En el marco de la campaña nacional “México sin tortura”, cuya iniciativa busca generar conciencia, prevenir y erradicar toda forma de tortura, así como fortalecer el respeto irrestricto a los derechos humanos en México, la presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses, puso en marcha la conferencia magistral “Precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de tortura; tendencias de una línea jurisprudencial protectora de Derechos Humanos”, a cargo del Dr. Rubén Enrique Becerra Rojas Vértiz, distinguido conferencista y Profesor Investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La magistrada destacó que el objetivo de este espacio es reflexionar sobre los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de tortura, analizando las tendencias de una línea jurisprudencial que se ha consolidado como una herramienta protectora y evolutiva de los derechos humanos en América Latina.

Y que mejor, que escucharlo directamente del Dr. Enrique Becerra Rojas Vértiz, quien cuenta con una trayectoria como investigador, académico y experto en derecho internacional y derechos humanos, aunado a su labor dentro del TEPJF, de ahí que se trate de una voz clave para guiar en el análisis profundo de esta importante materia.

Precisó que, en el Poder Judicial de Tlaxcala, están convencidos que la formación continua y especializada del personal judicial es una condición indispensable para garantizar una justicia pronta, imparcial y con perspectiva de derechos humanos, por lo que esto es una prioridad constante, sin dejar de lado el impulso a la infraestructura judicial, con la construcción, remodelación y equipamiento de salas de oralidad que responden a las exigencias del nuevo modelo de justicia.

Bañuelos Meneses indicó que todos estos esfuerzos tienen como fin, no solo crear una institución sólida en sus diferentes áreas, sino generar confianza en los justiciables y
brindar servicios de calidad a quienes más lo necesitan.

El Doctor Rubén Enrique Becerra Rojas Vértiz, aseveró que fue a partir de las grandes mesas de debate que se efectuaron a nivel internacional como comenzaron a surgir los tratados internacionales que a la postre dieron un carácter jurídico a estos documentos, los cuales, al igual que las constituciones locales, solo buscan equilibrar la relación entre gobiernos y ciudadanos, por lo que consideró que los criterios emitidos por la Corte IDH son tendencias de una línea jurisprudencial protectora de derechos humanos que deben ser tomados en cuenta.

Estuvieron presentes en este evento la Presidenta de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescente, Magistrada Marisol Barba Pérez; el Presidente de la Sala Civil-Familiar, Magistrado Enrique Acoltzi Conde; Magistradas, Magistrados, Consejeras, Consejeros, Juezas, Jueces y personal administrativo y jurisdiccional.

El cargo “Se debe fortalecer la línea jurisprudencial de la Corte IDH para avanzar en la prevención de la tortura”: Anel Bañuelos apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) hizo un llamado a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán, para que “revise la plantilla de su personal porque es inaceptable que personas que cometen violaciones graves a derechos humanos aún trabajen en esa institución”.

Lo anterior porque uno de los tres policías ministeriales que detuvieron injustamente y torturaron a Keren Selsy Ordóñez Hernández el 11 de diciembre de 2015, todavía labora en la FGJE pese a que “está involucrado con otras investigaciones abiertas también por el delito de tortura de otra mujer”.

Neftaly Pérez (NP), abogado colaborador del Centro Prodh, entrevistado por este reportero, adelantó además que ya preparan una queja administrativa contra el actuar del juez José Eduardo Morales Sánchez quien, de manera indebida e injustificada, sentenció en su momento a Keren a 50 años de prisión.

Desveló que también valoran la posibilidad de presentar un recurso penal en contra de Alicia Fragoso Sánchez y otros funcionarios de la cadena de mando de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para determinar su responsabilidad en la fabricación del delito de secuestro a esa joven originaria de Xalapa, Veracruz.

El litigante compartió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aun investiga el actuar de quienes, en diciembre de 2015 -cuando fue la detención de Keren por un secuestro perpetrado en Huamantla en el que no participó- estaban al frente del DIF estatal e incurrieron en una serie de violaciones en agravio de esa mujer y su hija recién nacida.

