* Una trabajadora jubilada denuncia presuntas irregularidades, trato desigual y falta de transparencia en la asignación de plazas de confianza; exhibe una relación de 33 casos que solicita investigar documentalmente.
Una denuncia presentada ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) pone bajo cuestionamiento los criterios utilizados para la asignación de plazas federales de confianza y señala directamente al titular del área, Rafael Flores Bañuelos, por presuntas inconsistencias y decisiones discrecionales en los movimientos de personal.
La inconformidad fue presentada por Sonia Rubio Galván, trabajadora del sector educativo que, después de 38 años de servicio como asistente de almacén en la Escuela Secundaria Técnica número 25 “Felipe Santiago Xicoténcatl”, en San Pablo del Monte, se jubiló a partir del 1 de enero del presente año.
De acuerdo con su escrito, antes de concretar su jubilación sostuvo conversaciones con autoridades del Departamento de Secundarias Técnicas, donde presuntamente le manifestaron que podía proponer a su hijo, Lenny Lee Rubio Galván, para ocupar la plaza que dejaría vacante. Incluso, asegura que le indicaron que su hijo debía renunciar a su empleo para iniciar los trámites correspondientes una vez que surtiera efectos su baja.
Sin embargo, cuando acudió a realizar el procedimiento de baja-alta acompañada de su hijo, la canalizaron a la Dirección de Relaciones Laborales, donde le notificaron que ya no tenía derecho a proponerlo, sin proporcionarle, según denuncia, una explicación jurídica clara y suficiente.
La trabajadora buscó la intervención de autoridades del Gobierno estatal y de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en esas gestiones, asegura que recibió explicaciones contradictorias y que incluso se le argumentó que para ocupar una plaza de asistente de almacén era necesario contar con licenciatura o doctorado, requisito cuya fundamentación normativa exige que sea aclarada por la autoridad.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la existencia de presuntos antecedentes de trabajadores que habrían logrado que familiares u otras personas ocuparan plazas de confianza después de su jubilación o baja laboral.
Sonia Rubio Galván presentó una relación de 33 casos que, según la información que ha recopilado, podrían evidenciar prácticas administrativas que requieren ser investigadas y contrastadas con los expedientes oficiales de la USET.
La trabajadora afirmó que estas situaciones representan parte del acuerdo o del contrato colectivo de trabajo administrativa dentro de la dependencia, por lo que cuestiona por qué en otros casos aparentemente se permitieron propuestas de sustitución, mientras que en el suyo se determinó que era improcedente.
Por ello, solicita que se revisen los nombramientos, oficios de propuesta, movimientos de personal y demás documentos que permitan establecer bajo qué criterios se asignaron esas plazas.
También refiere que el propio director de Relaciones Laborales, Rafael Flores Bañuelos, recibió un documento oficial, con membrete y sello de la dependencia, mediante el cual se reconocería una condición favorable para el personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAyE); sin embargo, el funcionario habría argumentado que ese antecedente no era aplicable a su situación.
La denunciante exige que se informe quién autorizó que su plaza fuera ocupada por otra persona, cuál fue el fundamento jurídico de esa decisión y qué criterios se utilizaron para determinar la asignación.
Asimismo, solicita que se precise si los movimientos de personal señalados cumplen con la normatividad aplicable, las disposiciones administrativas y las condiciones laborales correspondientes, incluido el contrato colectivo de trabajo en los casos en que resulte aplicable.
La pregunta de fondo es si las plazas federales de confianza se están asignando conforme a procedimientos transparentes, perfiles y disposiciones legales, o si existen criterios diferenciados que terminan favoreciendo a determinadas personas.
La trabajadora hace un llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que intervenga y se investiguen los presuntos privilegios, posibles irregularidades y diferencias de criterio en la asignación de plazas dentro de la USET.
