Es probable que no se percaten de que la Constancia de Mayoría para Víctor Garrido Lechuga se convirtió en su acta de defunción. Lo que se vivió ayer en Ocotlán no fue otra cosa que un referéndum: ese procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia y la gente ya les demostró su estado anímico respecto de su labor y trato.

Todos conocíamos el contexto de esta disputa. En medios locales como este se han documentado los antecedentes del conflicto en torno a la CAPAO, destacando irregularidades durante la gestión de José Julio Buendía Martínez como ex titular, que todos en el circulo cercano a ASG afirman es uno de sus incondicionales.

En un artículo previo expuse que, tras su periodo al frente de la CAPAO (alrededor de 2022-2024), quedó pendiente una auditoría exhaustiva por millones de pesos sin comprobar en el manejo de recursos del organismo. Buendía, pieza central para desestabilizar y lograr que la elección de Garrido fuera desconocida, nunca rindió cuentas claras al concluir su administración, lo que generó sospechas de desvío o falta de comprobación de gastos.

Habitantes de Ocotlán exigieron respuestas al Ayuntamiento de Tlaxcala en plazos cortos, argumentando opacidad en el uso de ingresos por cobro del servicio de agua y posibles malversaciones. En publicaciones posteriores en redes sociales, los propios pobladores vincularon directamente esta deuda de rendición de cuentas con la disputa electoral reciente. ¿Alguien duda que Víctor Hugo Gutiérrez, secretario del Ayuntamiento, metió las manos e intentó sembrar a su gente en esa posición?

Tras la victoria de Víctor Garrido Lechuga en agosto de 2024 con 588 votos (Planilla Azul), esa elección fue anulada por el Tribunal de Justicia Administrativa en septiembre de 2025 por “irregularidades procesales”. Esto abrió paso a una nueva contienda en 2026, con la complacencia del Poder Judicial Federal —que puso especial atención en el caso, pese a tener asuntos con 10 años de espera— y de los nuevos miembros del Poder Judicial, que se dejaron seducir por alguien del Ayuntamiento capitalino.

Varios en la capital interpretamos que la intención detrás de anular el triunfo de Garrido y promover candidatos afines a la presidencia municipal de Tlaxcala era evitar o bloquear una auditoría profunda a la gestión pasada de Julio Buendía. Los dos candidatos contra los que compitió Garrido en esta reposición —Arturo Rojas Garfias (Planilla Morada) y Pedro Rosete Ramos (Planilla Blanca)— resultan ser trabajadores o aliados del Ayuntamiento capitalino.

Pero eso no es del todo cierto. Personalmente creo que, más allá de una auditoría que exponga el desvío de más de 10 millones de pesos, el conflicto se centra en el nuevo pozo de agua en Tlacomulco, que representará ingresos millonarios para las autoridades comunitarias.

La inconformidad de la gente se hizo evidente en septiembre de 2025, cuando pobladores marcharon defendiendo la autonomía de la CAPAO y recordando que Julio Buendía nunca rindió cuentas en su paso por el organismo, dejando presuntamente un “hueco” financiero que ahora se busca proteger mediante control político.

Ahora todos nos preguntamos: ¿de qué le sirvió a Julio Buendía interferir en la elección? De poco o nada le sirvió el sabotaje y el uso indebido de recursos comunitarios. Recordemos que él sigue al frente como presidente de la comunidad de Ocotlán.

Alfonso Sánchez García debe estar en un momento agridulce: molestia porque sus “asesores” lo lanzaron a una pelea que creyeron sencilla, pero que solo exhibe sus limitaciones, flaquezas y la pobreza de sus estrategas; y al mismo tiempo gratitud, porque de cara al 2027 le ha salido barato descubrir lo solo que se encuentra y lo mal asesorado que está.

