Por: Néstor Jiménez

El conflicto por los llamados Polos del Malestar (Bienestar) en Puebla y Tlaxcala dejaron de ser solamente una discusión sobre infraestructura, desarrollo económico o medio ambiente, que seguramente traerá beneficios pero para unos cuantos que se harán millonarios a costa del pueblo, -como suele suceder-. Los Polos del Malestar se convirtieron en una disputa por la confianza de las comunidades. Y cuando una población tiene dudas sobre un proyecto que puede transformar su territorio, lo mínimo que debe recibir no son discursos huecos, debe recibir información clara, estudios verídicos y certeza en la salud y en el cuidado del medio ambiente.

Habitantes de San José Chiapa, Puebla, y de San Pedro Ecatepec del municipio de Atlangatepec, Tlaxcala, se cansaron de ser lastimados por sus gobiernos que lejos de escucharlos los agredieron y por eso llevaron hasta Palacio Nacional su rechazo a proyectos vinculados con esta estrategia.

Frente a las oficinas donde despacha la primer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los pobladores desplegaron lonas y denunciaron represión, presión política, presencia policiaca y amenazas contra quienes cuestionan las obras, en pocas palabras los pobladores se fueron a acusar de cómo los gobernadores que son emanados de Morena y que deberían escuchar al pueblo, son brutalmente agredidos con todo el peso del estado, mientras que en la narrativa oficial se tiende un falso puente de comunicación que hace creer a la sociedad que los malosos son los inconformes que se niegan a dialogar.

En el caso de Tlaxcala, todavía no existe una decisión definitiva sobre la viabilidad del proyecto ya que primero deben realizarse los estudios técnicos, ambientales y sociales necesarios para determinar si es factible. Y, de acuerdo con el posicionamiento oficial, una vez que exista información suficiente, la decisión sería sometida a votación de la propia comunidad, sin embargo los pobladores no le creen al gobierno que insiste en imponer el proyecto.

Y aquí aparece una pregunta fundamental: si todavía faltan estudios para determinar la factibilidad, ¿por qué algunos actores políticos ya presentan el proyecto como una amenaza consumada? El Gobierno de Tlaxcala ha señalado directamente a partidos como PAN y Movimiento Ciudadano, a los que acusa de haber intervenido políticamente y de generar desinformación entre los habitantes.

Pero cuidado: señalar el “manoseo” político tampoco puede convertirse en un argumento para descalificar automáticamente toda inconformidad ciudadana. Una comunidad tiene derecho a desconfiar, preguntar, exigir información y oponerse. La participación ciudadana no pertenece a ningún partido político, la población cuida y prioriza sus intereses, su vida, su salud, la armonía en la comunidad y el bienestar social.

El verdadero problema comienza cuando los partidos convierten el miedo de la población en combustible electoral y construyen una narrativa incendiaria contra el gobierno, pero también cuando los gobiernos pretenden explicar una preocupación legítima únicamente como resultado de la manipulación partidista. Ambos extremos terminan haciendo exactamente lo mismo: subestimar a la ciudadanía, confundiendo y opacando la visibilidad de la gente para que pueda tomar una decisión.

Si el proyecto es viable, los estudios deberían demostrarlo. Si representa riesgos ambientales, sociales o económicos, también deberían quedar documentados. Y si finalmente corresponde a la comunidad decidir mediante una votación, esa consulta debe realizarse con información completa, pública y verificable, no con propaganda oficial ni con campañas partidistas de uno u otro lado.

Al Gobierno de Tlaxcala se la terminan las oportunidades para demostrar que su discurso de consulta y transparencia es algo más que una declaración política, es un proyecto de bien común para la gente que resolverá el problema del deposito y desecho de la basura en el estado de Tlaxcala.

PAN y Movimiento Ciudadano, por su parte, también deberían explicar si su participación responde exclusivamente a la defensa de la comunidad o si ya encontraron en los Polos del Malestar (Bienestar) un nuevo campo de batalla rumbo al proceso electoral de 2027.

Porque si el proyecto todavía está en etapa de estudios, no debería aprobarse a ciegas, pero tampoco rechazarse a ciegas, deben priorizar al pueblo, aquel pueblo libre y sabio que les da de comer a los partidos políticos a través de las prerrogativas que son producto de las contribuciones e impuestos que los mexicanos pagan o pagamos conforme a la ley.

