La falta de legislación integral en el Código Penal por diputados del Congreso del Estado permite que en 2026 en Tlaxcala aún se permita el matrimonio infantil ó la unión infantil forzada, a pesar de los avances que el Sedif reporta para la protección de las infancias a través de la Procuraduría Estatal y Municipales que protegen a niñas, niños y adolescentes.

El rezago legislativo data desde 2019 desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los Congresos locales deben empatar los Códigos Penales con la Constitución Política Mexicana.

El desinterés de los diputados evidencia a los legisladores que han pasado por una curul y no les importó empatar al 100 % el Código Penal local con el Federal, por lo que aún existe un vacío legal que no tipifica el delito de la cohabitación forzada de niñas, niños y adolescentes.

Tlaxcala forma parte de la lista de 25 estados que aún tienen pendiente sancionar este delito de manera integral, pues aún existen vacíos legales en el código penal, lo que permite que agresores queden impunes frente a la violencia sicológica, sexual y económica que ejercen hacia ellas.

Sólo los estados de Campeche, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí yTamaulipas incluyen en sus códigos penales el delito de cohabitación forzada.

La pena establecida en el Código Penal Federal impone de ocho a 15 años de prisión para quien obligue a unirse a personas menores de 18 años con el fin de convivir en forma constante y equiparable al matrimonio.

De acuerdo con datos publicados por el gobierno federal, al menos 27 mil 800 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años estaban casadas o unidas en 2020, es decir, 7.5% de las adolescentes indígenas en el país.

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