En la entrevista, el abogado expuso algunas de las muchas anomalías del calvario que vivió Keren, una mujer de 29 años de edad, quien apenas el 16 de abril de este año fue absuelta y recuperó su libertad, después de estar presa en el anexo femenil del Cereso de Apizaco durante casi una década, tras ser torturada para que se autoinculpara por el delito de secuestro.

POLICÍAS TORTURADORES

– (FR) Tras la liberación de Keren, el 16 de abril de este año, todavía hay algunos pendientes: indagatorias en la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado por el delito de tortura que, por alguna extraña razón, lo pongo entre comillas, están empantanadas y ahora ustedes están pugnando precisamente porque se destrabe todo ese proceso y se reanuden las investigaciones.

– (NP) Así es, Fabián. Desde el año 2017 cuando Keren alzó la voz ante el juez penal de Apizaco y le hizo saber que fue víctima de tortura, este juez le dio vista a la entonces Procuraduría General del Estado de Tlaxcala, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de tortura. Sin embargo, esa carpeta se encuentra en la Fiscalía de Servidores Públicos y no en la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, que es donde debería de estar, donde se debería de investigar por las características de este delito grave.

Nosotros señalábamos que, desde el año 2017, como representantes legales de la señora Selsy, no hemos tenido ningún tipo de información por parte de la ahora Fiscalía General del Estado del avance de esta investigación, y si tomamos en cuenta que han transcurrido ya 8 años desde su inicio, nos preocupa que no se esté investigando este delito.

No queremos dejar de destacar que la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Tortura en Tlaxcala actualmente carece de las capacidades necesarias para investigar. Tenemos conocimiento de que son únicamente dos personas que conforman la fiscalía para 50 carpetas que, además al ser un delito de esta naturaleza tan grave, es compleja su investigación.

Y bueno, nos comentaban también que, incluso, no tienen ni recursos materiales para investigar. No cuentan, por ejemplo, con el suficiente material para imprimir, para sacar copias de estas carpetas, mucho menos para realizar actos de investigación como lo prevé la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Tortura que rige en todo nuestro país desde el año 2017.

– (FR) Abogado, ¿quiénes están señalados en esta carpeta de investigación por el delito de tortura? Quiero suponer que no solamente la entonces procuradora Alicia Fragoso, sino también policías en ese tiempo ministeriales. ¿Cuántos serían?

– (NP) En esta carpeta está bien identificados tres policías ministeriales del estado de Tlaxcala. Esos policías en el año de los hechos, en 2015, estaban adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Nos preocupa porque tenemos conocimiento que, al menos uno de ellos sigue en activo en la ahora Fiscalía General, y al parecer esta persona -de la cual no puedo brindar su nombre porque se encuentra en investigación- está involucrada con otras investigaciones abiertas también por el delito de tortura de otra mujer que también el Centro Prodh representa y cuyos hechos ocurrieron en 2020, es decir 5 años después de lo de Keren.

Entonces, sí hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado a que, por una parte, investigue esto que se ha denunciado, y que hay una investigación abierta, por el delito de tortura cometido contra Keren Selsy Ordóñez Hernández, pero también que revise la plantilla de su personal, porque es inaceptable que personas que cometen violaciones graves a derechos humanos se encuentren trabajando en una institución que debería de procurar justicia para toda la población del estado de Tlaxcala.

– (FR) Insisto en la pregunta, ¿estaría señalada la entonces procuradora y algún otro funcionario en esa cadena de mando que obviamente tuvieron alguna responsabilidad en estos actos de tortura en agravio de Keren?

– (NP) Por ahora no, Fabián, por ahora solo están señalados esos tres policías ministeriales, pero no descartamos que la investigación pueda escalar como tú lo dices para determinar la responsabilidad por la cadena de mando.

QUEJA CONTRA JUEZ

– (FR) ¿Se interpondría algún recurso legal en contra del juez que en un momento dictó la sentencia contra Keren de 50 años?

– (NP) En el caso de Keren fueron dos momentos diferentes cuando se le sentenció: una primera vez en el año 2019 y una segunda vez apenas en septiembre del año pasado de 2024, momento en el cual fue sentenciada por el juez José Eduardo que se encontraba adscrito al Juzgado del Sistema Tradicional Penal para el estado de Tlaxcala.

