Al cumplirse este sábado 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a “preservar los avances” logrados en las investigaciones y a acelerar y profundizar las acciones para determinar el paradero de los estudiantes.
En paralelo, expresó su preocupación por el “resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan” la participación del Ejército en los hechos y subrayó que la determinación de las responsabilidades corresponde exclusivamente a las autoridades estatales encargadas de investigar los hechos y sancionar a los responsables; es decir, a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
A su vez, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) destacó que, desde la desaparición normalistas, sus familias han sostenido con dignidad la búsqueda de verdad y justicia.
“Ayotzinapa es un símbolo y representa un caso abierto que convoca a apoyar los esfuerzos institucionales e invita a la solidaridad de la sociedad”, señaló en sus redes sociales.
En un comunicado, la CIDH indicó que pese al empeño de las familias, sus representantes, varias autoridades del propio Estado, y de organizaciones nacionales e internacionales que “han realizado aportes técnicos relevantes” en indagatorias, los normalistas continúan desaparecidos.
A su juicio, fue el esfuerzo colectivo el que permitió, en su momento, “logros irrefutables en la reconstrucción de los hechos y la identificación de irregularidades en la investigación, combatiendo narrativas negacionistas dirigidas a entorpecer el proceso” de verdad y justicia, y una eventual reparación.
Sin embargo, “los hechos no han sido esclarecidos y el destino de los procesos judiciales es incierto”, recalcó.
Investigar cadena de mando en Ayotzinapa
El organismo internacional se refirió a la reciente recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que cuestionó la validez de los aportes realizados para esclarecer el caso, particularmente aquellos que permitieron desmontar, con evidencia científica, la llamada “verdad histórica”, según la cual los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
“Para la CIDH esta postura pretende debilitar la asistencia técnica internacional; además de afectar el derecho a las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, externó.
Mencionó que el Estado mexicano ha sostenido que su posición general ha sido mantener una actitud abierta a la cooperación y a la interlocución con organismos internacionales.
La Comisión Interamericana insistió en la necesidad de que las líneas de investigación “abarquen la cadena de mando político, la participación de órganos de seguridad del Estado y la actuación de agentes de procuración de justicia”, además de profundizar en la posible participación de militares y policías, y sus eventuales vínculos con grupos criminales que operaban en Guerrero.
Recordó que, mediante acuerdos suscritos por el Estado mexicano, creó en dos periodos el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa, al tiempo que mantuvo la supervisión de la medida cautelar 409/14 –que consiste en determinar el paradero de los estudiantes y brindar la atención inmediata a los sobrevivientes– mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).
Mencionó que en su última etapa, además, tuvo acceso a videos que evidenciaron que la Secretaría de Marina conocía las anomalías durante las diligencias realizadas por la entonces PGR.
EAAF actúa como perito independiente en la investigación
Por su parte, al recordar que este sábado las familias marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo bajo el lema “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) señaló que desde octubre de 2014, a petición de los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y de las organizaciones que los acompañan, participa como perito independiente en la investigación sobre su paradero.
El EAAF sostuvo que su posición como perito ha sido siempre que cualquier avance en la investigación debe sustentarse en evidencia clara y sólida.
“Hoy renovamos nuestro compromiso como peritos independientes designados por las familias y sus representantes legales en la búsqueda de verdad y justicia. Las familias siguen siendo la fuerza que sostiene este reclamo”, señaló.
Con información de La Jornada