La comunidad merece decidir con información, el Gobierno debe garantizarla y los partidos deberían dejar de hablarle a los ciudadanos como si fueran piezas de ajedrez, ambos deben practicar el valor de la honestidad para el bienestar del pueblo.

Al final, el verdadero “Polo del Malestar” debería ser el “Polo del Bienestar” del cual debería ser aquel donde el desarrollo económico no esté peleado con el medio ambiente, donde la consulta ciudadana sea real y donde la política no sustituya a la información.

El cargo “Polos del Malestar” llegan a Palacio Nacional apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el llamado, elementos policiacos acudieron al sitio señalado, donde confirmaron la presencia del cuerpo de un masculino que presentaba signos visibles de violencia.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, debido a que no portaba documentos que permitieran establecer su identidad.

La información disponible señala que el hombre vestía pantalón oscuro o negro y un abrigo de color azul al momento de su fallecimiento.

La zona fue asegurada para preservar posibles indicios y permitir que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala realizó el levantamiento y traslado del cuerpo, con el objetivo de llevar a cabo los estudios periciales y el protocolo de identificación correspondiente.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte, así como establecer la identidad de la víctima y, en su caso, fincar responsabilidades por estos hechos.

El cargo Localizan cuerpo en estado de descomposición en Muñoztla apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El jueves 11 de junio, Diana Laura recibió la visita de su esposo, quien le dio la noticia de su próxima liberación. Alrededor de las 15 horas, la reclusa de 36 años volvió a subir al módulo A, estancia 1, de la prisión femenil de Santa Martha Acatitla.

El “módulo”, como le llaman, está conformado por una serie de celdas, una tras otra, completamente cerradas, donde el encierro se vive en soledad. Es el lugar más recóndito de Santa Martha: varias rejas con gruesos candados, que solo pueden abrir las custodias, resguardan el pasillo que conduce a esa zona. Casi no hay actividades: algunas internas están ahí como castigo o por distintos motivos para separarlas de la población general.

Con una hija de casi 15 años esperándola fuera, Diana Laura llevaba cuatro años en prisión por robo agravado. Aunque su sentencia de cinco años y ocho meses se cumpliría en septiembre de 2027, recibió un beneficio de libertad anticipada que se haría efectivo en cuestión de días o un par de semanas a lo más.

Sin embargo, el plazo no se cumplió. El viernes 12 la encontraron sin vida dentro de su estancia. En los días previos a su muerte, sucedió mucho más que el anuncio de su futura libertad.

Desde mucho antes separada de la población general, en un módulo diferente, Diana Laura sufrió violencia sexual y fue despojada de sus pertenencias por otras dos internas. Junto a una compañera denunció lo ocurrido. La cambiaron de módulo, pero no hubo ninguna consecuencia para las responsables. Al mismo tiempo, enfrentaba una fuerte abstinencia por consumo de piedra.

De la visita de su esposo aquel jueves, regresó mal emocionalmente. Se sentía muy deprimida y sus compañeras la recuerdan con una ansiedad brutal. Previamente, ella misma había pedido que la encerraran con candado por el miedo que tenía. Ese día no quiso hacer nada. Se quedó “hecha bolita” en su cama.

En la noche, las custodias no accedieron a que durmiera acompañada, como lo había hecho la noche anterior. A solas, una y otra vez pidió a gritos un cigarro. Su desesperación se escuchó hasta pasadas las 5 de la madrugada, y luego llegó el silencio. Poco después, cerca de las 7 de la mañana del viernes 12, la hallaron colgada de un cobertor en su estancia, sentada en el piso.

Su muerte, como la de otras cinco compañeras suyas, en los últimos tres meses, no ha sido esclarecida. La versión del sistema penitenciario sobre ella y una reclusa más es que se quitaron la vida. Afuera, hay quien lo pone en duda: les resulta difícil pensar que hubiera tomado esa decisión a tan poco tiempo de salir de Santa Martha Acatitla.

Quienes han vivido la cárcel de cerca saben que tampoco es imposible: entre la certeza de estar a unos días de recuperar la libertad y efectivamente recuperarla, pueden mediar múltiples hechos, temores, angustias, violencias, depresiones y ansiedades, como ocurrió en su caso.

Para sus compañeras, de cualquier forma las custodias no prestaron atención suficiente al estado de Diana Laura. Podrían haberla dejado dormir con alguien más, para que estuviera acompañada o, como medida extrema, engrilletarla. Los descuidos y la violencia al interior del reclusorio para muchas no son novedad.

