Las acciones se mantuvieron intermitentes, con paso restringido pero no cerrado del todo, y para este martes se prevén nuevas afectaciones a partir de las 7:00 horas en la “Y” Griega.

Las acciones forman parte del paro nacional que el gobierno federal atribuye principalmente a la reducción del tope de deducción de peajes en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 300 a 250 millones de pesos, medida que, según Hacienda, solo impactaría a 170 grandes empresas.

Los transportistas, en cambio, insisten en que el problema de fondo es la inseguridad, el estado de las carreteras, los cobros abusivos de grúas y la falta de condiciones operativas dignas.

Tlaxcala no es un estado periférico en esta ecuación: es un punto neurálgico. Su ubicación geográfica lo convierte en zona de paso obligado entre el Valle de México, Puebla, el puerto de Veracruz y los corredores hacia el norte.

El Arco Norte, que se toca en Calpulalpan, es el principal libramiento de la zona metropolitana y evita el colapso del tráfico pesado en la capital.

La federal México-Veracruz, que atraviesa Xaloztoc, es vía prioritaria para el comercio exterior.

La Y Griega articula flujos regionales, y Mena-Tlaxco conecta hacia Hidalgo y el Bajío.

Cuando estos puntos se tensionan, aunque sea de forma intermitente, el efecto se multiplica: retrasos en cadenas de suministro, costos logísticos más altos y presión sobre el abasto que rebasa las fronteras estatales.

Por eso el gobierno no puede reducir la movilización a un asunto meramente hacendario. En su intento por deslegitimar el paro acaba exhibiendo insensibilidad y falta de conocimiento

Aunque las cifras oficiales sobre el estímulo fiscal sean correctas y el ajuste resulte fiscalmente razonable, ignorar la dimensión de seguridad e infraestructura es politicamente corto.

En una zona de paso obligado, cada hora de demora se traduce en costos reales para la industria, el comercio y la ciudadanía. Sin contar el costo político.

Tlaxcala no solo padece el bloqueo: lo amplifica, y mientras el reclamo se limite a “170 empresas”, como pretende marcarlo Sheinbaum, la percepción en la carretera seguirá siendo que no se está atendiendo el problema completo.

Las tres de ley… 1- Alito Moreno, el porro mayor del PRI, no encontró mejor respuesta que un puñetazo cuando un ciudadano lo cuestionó por su actuar político; la agresión ocurrió afuera de la casa del huachicolero Ernesto Ruffo, donde el dirigente priista acudió a pactar la alianza PRIANISTA. El escenario no podría ser más elocuente: negocia con quien nadie debería, y cuando le recuerdan su historial, responde con violencia.

2- Su justificación fue tan patética como reveladora: dijo que el ciudadano “lo había mandado Morena”. En lugar de asumir la crítica o rebatirla con argumentos, Alito optó por victimizarse y criminalizar el cuestionamiento. Así responde quien ya no tiene discurso: atribuyendo a la oposición cualquier molestia que le generen sus propias decisiones.

3- La reacción de Alito expone el nerviosismo de una dirigencia acorralada: les duele que los exhiban, les duele que les recuerden su hipocresía y, sobre todo, les duele que la gente se atreva a interpelarlos. El PRI de Alito ya no discute: intimida.

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