El Instituto Nacional de Migración (INM) proyecta destinar entre 162 y hasta 405 millones de pesos para la transportación de indocumentados en vuelos chárter, tanto de connacionales expulsados desde Estados Unidos como para el envío de extranjeros desde territorio nacional a otros países.

Como parte de la licitación emitida por la dependencia para contratar a alguna empresa que ofrezca ese servicio, y que tendrá vigencia de nueve meses, desde el primero de abril hasta concluir el año, se específica que se requerirán como mínimo 11 vuelos semanales, con aviones con capacidad de entre 60 y hasta 200 pasajeros.

Se indica que también podría requerirse la transportación de servidores públicos, funcionarios y demás personas involucradas y asignadas en el cumplimiento de las funciones del instituto”, al igual que la repatriación de cuerpos de migrantes fallecidos.

Se subraya que la dependencia federal estará en posibilidad de solicitar a la empresa la transportación aérea del o los cuerpos de extranjeros y/o mexicanos en contexto de migración fallecidos en territorio nacional, con el objeto de dar cumplimiento a los ordenamientos jurídicos y administrativos en materia de envío de los restos, así como las determinaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de proporcionar una repatriación digna.

El monto de lo que pagará el INM no dependerá del número de pasajeros, sino de las horas de vuelo que se requieran. Además, entre las rutas posibles solicitó la conexión por aerovía de puntos en el territorio nacional o entre un punto en el país y otro en el extranjero, y viceversa.

A la vez, la licitación incluye una cláusula de confidencialidad en la que se establece que el personal de la empresa contratada conocerá, observará y tendrá acceso a información sensible que es propiedad del INM, por lo que se le obliga a no divulgarla, utilizarla, aprovecharla, copiarla, modificarla o destruirla directamente o mediante terceros.

De manera adicional, el instituto lanzó el mes pasado otra licitación con la intención de contratar firmas de transporte terrestre para el traslado en territorio mexicano tanto de los connacionales deportados desde Estados Unidos como de migrantes extranjeros, con destino a sus lugares de origen en Centroamérica. Respecto a ese contrato, el INM dispondrá para ello un monto mínimo de 255.9 millones de pesos, así como un máximo de 639.8 millones.