La disputa por la presidencia de la CAPAO trasciende lo electoral: se trata del control sobre ingresos millonarios del agua, el nuevo pozo en Tlacomulco, blindar posibles responsabilidades por falta de comprobación de gastos durante la era Buendía y hasta un “calentamiento” para el grupo de Alfonso Sánchez García rumbo al 2027. Lo perdieron todo

El cargo La CAPAO: un Referéndum apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En una contienda marcada por la tensión política y la defensa de la autonomía comunitaria, Víctor Garrido Lechuga volvió a imponerse como presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ocotlán (CAPAO), superando ampliamente los resultados de su victoria anterior.

De acuerdo con la información compartida por el propio Garrido en entrevista telefónica, la Planilla Azul —que él representa— obtuvo 1,553 votos, un margen significativamente mayor al de la elección de 2024, donde ganó con 588 sufragios antes de que el Tribunal de Justicia Administrativa anulara el proceso en septiembre de 2025 por presuntas irregularidades procesales. El magistrado que decidió eso no logró su ratificación.

En esta reposición del proceso electoral, celebrada este día, las planillas opositoras quedaron muy atrás: la Planilla Blanca, encabezada por Pedro Rosete Ramos obtuvo apenas 151 votos, mientras que la Planilla Morada, liderada por Arturo Rojas Garfias se conformó con 904 votos.

Ambas planillas opositoras habían sido identificadas por fuentes comunitarias como trabajadores de la Presidencia Municipal de Tlaxcala, ya que ambos laboraban en áreas como Ecología y Obra Pública, quienes supuestamente renunciaron a sus cargos para participar.

Esta intervención oficial ha sido calificada por habitantes de Ocotlán como un intento de control sobre el organismo descentralizado, que maneja ingresos millonarios por el servicio de agua y proyectos clave como el nuevo pozo en Tlacomulco.

A pesar de denuncias de movilización masiva, reparto de despensas, electrodomésticos y apoyos económicos por parte de los contendientes afines al Ayuntamiento, la Planilla Azul triunfó basándose en el respaldo ciudadano, el hartazgo contra la opacidad pasada y una campaña de convencimiento puerta a puerta sin recursos materiales equivalentes.

Con esta victoria, Garrido ratificó su compromiso de avanzar con una auditoría pendiente a la gestión anterior de Julio Buendía Martínez -ex titular de la CAPAO y actual presidente de la comunidad-, por millones de pesos sin comprobar.

La elección refuerza la demanda vecinal por mantener la CAPAO independiente del control municipal, en un contexto donde el servicio de agua en Ocotlán —una de las comunidades más pobladas de la capital tlaxcalteca— sigue siendo prioridad. Hasta el cierre de esta edición la planilla ganadora esperaba que los resultados oficiales se publicaran por la Comisión Electoral del Ayuntamiento de Tlaxcala.

El cargo Arrasa Víctor Garrido; Planilla Azul gana elección de la CAPAO contra ASG apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El resultado no solo asegura la continuidad del servicio hídrico en la comunidad, sino que resalta el rol decisivo de los habitantes de Ocotlán, a quienes Garrido Lechuga dedicó un emotivo agradecimiento por su respaldo inquebrantable.

“Estamos muy satisfechos con los resultados, que creemos favorecen a la comunidad de Ocotlán. Agradecer a la población por cómo nos han sostenido, y ojalá lo sigan haciendo, porque nosotros como CAPAO estamos luchando por los intereses de nuestra comunidad”, expresó Garrido Lechuga durante una entrevista exclusiva para este portal donde detalló los pormenores de la reunión celebrada en Segob.

“Los vecinos que se inconformaron por la situación acudieron y defendieron la postura para beneficiar a la comunidad. Creo que es algo bien importante. Hubo mucho diálogo, un poco de tensión, pero ganó la buena fe”.

Este logro llega en medio de un conflicto prolongado que ha puesto en jaque la operación de la CAPAO desde septiembre pasado. Tras la elección de Garrido Lechuga en agosto de 2024, con 588 votos a favor de la Planilla Azul, una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa declaró nula su designación, lo que derivó en protestas, clausuras temporales de oficinas y designaciones interinas.