Desde la representación legal de la señora Keren, no descartamos iniciar alguna acción legal en contra de su actuar (del juez), pues como ya lo corroboró la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala, fue omiso por no aplicar la perspectiva de género al juzgar. Incluso, no solamente fue omiso, sino que utilizó estereotipos de género para restarle valor probatorio a la declaración preparatoria de la señora Keren Selsy, al señalar que no era creíble lo que ella decía porque no le daba valor jurídico o no le daba crédito ni posibilidad a su relato de que ella, la noche del 11 de diciembre del 2015, salió con su bebé de 29 días de nacida a buscar al padre de la niña para que le diera dinero para pañales, leche y otros insumos básicos para la manutención de su hija. Esta apreciación, que es meramente subjetiva, está influenciada por estereotipos de género.

El estereotipo de una buena madre o en sentido contrario de lo que sería una mala madre, y eso es inaceptable en nuestro sistema de justicia. Ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estos estereotipos no deben ser utilizados al momento de valorar las pruebas.

Lo que se debe de ver es, desde una perspectiva objetiva, si esa prueba primero es lícita y después si se encuentra corroborada con otras como sucedía en el caso de la señora Keren Selsy Ordóñez Hernández para dotarle de valor jurídico.

– (FR) Entiendo, abogado, que en este caso interpondrían el recurso ante el Consejo de la Judicatura.

– (NP) Sí, en este caso sería una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura para que se pudiera revisar el actuar del juez. Es importante mencionar que, desde septiembre de 2024 hasta la fecha no ha transcurrido más de medio año, entonces nos encontramos dentro del plazo legal para hacerlo.

CONTRADICCIONES DE LA PGJE

– (FR) En el boletín de prensa que, en su momento, en diciembre de 2015, emitió la entonces Procuraduría General de Justicia sobre la detención de Karen y de otros dos hombres -concretamente de Beymar Octavio y Fernando- me llaman la atención varias cosas, abogado.

Una, que se hable de quien era en ese tiempo la pareja de Karen, el padre de la niña, Fernando, quien tendría 18 años, cuando sabemos que supuestamente, al momento de la detención era menor de edad y que, por esa circunstancia, solamente cumplió una condena de cinco años en la cárcel, pero aquí (en el boletín) se habla de que tenía 18 años de edad.

– (NP) Sí, Fabián, en un primer momento se creyó, por parte de las autoridades, que la entonces pareja de Keren era mayor de edad, es decir, que tenía 18 años.

Sin embargo, ya unos meses después de su detención, durante el proceso penal se demostró que la entonces pareja de Keren estaba a punto de cumplir los 18 años, pero en el momento de la detención todavía tenía 17 años y, por lo tanto, se le juzgó como adolescente, y como tú bien lo dices, fue sentenciado a una pena de cinco años de prisión, que es la pena máxima para los adolescentes en nuestro país.

– (FR) Abogado, también me llama la atención el hecho de que en ese mismo comunicado de prensa se hablara, se asegurara que Karen y esos dos hombres fueron de detenidos, y aquí lo dice de manera textual, la madrugada del 12 de diciembre de 2015 en una casa de seguridad, cuando sabemos que la detención fue un día antes.

– (NP) Aquí este tema es muy importante de destacarlo porque en muchos casos sucede, en los informes policiales conocidos como partes informativos, se alteran circunstancias de tiempo, modo y lugar para tratar de justificar la detención. Sin embargo, en las circunstancias reales del caso no siempre son así. En el caso de la señora Karen Selsy, su detención real sucedió a las ocho y media de la noche del 11 de diciembre de 2015.

Sin embargo, en el informe policial, en el parte informativo, los policías señalaron que fue detenida a la 1:30 de la mañana del 12 de diciembre de 2015. Por lo tanto, pues ellos desde un principio, las autoridades señalaron que fue detenida el 12 de diciembre, pero fue realmente a las ocho y media de la noche.

Nosotros, como su defensa, documentamos estas circunstancias de que ella fue detenida desde las 8:30 de la noche y, por lo tanto, señalamos que fue retenida de manera ilegal por más de 11 horas.

