoridades no pueden exigir a las personas cumplir con ese requisito de ciudadanía para acceder a un cargo público.
Por ello, según el análisis al que tuve acceso, las personas sancionadas por una autoridad jurisdiccional electoral por violencia política en razón de género, e incluso, inscritas en el registro nacional o estatal de personas sancionadas, sí pueden ser candidatos a cargo de elección popular.
Pero el tema, seguramente, dará para más conforme se acerquen los tiempos de selección de candidaturas y el registro de éstas.
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