La tensión escaló con la imposición de sellos por parte del Ayuntamiento de Tlaxcala el 27 de septiembre, motivada por disputas sobre pagos de energía eléctrica y suministro irregular de agua, afectando a unos 27 mil habitantes.

Sin embargo, mesas previas de diálogo, iniciadas el 30 de septiembre con autoridades municipales, estatales y federales, allanaron el camino para esta resolución con el respaldo federal.

Los tres acuerdos, firmados por todas las partes involucradas, marcan un alto a la incertidumbre y priorizan la transparencia y la legalidad;

1. Continuidad operativa hasta resolución judicial definitiva: El Ayuntamiento de Tlaxcala y la CAPAO se comprometen a mantener el statu quo actual hasta que se agoten todas las instancias del juicio de amparo 521/2025 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. “Esto quiere decir que hasta que se agoten las últimas instancias legales, vamos a poder laborar en CAPAO”, aclaró Garrido Lechuga, enfatizando que el proceso podría incluir apelaciones y no se detendrá en la primera resolución. “Las autoridades están en el entendido de que se va hasta la última instancia”.

2. Fiscalización integral para mayor transparencia: De común acuerdo, se realizarán auditorías exhaustivas a los ingresos y egresos de la CAPAO, cubriendo la administración anterior (de septiembre de 2022 a septiembre de 2024) y la actual (de septiembre de 2024 a septiembre de 2025). “Nos van a fiscalizar al anterior y a nosotros. Estamos en la mejor disposición, ya que queremos transparencia y eso ha sido una de nuestras banderas”, señaló el presidente, reafirmando el compromiso de la comisión con la rendición de cuentas.

3. Regularización fiscal y creación de figura jurídica: La actual administración de la CAPAO gestionará ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) estatal la regularización de su estatus fiscal y la constitución de una entidad legal que permita expedir comprobantes fiscales válidos, fortaleciendo así su operatividad.
Además, se anunció que temas pendientes como la construcción del cuarto pozo de extracción se abordarán en mesas de trabajo subsiguientes.

El cargo Triunfo para la Comunidad: CAPAO Logra Acuerdos Históricos con Segob Federal Gracias al Apoyo Ciudadano apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

En el TJA, el Pleno estará conformado por tres magistraturas electas de manera libre, directa y secreta, su presidencia será rotativa entre sus integrantes cada tres años según el orden descendente de votos obtenidos, asimismo, precisa que las licencias temporales menores a un mes serán cubiertas internamente, mientras que las mayores requerirán aprobación del Pleno o de la Comisión Permanente, sin exceder un año. También se establecen procedimientos claros para la destitución y renuncia de magistraturas, garantizando el funcionamiento, servicio y estabilidad del TJA.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) sigue un esquema similar: será integrado por tres magistraturas con las mismas reglas de elección y reelección, la presidencia será rotativa y suplencias definidas. Si una magistratura falta por más de un mes, la vacante se cubre con la persona del mismo género que obtuvo el segundo lugar en la votación; esta modificación a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, precisa que la designación de las magistraturas del TCyA atiende a intereses superiores a los de una colectividad, lo cual prevé de un Tribunal mas eficaz, imparcial y objetivo, redistribuyendo competencias entre las magistraturas que lo integran en contraste al sistema tradicional con el que contaba el TCyA.

Estas reformas tienen como objetivo armonizar ambos ordenamientos con la reforma constitucional al Poder Judicial Local publicada el 10 de diciembre de 2024, el trámite legislativo, precisa que el Decreto será enviado al Ejecutivo Estatal para su sanción y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, por lo que, las disposiciones entrarán en vigor de manera inmediata, alineando la integración del Poder Judicial local con los principios y procedimientos normados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y asegurando la correcta implementación de los mecanismos de justicia administrativa y laboral en el Estado de Tlaxcala.

