La directora del colectivo Mujer y Utopía A.C., Edith Méndez, afirmó que, tras más de dos décadas de trabajo para visibilizar la trata de personas en Tlaxcala, los gobiernos continúan sin construir una estrategia integral y de cero tolerancia que permita combatir de manera efectiva este delito, al tiempo que mantienen cerrados los espacios de diálogo con víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

La activista señaló que, desde hace más de 20 años, organizaciones civiles han documentado y colocado en la agenda pública el contexto real que enfrenta la entidad; sin embargo, sostuvo que las narrativas oficiales no corresponden con la realidad que viven las víctimas ni con los resultados de las acciones emprendidas por las distintas administraciones.

“Constantemente observamos que no coinciden las narrativas de los gobiernos con el contexto real. Las acciones que se implementan no están dando una respuesta ni modificando los patrones que se viven”, expresó.

Méndez consideró que uno de los principales obstáculos ha sido la falta de disposición de las autoridades para escuchar a la sociedad civil y a las personas sobrevivientes de este delito, pese a que ambos sectores han desarrollado propuestas para fortalecer la prevención, la erradicación y la sanción de la trata de personas.

En ese sentido, cuestionó qué acciones concretas está dispuesto a implementar el gobierno de manera coordinada con las víctimas rescatadas y las organizaciones especializadas para generar resultados reales y sostenibles.

La directora de Mujer y Utopía recordó que esta problemática no es nueva y que, desde principios de los años 2000, la sociedad civil impulsó el reconocimiento de la trata de personas como un problema grave, así como la tipificación del delito, insistiendo en la necesidad de reconocer las distintas modalidades de explotación, como la sexual, laboral, la mendicidad forzada y otras formas de abuso.

Asimismo, señaló que los operativos realizados en hoteles, bares y otros establecimientos tampoco representan una estrategia inédita, pues acciones similares se han ejecutado en administraciones pasadas sin que ello haya significado una disminución sostenida del problema.

Edith Méndez recordó que el Consejo Contra la Trata de Personas en Tlaxcala fue instalado alrededor de 2015 y que Mujer y Utopía participó inicialmente en ese espacio. No obstante, explicó que la dinámica institucional terminó por obstaculizar el trabajo conjunto, motivo por el cual la organización decidió retirarse.

Finalmente, sostuvo que, tanto en el gobierno actual como en los anteriores, las acciones emprendidas han resultado insuficientes para enfrentar un delito que continúa afectando a la entidad, al insistir en que la falta de una estrategia integral y de una verdadera coordinación con la sociedad civil mantiene pendiente una respuesta efectiva frente a la trata de personas.

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Durante la presentación de resultados en los Diálogos Circulares, el fiscal especializado Óscar Braulio Ángulo Terova informó que, en la actual administración, se han obtenido 37 sentencias condenatorias, que suman mil 16 años de prisión y 14 mil 500 UMAs en multas por el delito de trata de personas.

También destacó la detención y vinculación a proceso de Christopher Jesús N. y Marcelo N. por presunta pornografía infantil, además de señalar que, mediante el operativo “Mujeres Libres de Violencia”, fueron entrevistadas 28 mujeres para detectar posibles casos de riesgo.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre cuántas redes de trata operan en la entidad, cuántos tratantes han sido identificados y si se han congelado cuentas bancarias de estas organizaciones, el fiscal se limitó a responder que esa información forma parte de las investigaciones y no puede hacerse pública.

La falta de respuestas contrastó con el discurso de transparencia que encabezó la conferencia, dejando sin claridad si, además de las sentencias obtenidas, la Fiscalía ha logrado desarticular las estructuras criminales que históricamente han operado este delito en Tlaxcala.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Marrufo, afirmó que la regulación y atención de la prostitución en la vía pública es una responsabilidad que compete directamente a los ayuntamientos, al señalar que, hasta el momento, ningún municipio del sur del estado ha informado sobre acciones para homologar este concepto en sus Bandos de Policía y Gobierno o solicitar apoyo de la autoridad estatal para realizar operativos.

En los diálogos circulares, el funcionario sostuvo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha recibido reportes de municipios que hayan realizado modificaciones a su normatividad o implementado estrategias para atender esta problemática, pese a que existen puntos plenamente identificados donde se ejerce la prostitución.

Pérez Marrufo mencionó que entre esos sitios se encuentran tramos de la Vía Corta y de la carretera con dirección a Acapulco, donde de manera recurrente mujeres y hombres ofrecen servicios sexuales en la vía pública.

Aunque insistió en que la competencia es municipal, reconoció que el combate a este fenómeno requiere corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. No obstante, subrayó que corresponde a los ayuntamientos iniciar las acciones y, en caso de requerir respaldo, solicitar formalmente la participación de la autoridad estatal.

“Es un tema netamente municipal, ellos tienen que actuar en consecuencia”, enfatizó.

Al ser cuestionado sobre si algún municipio ya había emprendido operativos para retirar a las personas que ejercen la prostitución en espacios públicos, respondió que no existe información al respecto.