Aun si se trató de un suicidio, las autoridades penitenciarias no se libran de una posible negligencia. Las afectaciones a su salud mental eran evidentes, así como la violencia que había vivido y se pudieron haber tomado medidas en lugar de ignorar el reporte de la situación, que hizo por lo menos una persona.

Entre el 12 de marzo y ese día de junio, fallecieron en circunstancias no aclaradas Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura. Tiempo atrás, en el transcurso del año anterior, ya se había conocido la muerte de Marlene, apodada “La Chola”, y la de Jocelyn, quienes fueron halladas colgadas. De las seis recientes, el sistema penitenciario afirma —sin que esté probado con toda certeza— que Rosa y Diana Laura se quitaron la vida y que las otras cuatro fallecieron por motivos de salud.

Por las muertes de los últimos tres meses, hay ahora una denuncia penal iniciada ante la fiscalía, además de seis quejas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuatro presentadas por personas peticionarias y dos iniciadas de oficio. A esta instancia se solicitó una entrevista para conocer los pasos siguientes, sin que haya dado respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Drogas, violencia y extorsión, la cotidianeidad 

Una de las teorías más extendidas entre las internas sobre el fallecimiento de aquellas compañeras sobre las que sospechan que pudieron haber sido asesinadas tiene que ver con las deudas que proliferan dentro, por robo de celulares o por venta de droga.

Varias señalan a Alexis S. —una  reclusa acusada de  homicidio con una sentencia que la mantendrá ahí de por vida y una adicción importante—, como una de las principales cobradoras de droga dentro del penal. Trabaja para Wendy M., a quien se ubica a cargo del negocio. El consumo es fuerte y descontrolado, con el cristal y la piedra como lo más recurrente y poco acceso a cocaína. Ese comercio conduce inevitablemente a una creciente violencia y extorsión.

De acuerdo con Olivia Garza, diputada panista de la capital que llevó los casos recientes a la instancia penal y de derechos humanos, en sus recorridos por  las calles y colonias de Iztapalapa, donde se ubica el distrito al que representa, le empezaron a externar una problemática en torno al reclusorio de Santa Martha.

Se dio a la tarea de estar más atenta y escuchar a personas que le hablaron de lo que sucedía, específicamente de la pérdida de las últimas seis vidas en prácticamente tres meses, sin que su seguridad hubiera sido resguardada por el sistema penitenciario. “Es una cifra realmente alarmante… Son cosas que resultan extrañas y hemos acudido ya a las autoridades, primero a denunciar”, comenta.

La denuncia penal ante el Ministerio Público gira en torno, en gran medida, de la comandante Yessica López Avilés, encargada del área de seguridad y a quien las voces escuchadas por la legisladora vinculan a extorsión y otros delitos.

Por otro lado, Garza promovió una de las quejas ante el órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos en contra de la propia visitaduría de reclusorios, pues su tarea es fundamental y debería estar atenta a lo que pasa en el penal si lo recorre de manera cotidiana.

“Deberían estar haciendo o alertando de este tipo de situaciones, que se pueden evitar cuando hay un buen manejo. Afortunadamente, después de estas dos acciones jurídicas que emprendí de manera personal, creo que hubo eco por parte de la autoridad y vemos que ya presentó su renuncia Yessica”, señala.

La “jefa” de seguridad: un principio, no el final ni el fondo del problema

Lo que sucede en Santa Martha y Tepepan, los dos reclusorios femeniles de la Ciudad de México —las mujeres son alrededor de un 6 % de la población penitenciaria—, es sabido por quienes permanecen ahí y por las visitas frecuentes: pagos para todo, abuso de autoridad, venta de drogas. Las custodias también llegan a estar sobrepasadas y sin contención.

La vida en reclusión, además, de acuerdo con versiones de internas, es cada vez más cara. Se cobra por todo, afirman. Incluso a las visitas no las dejan en paz: en Santa Martha, la renta de mesas es cada día más alta, al igual que la extorsión a las familias pidiéndoles cantidades de dinero para no hacerle daño a la persona recluida, por parte de internas como Maribel y Gaby.

Por los hechos de Santa Martha, la primera renuncia que se anunció la semana pasada fue la de Yessica López Avilés, quien llevaba una larga trayectoria —de por lo menos 10 años— en el sistema penitenciario de la Ciudad de México. Conocía y era bien conocida en ambos reclusorios femeniles.