El cargo Aprueba LXV Legislatura reformas al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal de Conciliación y Arbitraje apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El dictamen señala que las reformas responden a la necesidad de precisar la integración y las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA) respectivamente, ajustando su correspondiente marco normativo para garantizar mayor certeza en la conformación de los referidos tribunales. Asimismo, plantea la derogación de artículos que han perdido vigencia, así como la incorporación de disposiciones que dan cumplimiento a la reforma constitucional de fecha 10 de diciembre de 2024.

Se detallan además los procedimientos y requisitos para la elección y reelección de las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), la conformación de estos organismos internamente, la duración de sus cargos, la designación de presidencias y suplencias, los procesos y límites de licencias, los procedimientos de destitución, las excepciones en caso de renuncias, entre otras reglas.

Una vez aprobado en Comisión, el dictamen continuará con el proceso legislativo correspondiente y será turnado al Pleno del Congreso del Estado.

El cargo Armoniza Comisión de Puntos Constitucionales leyes del Tribunal de Justicia Administrativa y de Servidores Públicos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Por incumplir los principios de excelencia, objetividad y honestidad en sus funciones, así como en actos u omisiones que afectaron, incluso, el patrimonio del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el Pleno del Congreso del Estado determinó no ratificar a María Isabel Pérez González y a Marcos Tecupacho Domínguez como magistrados de ese organismo.

En el caso de María Isabel Pérez González, el dictamen emitido por la Comisión Especial creada exprofeso por el Congreso local señaló lo siguiente: “Es claro que ha incumplido la mayoría de los principios que debieran orientar su proceder, y siendo así, puesto que los aspectos señalados se encuentran probados con las documentales que obran en actuaciones, se propone no ratificar a la licenciada María Isabel Pérez González en el cargo de magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado”.

Respecto de Marcos Tecupacho Domínguez, el dictamen respectivo también refirió diversas irregularidades en su actuación como magistrado, pero además, el principio de la paridad de género para que la magistratura sea ocupada en el futuro por una mujer.

“La falta de ética y profesionalismo con el que se ha conducido en el desempeño de su encargo, así como la falta de cumplimiento de la legislación laboral, que nos hace arribar a proponer su no ratificación, se suma un deber constitucional que tenemos como poder soberano, enfocado a quitar cualquier obstáculo que impida alcanzar la paridad de género en los órganos colegiados, de ahí que también este elemento lo tomamos en consideración para proponer la no ratificación del magistrado Marcos Tecuapacho”, estableció el dictamen respectivo aprobado por el Pleno.

Con respecto al principio de la paridad de género, la Comisión Especial del Congreso estableció: “Se hace notar al Pleno de esta asamblea, que en el supuesto de evaluar de manera favorable la ratificación del magistrado Marcos Tecuapacho Domínguez, resultaría contrario al principio constitucional de paridad de género en la integración de los órganos de Gobierno que son electos mediante el ejercicio de facultades constitucionales y legales por los Poderes de esta entidad federativa”, precisó el dictamen.

Lo cierto es que en los dictámenes respectivos, de acuerdo con informes remitidos por el Órgano Interno de Control del mismo TJA, ni la magistrada ni el magistrado actuaron incumplieron con la mayoría de los principios que debieran orientar su proceder, situación por la cual la propuesta de la Comisión fue no ratafircarlos en las magistraturas.

Esos principios se refieren a los de eficiencia, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia, buena reputación, objetividad, imparcialidad, independencia, capacidad y competencia.

Entre las irregularidades más graves que ambos se les detectaron, destacan las irregularidades en la adquisición del inmueble destinado para ser la sede del Tribunal de Justicia Administrativa.

