- La deuda no fue liquidada por el ahora ex alcalde Julio César Hernández, pero la empresa aduce que el municipio debe pagar en cumplimiento de un exhorto emitido por la Cámara de Diputados
La empresa denominada Centro de Estudios Clínicos y de Ultrasonido Biolab solicitó la intervención del Congreso del Estado para recibir el pago de 262 mil 393.91 pesos por parte del ayuntamiento de Apizaco, por trabajos realizados de enero a agosto de 2021, que corresponde a la pasada administración municipal encabezada por Julio César Hernández Mejía, actual delegado del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Puebla.
De acuerdo con el escrito firmado por el representante de la empresa, Christian Meneses Díaz, la administración del presidente municipal, Pablo Badillo Sánchez, incumple con un exhorto emitido por el Congreso del Estado para pagar adeudos dejados por la administración antecesora.
Y es que el Centro de Estudios Clínicos y de Ultrasonido Biolab aduce que prestó “servicios de laboratorio al personal del ayuntamiento del municipio de Apizaco durante los meses de enero a agosto del año 2021”, por los cuales existe un adeudo por la cantidad de 262 mil 393.91 pesos.
Sin embargo, denuncia que la actual administración que encabeza el alcalde Pablo Badillo Sánchez, “se ha negado a pagar dicho adeudo” a pesar de que la empresa ha realizado gestiones de cobro ante el tesorero y el sindico del ayuntamiento, quienes en reiteradas ocasiones han manifestado que no van a pagar esa deuda.
Por ese motivo, el representante de Biolab sostiene que el ayuntamiento de Apizaco infringe el acuerdo emitido por el Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con fecha 15 de octubre de 2021, mediante el cual se exhorta a los ayuntamientos de los municipios del Estado a cumplir con el pago de pasivos que hayan quedado garantizados o etiquetados hasta por el monto de las ministraciones de los diversos fondos públicos o fuentes de financiamiento al mes de agosto de 2021 que correspondan las administraciones municipales 2017-2021.
En ese sentido, la empresa sostiene que la negativa de la actual administración municipal “puede constituir causa de responsabilidad en términos de la normativa aplicable”.
