Durante este fin de semana, postes de luz y telefonía de distintos municipios y comunidades de Tlaxcala fueron tapizados con propaganda alusiva a Alfonso Sánchez García, de acuerdo con denuncias difundidas por vecinos a través de redes sociales.

Las imágenes y testimonios compartidos muestran materiales promocionales colocados directamente sobre infraestructura destinada a servicios públicos, situación que generó cuestionamientos entre habitantes, quienes señalaron además la presencia de brigadas encargadas de distribuir y colocar la propaganda.

Los denunciantes pidieron a las autoridades electorales investigar quién organiza estas brigadas, quién financia los materiales y bajo qué condiciones se está realizando su colocación, particularmente porque los hechos ocurren en un contexto de intensa actividad política rumbo a la definición de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala.

¿Qué dice la ley?

La colocación de propaganda en postes y otros elementos del equipamiento urbano no es un asunto menor. El artículo 174 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala establece restricciones para fijar, colocar, pintar o grabar propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario, independientemente del régimen jurídico bajo el que se encuentren.

Una disposición similar está contemplada en el ámbito federal. El artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece que la propaganda electoral no podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario.

Por ello, la colocación de propaganda sobre postes utilizados para servicios públicos podría representar una violación a la normativa electoral, aunque corresponderá al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y, en su caso, a las autoridades competentes, determinar si los materiales constituyen propaganda sujeta a dichas disposiciones y establecer las responsabilidades correspondientes.

Piden investigar a las brigadas

Los vecinos consideraron necesario que la autoridad no sólo retire los materiales, sino que determine quién ordenó su colocación, quién participó en las brigadas y de dónde provinieron los recursos utilizados para imprimir, trasladar y distribuir la propaganda.

La inconformidad también se relaciona con el uso de infraestructura pública para fines de promoción política, pues además de generar contaminación visual, la colocación de carteles y adhesivos en postes puede afectar espacios destinados exclusivamente a la prestación de servicios.

Aunque algunos denunciantes han calificado los hechos como un posible “delito federal”, jurídicamente corresponde a las autoridades competentes determinar la naturaleza de la conducta y si existe alguna infracción administrativa, electoral o responsabilidad de otra índole.

Mientras tanto, las imágenes difundidas durante este fin de semana colocan nuevamente bajo escrutinio la promoción política de Alfonso Sánchez García y el cumplimiento de las reglas electorales en Tlaxcala.

Los ciudadanos que hicieron públicas las denuncias insistieron en que la competencia política debe desarrollarse dentro de los cauces legales y que ningún aspirante debe obtener ventaja mediante el uso indebido de espacios o infraestructura urbana.

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