Lo anterior, porque la Comisión Especial dio por bueno el avalúo número 6366 emitido por la corredora pública número 2 en el estado de Tlaxcala, Nora Mendoza Arrevillaga, respecto del inmueble ubicado en Prolongación Zahuapan S/N, San Francisco Tlacualoyan, del municipio de Yauhquemehcan, en el que se determinó que el costo del inmueble era de 4 millones 172 mil 400 pesos, y se pagó por él la cantidad de 6 millones 500 mil pesos.

Es decir, “existió un pago por sobre costo del valor comercial por aproximadamente 2 millones 327 mil 600 pesos, transgrediendo flagrantemente los principios de eficacia, eficiencia, honestidad invulnerable, honorabilidad, idoneidad y rendición de cuentas.

No sólo eso, sino que la Comisión Especial hizo una búsqueda para conocer el estado actual del inmueble en el que supuestamente se edificará la sede del TJA, y encontró que “a la presente fecha en dicho terreno continúa en proceso de edificación, sin que se haya concluido con el proyecto”.

Por otra parte, la Comisión Especial arribó a la conclusión de que que la magistrada y el magistrado evaluados se han conducido “con intención de engañar a las diversas instancias administrativas en sus procesos de vigilancia, visitas, estadística, disciplina, conflictos de trabajo o en el cumplimiento a las políticas judiciales implementadas, destacadamente las de combate al nepotismo”. Ello, porque han contrado personal con el argumento de que existe suficiencia presupuestaria.

A más de lo anterior, la Comisión Especial observó que ambos aprobaron un ejercicio de control difuso de la Ley Orgánica del TJA, extralimitándose en sus atribuciones. Ello, porque no se desahogaron los procedimientos correspondientes para nuevos nombramientos en la Secretaría General de Acuerdos y en la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal.

Ambos magistrados resolvieron, por mayoría, la permanencia en el cargo de Rodolfo Montealegre Luna y Yenisei Esperanza Flores Guzmán, respectivamente, por lo que actuaron “sin dar cumplimiento a lo establecido en los artículos transitorios de la Ley Orgánica”.

Cabe destacar que los dictámenes fueron aprobados por el Pleno del Congreso del Estado, con lo cual, ambos magistrados concluirán su responsabilidad el próximo 31 de agosto sin la posibilidad de ratificación.

En próximos días el Poder Ejecutivo deberá emitir la convocatoria para para elegir a las personas titulares de las dos nuevas magistraturas, quienes deberán aprobar los exámenes públicos de oposición respectivo.

El cargo Determina Congreso no ratificar a dos magistrados del TJA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con una inversión inicial de 19.8 millones de pesos, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala concluirá la primera etapa para la construcción del inmueble que albergará a ese órgano jurisdiccional.

De acuerdo con el informe que dio a conocer el presidente del Tribunal, Elías Cortés Roa, durante este año se designó para el contrato de obra un presupuesto de 19 millones 868 mil 106.28 pesos.
“El proyecto registra un avance físico del 89.83 por ciento al 30 de noviembre del presente año, integrado por 17 estimaciones presentadas por la Empresa Constructora con una ejecución financiera de 17 millones 846 mil 558.66 pesos, la cual cuenta con un importe por ejercer al 30 de diciembre, conforme a la fecha de término del contrato, de 2 millones 21 mil 547.62 pesos”, refiere el informe.

De esta manera, Cortés Roa asegura que se avanza “hacia la consolidación de este proyecto de gran magnitud”, que beneficiará a quienes laboran en las diferentes áreas y unidades jurisdiccionales y administrativas de este organismo autónomo, así como a la sociedad en general al acudir a instalaciones dignas en búsqueda de la justicia.

“Toda vez que el crecimiento del Tribunal no sólo se traduce al aumento del personal, sino en el cumplimiento de metas programáticas y presupuestales, así como en el número de expedientes tramitados y resueltos, por lo que, conscientes de la necesidad de las y los justiciables de que se les imparta justicia en materia administrativa, y de la importancia que tiene la actividad encomendada a este órgano jurisdiccional en la prevención y combate a la corrupción, ha sido imperativo contar con un espacio propio que nos permita adaptarnos a las necesidades y exigencias de éstos”, indica.

