Durante los primeros cuatro meses de sus administraciones, 16 presidentes municipales de Tlaxcala contrataron a familiares cercanos —primos, tíos, sobrinos, cuñados e incluso una nuera— para ocupar diversos cargos dentro de sus ayuntamientos, desde secretarios y directores hasta auxiliares, choferes y ayudantes.
En total, 32 familiares fueron incorporados a la nómina municipal, con un pago conjunto que supera el millón 261 mil 655 pesos por sus funciones, según los informes de resultados de las cuentas públicas 2024 entregados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al Congreso del estado.
Los municipios con más casos detectados son Teolocholco, con cuatro familiares contratados, y Hueyotlipan, Quilehtla y Xiloxoxtla, con tres en cada uno. También destacan Tzompantepec, Mazatecochco, Nanacamilpa, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Contla de Juan Cuamatzi, Atltzayanca, Tepetitla de Lardizábal, Ixtacuixtla, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, Nopalucan y Santa Cruz Tlaxcala, donde los alcaldes incluyeron a sus parientes en la nómina.
Casos concretos incluyen al alcalde de Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho, quien nombró a cuatro primos en cargos que van desde subdirector de ecología hasta barrendero, con sueldos que van de 26 mil a más de 53 mil pesos; mientras que en Xiloxoxtla, la alcaldesa Yazmín Jiménez Rugerio contrató a su primo como secretario del ayuntamiento, con un salario superior a los 124 mil pesos.
El OFS también observó que en Tzompantepec, el alcalde Marcelino Ramos Montiel colocó a su cuñado como director de contraloría con un sueldo de más de 134 mil pesos. En otros municipios, primos y sobrinos ocuparon puestos clave como director de seguridad, jefe de movilidad, director del DIF y auxiliar operativo.
Estos hechos representan una clara violación a la fracción V del artículo 34 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que prohíbe expresamente a los ayuntamientos y servidores públicos otorgar empleos a familiares consanguíneos hasta el cuarto grado y por afinidad, por considerarse nepotismo y un uso indebido de recursos públicos.
El Órgano de Fiscalización Superior insiste en la necesidad de transparentar y sancionar estas prácticas para garantizar la correcta administración del erario y evitar que la función pública se convierta en un espacio para beneficiar a círculos familiares.
