Morales Delgado expuso que su propuesta se sustenta en los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y derecho a la salud, así como en diversos instrumentos internacionales que obligan al Estado a garantizar el bienestar, inclusión social y acceso efectivo a servicios para las personas con esta condición.

En ese sentido, destacó que el Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que requiere atención especializada, detección temprana y acompañamiento permanente, por lo que resulta necesario fortalecer el marco legal vigente para asegurar servicios de salud, educación inclusiva y oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones.

La Iniciativa plantea la creación de un Centro Estatal de Atención a las Personas en Condición del Espectro Autista y otras condiciones de la neurodiversidad, adscrito al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con funciones de diagnóstico, capacitación, investigación y generación de información especializada, así como de apoyo a familiares y personas cuidadoras.

Asimismo, propone ampliar y garantizar derechos fundamentales como el acceso a diagnóstico oportuno y gratuito, atención a clínica integral, terapias especializadas, educación inclusiva en todos los niveles y condiciones que favorezcan la inclusión social, laboral y comunitaria de las personas con esta condición.

De igual forma, se incorporan disposiciones para que las autoridades y los sectores social y privado participen en la difusión de derechos, promoción de la inclusión, generación de oportunidades laborales y fortalecimiento de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

La propuesta también contempla la atención específica para personas adultas y adultas mayores con esta condición, así como la obligación de garantizar ajustes razonables y acompañamiento en trámites y servicios públicos, con el fin de eliminar barreras que limiten el ejercicio pleno de sus derechos.

Finalmente, la iniciativa refuerza la prohibición de actos de discriminación, acoso y violencia en los distintos ámbitos de la vida social, educativa, laboral y familiar, a fin de proteger la dignidad e integridad de las personas con autismo.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictaminación correspondiente.

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