Cabe destacar que el inmueble se construirá en un terreno de más de 5 mil metros cuadrados, que está ubicado en la localidad de Atlihuetzía, perteneciente al municipio de Yauhquemehcan.
A decir del presidente de ese órgano jurisdiccional, Elías Cortés Roa, la guerra entre Rusia y Ucrania provocó un alza en el costo de los insumos para la construcción del edificio que albergará al TJA, pues de los 120 millones proyectados en un inicio, ahora la previsión es de 180 millones de pesos.

El cargo A primera etapa de construcción del Tribunal de Justicia Administrativa, 19.8 mdp: Elías Cortés apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Tlaxcala estrechó lazos de colaboración internacional con el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana (Copaju), con la finalidad de impulsar la profesionalización del personal del órgano jurisdiccional a través del respeto y aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en justicia administrativa.

Mediante la plataforma en línea Zoom, el Magistrado Presidente del Tribunal, Elías Cortés Roa expuso que una de las labores más importantes de este órgano autónomo es promover la profesionalización y especialización de sus integrantes a través de la capacitación, encaminada a mejorar el desempeño de sus funciones.

Por ello, reconoció el liderazgo del presidente del Copaju, Roberto Andrés Gallardo Juárez, al mismo tiempo que, le agradeció su respaldo para la formalización de este convenio internacional en materia administrativa, que favorecerá también a la ciudadanía en general.

A su vez, el también Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Gallardo Juárez mencionó que desde la Copaju asumen el compromiso de este convenio para la formación profesional en el segmento de los derechos sociales, “quedamos a plena disposición de las autoridades del TJA para contribuir al mejoramiento de las condiciones y conocimiento de los derechos sociales y de las prácticas del Tribunal en pro de una sociedad justa, igualitaria y armoniosa”.

También participó en este acto protocolario el director del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del TJA, Jesús Zúñiga González; y la Magistrada del Tribunal Superior de Tunja, Colombia y miembro del Copaju, María Julia Figueredo Vivas.

El cargo Estrecharon TJA Y COPAJU Lazos De Colaboración Internacional apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Durante el acto protocolario efectuado en la Sala “Lucio Cabañas Barrientos” de la Secretaría, el Magistrado Presidente del Órgano Jurisdiccional, Elías Cortés Roa refirió que con esta firma se busca promover intercambios académicos con instituciones de educación superior; así como establecer programas de servicio social y prácticas profesionales, en materia de justicia administrativa.

Puntualizó que, se sumarán esfuerzos con el sector educativo para dar a conocer mediante pláticas, conferencias y capacitaciones lo relacionado con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a fin de abatir la corrupción, “el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar mejores escenarios de convivencia social y una armonía interinstitucional”.

Mientras, el titular de la SEPE-USET, Homero Meneses Hernández destacó que este trabajo conjunto busca que quienes ya laboran tengan acceso a diplomados, licenciaturas y posgrados, “es una enorme fortaleza para nosotros porque ampliamos la cobertura y logramos a través de las instituciones, profesionalizar y entregar grados académicos efectivos para el desarrollo de su función”.

Con ello, acordaron la realización de cursos, seminarios, foros, talleres, conferencias magistrales, así como la generación de la oferta educativa de licenciatura y posgrado a través de las instituciones que integran la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Tlaxcala (Coepes).

Estuvieron presentes los directores del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Jurídico del TJA, Jesús Zúñiga González y Remigio Vélez Quiroz, respectivamente; el secretario particular de Presidencia, Yovani Reyes Molina y el proyectista, Roberto Méndez Espinoza; así como la jefa de Departamento de Educación Superior de la SEPE-USET, Sandra Morelos Arellano, entre otras autoridades.

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