Sus primeros registros públicos disponibles como personal de confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana datan de 2017, cuando ya adscrita a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario como custodia, tenía una remuneración mensual neta de 7 mil 658 pesos.

Poco a poco fue escalando en el sistema: para 2023 aparece como custodia experta en reclusorios y centros penitenciarios, con un sueldo neto de 13 mil 377 pesos; y a partir de 2025 es registrada como subdirectora de seguridad de Santa Martha Acatitla, con una remuneración mensual neta de 30 mil 553 pesos.

Además de eso, se sabe que rotó entre los dos centros. Un primer periodo operó en Santa Martha, de donde fue removida por denuncias de extorsión y enviada a Tepepan como medida de “castigo” o rotación institucional, pero igual era jefa. De ahí se le conocía como la comandante Yessica.

Después, en los dos años previos a su salida, volvió a Santa Martha como subdirectora. Organizaciones y familiares han criticado que pese a sus antecedentes, las autoridades la hubieran regresado al mismo centro penitenciario.

Varios señalamientos hacia ella incluso se hicieron públicos desde 2024, pero tampoco eso impidió que apenas hace tres meses el Congreso de la Ciudad de México le otorgara la medalla al mérito policial, según consta en la transcripción y el registro fotográfico de la sesión del 14 de abril de 2026.

El 28 de julio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México —que se encarga de los reclusorios capitalinos desde 2021, cuando dejaron de estar en manos de la Secretaría de Gobierno capitalina— anunció su renuncia, la cual había sido presentada desde el jueves 23, y agradeció sus 10 años de servicio.

Quienes han promovido las denuncias apuntan que la salida de “la jefa Yessica”, como se le conocía, es un inicio, pero ni de lejos va a terminar —o a empezar— a resolver lo que ocurre al interior de los reclusorios capitalinos, y que hoy afecta particularmente a las mujeres.

“Lo vemos bien porque, de entrada, se ve que el sistema penitenciario nos escuchó, pero esto es solo una acción. Debe seguir una serie de acciones: uno, se debe vigilar que el personal del sistema penitenciario actúe de una manera correcta. Aun cuando una mujer está privada de libertad, sus derechos humanos no por ese hecho se suspenden, y dos, el Estado debe garantizar la seguridad de las mujeres que viven al interior de un penal”, apunta Olivia Garza.

Califica como lamentable las muertes que se sucedieron una a otra recientemente, pero recuerda que no debe haber ninguna por una causa incierta. Añade que la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dolores González Saravia, le prometió una respuesta, que en el caso particular de la queja que ella presentó, tendrá que ser formal, por escrito.

Las mujeres en reclusorios de la CDMX: desigualdad, abandono y temor

Aunque son minoría, la vida para las mujeres al interior de reclusorios capitalinos tiene complejidades añadidas. El crecimiento del hacinamiento y los delitos son comunes a las prisiones de varones, pero ellas además enfrentan una desproporcionada situación de abandono: reciben muy poca visita.

En general, cuando entran en contacto con el sistema de justicia penal, este activa mecanismos que no reconocen sus condiciones de desigualdad, violencia y discriminación, sino que las criminalizan y envían a prisión. La organización EQUIS: Justicia para las mujeres ha documentado que entre 2020 y 2024 el encarcelamiento de mujeres aumentó más del 50 % en México.

“Los reclusorios femeniles enfrentan dificultades diferentes que los de varones, porque no hay visita, hay un abandono hacia las mujeres; eso de alguna manera ayuda a que no nos enteremos de qué está pasando al interior del penal, si no tienen visitas ni quien las defienda desde fuera… Por eso tenemos que estar más atentos de que el sistema penitenciario y los penales de mujeres garanticen sus derechos humanos… están en una situación de doble vulnerabilidad”, señala Garza.

Una de cada tres mujeres está en prisión tras aceptar un procedimiento abreviado, el 48 % de ellas bajo presión. El 90 % ingresa a un reclusorio sin sentencia, y pueden pasar años en el mismo estatus. Al interior, las desigualdades van desde la falta de acceso a la educación hasta las nulas posibilidades de reinserción: 6 de cada 10 consideran que haber estado privadas de la libertad afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral, por ejemplo.