“No tenemos conocimiento de que algún municipio nos haya dicho: ‘Ya hice mi operativo, necesito que me apoyen’. Si lo hacen, con gusto participaríamos para retirar a las damas o caballeros que ejercen la prostitución e invitarlos a retirarse o, en su caso, ponerlos a disposición del juez calificador o juez de paz para que determine lo procedente”, explicó.

Los municipios del sur de Tlaxcala han sido señalados por la presencia constante de personas que ejercen la prostitución en carreteras y zonas de alta circulación, sin que hasta ahora se conozcan acciones coordinadas para atender esta situación.

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El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros habla de coordinación, operativos y estrategias de seguridad. Pero la pregunta es inevitable: ¿dónde están los resultados que permitan afirmar que Tlaxcala dejó de ser referente nacional por la trata de personas?

No basta con presentar cifras de reuniones de seguridad o difundir boletines sobre acciones aisladas. Lo que la ciudadanía espera es una disminución evidente del delito, el desmantelamiento de las organizaciones criminales, sentencias ejemplares y, sobre todo, comunidades donde las familias dejen de vivir con el temor de que sus hijas e hijos puedan convertirse en víctimas.

La trata de personas no es un delito cualquiera. Es uno de los negocios criminales más lucrativos y crueles del mundo. En Tlaxcala, además, representa una pesada carga histórica que ha deteriorado la imagen del estado durante décadas. Por eso resulta insuficiente que el combate al problema permanezca, para muchos ciudadanos, más visible en el discurso institucional que en cambios perceptibles en la realidad cotidiana.

Mientras el gobierno presume avances en diversos rubros, la lucha contra la trata parece seguir siendo una asignatura pendiente. No porque no existan acciones, sino porque sus resultados aún no logran convencer a una sociedad que exige hechos y no promesas.

La confianza no se construye con campañas de comunicación. Se construye cuando las víctimas encuentran justicia, cuando las redes criminales dejan de operar, cuando las comunidades vulnerables reciben protección efectiva y cuando los responsables enfrentan consecuencias reales.

Tlaxcala merece dejar de ser noticia por este delito. Pero ese objetivo no se alcanzará con conferencias de prensa ni con mensajes optimistas. Se logrará únicamente cuando las políticas públicas sean capaces de traducirse en resultados verificables.

En la lucha contra la trata de personas no hay espacio para la autocomplacencia. Mientras exista una sola víctima, cualquier discurso de éxito será, cuando menos, prematuro.

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El coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que la estrategia para combatir el delito de trata de personas en Tlaxcala va más allá de los operativos visibles realizados en hoteles, pues forma parte de una intervención integral basada en inteligencia financiera, investigación criminal y colaboración con autoridades nacionales e internacionales.

El funcionario adelantó que esta semana el Gobierno del Estado presentará un informe sobre las acciones emprendidas para enfrentar este delito, con el propósito de mostrar los resultados obtenidos y responder a las críticas que señalan una supuesta falta de acciones en la materia.

Martínez Velázquez explicó que los recientes cateos y operativos simultáneos realizados en diversos hoteles representan únicamente una parte de una estrategia de mayor alcance, la cual incluye investigaciones sobre recursos financieros, seguimiento a inmuebles presuntamente utilizados como centros de explotación, análisis de rutas empleadas por redes criminales y el impulso de procesos judiciales para lograr sentencias contra los responsables.

Subrayó que uno de los principales resultados de esta política ha sido la ejecución de 29 órdenes de aprehensión contra presuntos tratantes de personas, acciones que, afirmó, derivan de la instrucción emitida por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros desde el inicio de su administración para reactivar expedientes que permanecían sin avances.

De acuerdo con el vocero estatal, varias carpetas de investigación permanecían congeladas cuando la Procuraduría General de Justicia aún dependía del Poder Ejecutivo, situación que atribuyó a posibles actos de negligencia o incluso complicidad.

“Se ordenó reabrir un gran número de investigaciones que permanecían detenidas y hoy esos expedientes han permitido concretar la captura de 29 presuntos tratantes”, sostuvo.

Asimismo, destacó la coordinación internacional con autoridades de Estados Unidos, particularmente en Nueva York, donde fue detenido un presunto tratante originario de Tlaxcala. Señaló que el Gobierno del Estado aportó información de inteligencia y elementos probatorios que contribuyeron al proceso judicial seguido en ese país.

Martínez Velázquez rechazó las versiones que sostienen que la administración estatal permanece inactiva frente a este delito y aseguró que el próximo informe permitirá conocer el alcance de una estrategia que combina labores de investigación, inteligencia financiera, cooperación interinstitucional y acciones operativas para desarticular redes dedicadas a la trata de personas.

El funcionario adelantó que el informe también explicará el origen y los objetivos de los operativos recientes, los cuales forman parte de una política integral enfocada en atacar no sólo a los responsables directos, sino también las estructuras financieras y logísticas que sostienen este tipo de organizaciones criminales.

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