– (FR) También en ese mismo boletín de prensa de la entonces Procuraduría, encuentro otro dato que vale la pena comentarlo con usted. De acuerdo con ese comunicado, dice que se logró vincular a Karen y esos dos hombres, con tres secuestros más: dos cometidos en Veracruz y uno en Tlaxcala. ¿Qué pasó con esas averiguaciones?

– (NP) Pues mira, esas averiguaciones nunca existieron, al menos no en contra de Karen. Tal es esta circunstancia que en el momento de que es puesta en libertad el miércoles 16 de abril, pues no se le cumplimenta ninguna otra orden de aprehensión ni se le ha citado a comparecer ante ningún otro proceso penal. El único proceso penal al cual estaba sujeta Keren Selsy Ordóñez Hernández era a este proceso penal del que ya fue absuelta.

Lo que nosotros tenemos entendido es que la policía ministerial del estado de Tlaxcala acudió a la ciudad de Xalapa a hacer una búsqueda de la víctima en 2015, derivada de una averiguación previa distinta en la cual se relacionó a las personas que realizaban las negociaciones vía telefónica con ese punto, con esa ciudad, y ni siquiera había un punto en específico.

Sin embargo, en esas negociaciones únicamente participaban personas del sexo masculino; es decir, jamás participó una mujer y tampoco las autoridades en su momento explicaron cómo es que dieron específicamente con el punto donde fue la detención de Keren Selsy y sus otros dos coprocesados, pues si bien ellos señalan en sus informes que ubicaron la ciudad de Xalapa, no señalaron jamás que tenían el punto exacto y en el informe policial lo que ellos sí asentaron fue que después de hacer recorridos por la ciudad durante dos horas, pues precisamente dieron con ese punto, con ese domicilio, lo que es difícil de creer en una ciudad de millones de habitantes como lo es Xalapa, Veracruz.

INVESTIGAN AL DIF ESTATAL

– (FR) Por eso quisimos platicar con usted, abogado Neftalí, por todos estos puntos que en lo personal me llamaban la atención y que evidencian, obviamente, toda esta cadena de señalamientos que derivaron precisamente en la fabricación de este delito en agravio de Keren.

¿También procederían contra el DIF estatal por todos los excesos, las anomalías en las que incurrió en el trato de la pequeña hija de Keren? ¿Procederían en contra de las autoridades de Veracruz que puedan estar involucradas en estos hechos?

– (NP) Sí, Fabián, de hecho, el DIF estatal ya está siendo investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las violaciones cometidas a los derechos de la hija de Keren, que en este momento tenía un mes de nacida. Y destacar que nosotros estamos impulsando estas investigaciones porque queremos que estas circunstancias no se vuelvan a repetir en el estado de Tlaxcala.

Es muy grave que una mujer que no cometió un delito, y que fue víctima de estas violaciones graves a derechos humanos, estuvo casi diez años en prisión. Pero es aún más grave que se permita que los policías se puedan llevar a una bebé de un mes de nacida y se le otorgue al DIF estatal su custodia y esté pues prácticamente en calidad de desaparecida durante más de 12 días, como fue el caso de la hija de Keren.

Recordar que Keren, cuando fue detenida, se encontraba con su bebé de 29 días de nacida y la bebé no fue entregada a los familiares de Keren. El lugar donde fue detenida, a la casa de los papás de Keren, pues son pocos metros, es muy cerca, y en lugar de ser entregada (la niña) a un familiar directo no fue así. La bebé fue eh incluso reconocida en dictámenes médicos con la calidad de detenida, ¡una bebé de un mes de edad!

Y no conformes con ello, utilizaron a su bebé para amenazarla, para torturarla psicológicamente, diciéndole a Keren que podían desaparecer a su hija y que nadie se enteraría, pues no estaba registrada, porque no tenía acta de nacimiento en ese momento y no conformes con eso se la llevaron a la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala y hasta allá fue entregada al DIF estatal, donde en ningún momento se pusieron en contacto con la familia de Keren y fue gracias al DIF estatal de Veracruz, y a la insistencia sobre todo de la familia de Karen, de su mamá, que pudieron recuperar a la bebé 12 días después.