Ellas lo saben bien. Las internas de Santa Martha aseguran que quieren salir, pero al mismo tiempo lidian con un gran miedo a lo desconocido, a ser rechazadas por la familia, a no tener a dónde llegar y a ser juzgadas en su entorno. Saben que no hay oportunidades, pero sí un estigma de por vida, lo que también contribuye al incremento de sus consumos por ansiedad y miedo.

Entre ellas hacen referencia a diversos desenlaces tras salidas sin preparación o contención: quien murió por sobredosis en condición de calle al poco tiempo, quien reincide para regresar, y quien después de 20 años en prisión, se quitó la vida afuera. Algunas comentan que al menos ahí tienen techo y comida segura, pero también mayores probabilidades de comprar sustancias cuando están en consumo, haciendo lo que sea, incluso prostituirse o cumplir “mandados” (agresiones).

En ese contexto, de las seis muertes señaladas, hasta ahora no hay plena certidumbre de cuáles fueron las causas: “no vamos a poder confirmar la información, porque al provenir del propio sistema penitenciario, de alguna manera nos dan la información que ellos quieren, no lo podremos confirmar. Nos parece extraño, las quejas son muchas y cada día llegan más en cuanto a que el sistema penitenciario hoy tiene muchas violaciones a los derechos humanos”, lamenta la diputada panista Olivia Garza.

El cargo Muertes en el penal femenil de Santa Martha: abandono, violencias y negligencia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ante los actos de violencia en la comunidad de San Pedro Ecatepec del municipio de Atlangatepec, el secretario de Gobierno de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, informó que la administración estatal mantiene el compromiso de respetar los acuerdos establecidos con los habitantes de la comunidad donde se proyecta el Polo de Economía Circular para el Bienestar, al tiempo que condenó las agresiones registradas contra técnicos que realizaban estudios especializados como parte de esos compromisos.

Explicó que, durante la última mesa de trabajo entre autoridades estatales y pobladores, se acordó realizar estudios técnicos para que la comunidad pudiera conocer el contenido, alcance y viabilidad del proyecto, así como verificar que no existieran afectaciones al medio ambiente, al agua, a la tierra ni a las localidades cercanas. Para ello, indicó, fueron contratadas empresas y especialistas encargados de efectuar los levantamientos correspondientes.

Sin embargo, señaló que al momento de iniciar dichos trabajos, un grupo de personas, entre las que identificaron a hombres y mujeres que no pertenecen a la comunidad, agredieron físicamente a los técnicos y causaron daños a sus vehículos, por lo que fue necesario activar protocolos de seguridad y brindar atención a las personas lesionadas para rescatarlas de la turba que amenazó con rociarlos de gasolina y prenderles fuego.

Ramírez Hernández indicó que quienes resultaron afectados están en su derecho de presentar las denuncias correspondientes y contarán con el acompañamiento de la Dirección de Defensoría y Asesoría Jurídica del Estado, a fin de garantizar la protección de sus derechos.

El secretario de Gobierno sostuvo que el diálogo con los habitantes continuará de manera permanente y que las autoridades buscarán reunirse con quienes realmente habitan la comunidad y participaron en la firma de la minuta de acuerdos, con el propósito de informarles sobre cada etapa del proyecto.

Asimismo, hizo un llamado a privilegiar la conciliación y el diálogo por encima de la confrontación, al asegurar que el Polo de Economía Circular traerá beneficios para Tlaxcala, como la generación de empleos y derrama económica, además de atender el problema del actual tiradero a cielo abierto ubicado en la zona, el cual, dijo, deberá ser clausurado.

Finalmente, afirmó que los estudios técnicos permitirán validar la viabilidad ambiental del proyecto y que sus resultados serán presentados en una asamblea con los pobladores para despejar dudas sobre su impacto. Reiteró que, de acuerdo con el Gobierno del Estado, la iniciativa cuenta con respaldo de la Federación y cumple con los criterios nacionales e internacionales en materia ambiental.

El cargo Gobierno reitera diálogo y condena agresiones en Atlangatepec apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La titular de la Secretaría de las Mujeres de Tlaxcala, Nidia Cano, reveló que en la entidad se han contabilizado 2 mil 366 casos de violencia contra mujeres, de los cuales el 39.1 por ciento corresponde a adolescentes de entre 12 y 15 años de edad, un sector que concentra la mayor incidencia de este tipo de agresiones, principalmente en secundaria y bachillerato.

La funcionaria informó que durante 2025 la dependencia brindó atención a 509 casos, mientras que en lo que va de 2026 se han registrado y atendido 204 situaciones relacionadas con violencia de género.

Ante este panorama, Cano destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención y sensibilización dirigidas a niñas, adolescentes y mujeres, así como a la sociedad en general, con el propósito de reducir los índices de violencia y promover entornos más seguros.

Explicó que la Secretaría de las Mujeres desarrolla diversas actividades encaminadas a la prevención de las violencias, entre ellas talleres, dinámicas comunitarias y representaciones escénicas que buscan generar conciencia sobre la problemática y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

La funcionaria señaló que estas estrategias forman parte de una nueva etapa de trabajo institucional orientada a impulsar cambios culturales que permitan avanzar en la construcción de una sociedad más justa, incluyente y libre de violencia contra las mujeres.

Finalmente, reiteró que la dependencia mantiene abiertos sus servicios de atención, orientación y acompañamiento para las mujeres que enfrenten alguna situación de violencia, al tiempo que llamó a denunciar cualquier conducta que vulnere sus derechos.

El cargo Preocupa violencia contra adolescentes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La tarde de este miércoles se registró un violento robo en el domicilio del alcalde de San Damián Texóloc, David Sánchez Rincón, donde un grupo de sujetos armados ingresó por la fuerza, agredió a las personas que se encontraban en el inmueble y posteriormente huyó con diversos objetos de valor.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres hombres y una mujer, presuntamente portando armas de fuego, irrumpieron de manera violenta en la vivienda del edil morenista. Durante el atraco, los agresores golpearon con las armas de fuego a las personas presentes para someterlas y facilitar el robo.

Tras consumar el ilícito, los responsables escaparon con rumbo desconocido, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, efectivos de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, quienes desplegaron un operativo para recabar información e intentar localizar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el monto de lo robado. Tampoco se ha dado a conocer el estado de salud de quienes fueron agredidos durante el asalto.

El hecho ha generado preocupación entre habitantes del municipio, debido a que ocurre en un contexto en el que las autoridades locales habían destacado acciones y estrategias en materia de seguridad pública. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

Cabe recordar que en el informe del alcalde desvalijaron su unidad vehicular a unos metros del evento y con la presencia de elementos de seguridad de las diversas corporaciones policiacas.

El cargo Violento asalto en domicilio del alcalde de Texoloc apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la tensión entre grupos participantes impidió el inicio de las votaciones, por lo que representantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) evaluaron las condiciones y determinaron que no existían garantías suficientes para llevar a cabo una elección segura, pacífica y transparente.

Ante la situación, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para evitar que el conflicto escalara y preservar el orden entre los asistentes.

Posteriormente, las autoridades involucradas elaboraron y firmaron un acta circunstanciada de hechos en la que se asentó la suspensión del proceso electivo. Dicho documento servirá como base para que las instancias correspondientes definan una nueva fecha para la reposición de la elección.

Las autoridades electorales reiteraron su compromiso de garantizar que el proceso se desarrolle en un ambiente de legalidad, respeto y gobernabilidad, privilegiando la seguridad de la población y la voluntad de los habitantes de la comunidad.

El cargo Suspenden elección en San Miguel del Milagro tras incidente de violencia apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La millonaria inversión que ha realizado el gobierno del Estado durante la administración que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros no se refleja en la seguridad para los tlaxcaltecas, debido a los altos índices de violencia diaria que se registran en diversos municipios de todo el Estado, consideró el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) en Tlaxcala, César Reyes Chávez.

“El gobierno de Tlaxcala necesita construir acciones donde todos los entes que son responsables de trabajar por la seguridad lo hagan responsablemente y es indispensable aprovechar las inversiones que han hecho en este sentido para que se reflejen resultados. Dejamos ver la gran preocupación que tenemos por los hechos de inseguridad y reiteramos que es indispensable tomar acciones prontas para sobre este grave problema que a diario enfrentamos los tlaxcaltecas ante la inseguridad”.

En este sentido, dijo que la inseguridad que se vive en Tlaxcala debe ser atendida con mayor responsabilidad por el gobierno del Estado y sus municipios para evitar mayores daños sociales y pérdida de vidas de personas.

El empresario expresó una profunda consternación y solidaridad a las familias de las víctimas que perdieron la vida en hechos violentos registrados en diversos municipios del Estado, en especial, al del empresario propietario de una cadena de Cremerias y su esposa que perdieron la vida en un asalto.

“A sus familiares, amigos y colaboradores. Les expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamiento en este momento tan doloroso. Pero hoy más allá de una cifra o una nota informativa, hablamos de vidas humanas, de familias trabajadoras y de empresas generalmente apuestan por Tlaxcala, generan empleo, desarrollo y sustento para las familias tlaxcatecas. Como sector empresarial, demandamos como gobierno reconoce que hay un problema de inseguridad en el Estado para que de la misma manera se busquen soluciones al problema”.

Finalmente, Reyes Chávez dijo que la expresión de inseguridad en los diferentes municipios representa un reto que debe atenderse con responsabilidad por parte del estado y sus municipios a través de mayor coordinación en los trabajos de inteligencia, vigilancia y seguridad.

El cargo En Tlaxcala no se refleja la inversión en seguridad ante la violencia diaria: COPARMEX apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Ante los hechos violentos que se registraron en las últimas semanas donde se contabilizaron múltiples asesinatos de empresarios y ciudadanos, la coordinadora estatal del partido Movimiento Ciudadano en Tlaxcala, Danae Figueroa exigió al gobierno del Estado y sus municipios, a no normalizar la violencia en las calles, por el contrario, exigió mayor coordinación y resultados de las autoridades para recuperar la paz social de los tlaxcaltecas.

En este sentido, la coordinadora del partido naranja llamó a los tres órdenes de Gobierno a actuar con acciones contundentes que eviten realmente la muerte de más personas.

“Expreso mi más profunda preocupación e indignación ante los hechos de violencia que se ha registrado en los últimos días en nuestro estado. La violencia no puede convertirse en parte de nuestra cotidianidad, ni tampoco podemos permitir que el miedo se apodere de nuestras comunidades. Hoy, más que nunca, Tlaxcala necesita instituciones fuertes, acciones contundentes y una estrategia de seguridad que realmente garantice paz y tranquilidad a las familias tlaxcaltecas”.

Danae Figueroa dijo que “desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que actúen con responsabilidad, coordinación y transparencia”.

Afirmó que la ciudadanía merece respuestas claras, resultados reales y justicia para sus víctimas, por ello, el partido se solidariza con las familias que hoy atraviesan momentos de dolor, de incertidumbre y sobre todo preocupación.


“Ninguna cifra puede minimizar el impacto humano que deja cada acto de violencia en Tlaxcala. Necesitamos reconstruir la confianzaanza ciudadana, fortalecer la prevención, atender las causas sociales y garantizar que nadie, nadie esté por encima de la ley. La paz no debe de ser solo un discurso. Debe de reflejarse en las calles, en los hogares y en la vida diaria de las y los ciudadanos”.

Finalmente, Danae Figueroa afirmó que Movimiento Ciudadano seguirá alzando la voz, acompañando a la ciudadanía y trabajando por un Estado donde prevalezca la justicia, la seguridad y la dignidad para todas las personas.

El cargo Movimiento Ciudadano exige al Gobierno no normalizar la violencia en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La madrugada en Tlaxcala se tornó violenta con el asesinato de Héctor y Juana, conocidos dueños de una cadena de cremerias en el estado, y horas más tarde ultimaron a balazos también a un hombre en el municipio de Tepeyanco.

La ola de multihomicidios se registró durante la madrugada cuando la mayoría de tlaxcaltecas descansaban en su casa, estos crímenes ya son investigados por personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes analizan y revisan las cámaras de seguridad para dar con los responsables de estos certeros asesinatos.

El primer doble asesinato se registró en el municipio de Panotla, donde Héctor N. y Juana N., ambos de 49 años y propietarios de una cadena de cremerías, fueron ultimados a balazos por al menos cinco sujetos armados que ingresaron a su vivienda presuntamente para robar.

Aunque llegaron paramédicos para brindar la atención médica prehospitalaria, el matrimonio murió en el transcurso del traslado al hospital debido a la gravedad de las lesiones, el matrimonio dejó en orfandad a dos hijos.

Horas después en el municipio de Tepeyanco se registró la ejecución de un hombre afuera de un domicilio.

En ambos casos asistieron elementos de la Guardia Nacional, ejército mexicano, marina, policías estatales, municipales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El cargo Madrugada violenta en Tlaxcala apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.