Ellos la pudieron recuperar el 24 de diciembre de 2015. Por eso es importante que se investigue al DIF estatal (de Tlaxcala) para que, en un caso similar, que esperemos no suceda, pero si estuviera ante estas circunstancias, actuaran de una forma distinta.

Con información de Fabián Robles, Faro Tlax

El cargo Un policía que torturó a Keren, aun labora en la FGJE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Después de casi tres años y medio de haber sido detenido por su aparente responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres abandonó el Penal del Altiplano gracias a que una jueza le concedió la medida de prisión domiciliaria.

En una audiencia celebrada el pasado 10 de agosto, la jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, decidió revocar la prisión preventiva justificada que le había sido impuesta al exmandatario por la investigación que lo vincula con actos de tortura cometidos en diciembre de 2005, cuando la periodista y activista Lydia Cacho fue sacada por la fuerza de su domicilio y detenida arbitrariamente en Cancún, desde donde la trasladaron al estado de Puebla.

Durante el acto judicial, Ortuño Suárez consideró que Marín podía enfrentar su proceso penal en libertad debido a que su salida de prisión no representaría un riesgo para la periodista o para la procuración de justicia. Por tal motivo, resolvió modificar su medida cautelar por la del arresto domiciliario.

En un pronunciamiento, la defensora legal de Lydia Cacho señaló que “la jueza ordenó que el mismo sábado 10 de agosto fuera trasladado a su casa, de Almoloya a la ciudad de Puebla”. Y aunque reconoció que no hay oficios aún que permitan constatar su arribo a su domicilio, “la orden fue muy clara y tratándose de libertad, estoy segura de que se acató de inmediato”.

A través de un comunicado, la organización Artículo 19 reconoció que, en ocasiones, la prisión preventiva oficiosa puede derivar en violaciones a derechos humanos en México. Sin embargo, aseguró que en el caso de Lydia Cacho, existen pruebas “que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima”.

“No ha sido exonerado Mario Marín, sin embargo es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia. Hago responsable a la jueza Angélica Ortuño Suárez de cualquier cosa que pueda sucederle a mi equipo legal que estuvo hoy en la audiencia y a cualquiera de nosotras”, expresó la periodista en sus redes sociales el día de la resolución judicial.

Pese a la gravedad de los hechos por los cuales el exgobernador ha sido imputado, la jueza de Quintana Roo permitió que se resguardara en su domicilio y ordenó que pagara una multa de 100 mil pesos. Cabe recordar que, después de su detención arbitraria y de los actos de tortura de los que fue víctima, Lydia Cacho tuvo que pagar una fianza de 70 mil pesos.

Entre las condiciones que estableció la jueza al conceder el arraigo domiciliario resalta que le prohibió a Mario Marín salir del país o acercarse a la víctima. Además, deberá portar un brazalete electrónica y permanecerá bajo vigilancia.

Con información de: Infobae

El cargo Mario Marín sale de prisión; por qué una jueza le concedió el arresto domiciliario al exgobernador acusado de tortura apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El consejero consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), Emmanuel Sánchez Reyes, consideró que es necesario un trabajo coordinado con las diferentes instituciones gubernamentales para prevenir actos de tortura, además de que este organismo autónomo mantiene una observancia permanente para constatar que se respeten los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

Así lo manifestó durante la conferencia virtual denominada “El rol de la Comisión de Derechos Humanos en la observancia de la tortura: Desafíos, avances y estrategias”, que impartió como parte de la Semana Jurídica organizada por la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C.

El consejero consultivo destacó que el trabajo de este organismo autónomo va de la mano con los resultados de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (Enpol) que aplicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyo objetivo es precisamente identificar los desafíos a los que se enfrentan a través del conocimiento de las áreas de oportunidad en las que pueden trabajar en esta materia.

Si bien, estos resultados arrojaron que hay evidencia del trabajo de las instituciones para mantener la seguridad, las condiciones de habitabilidad e higiene de estos lugares, así como acceso de justicia de las PPL, lo que ha permitido establecer un mecanismo preventivo para evitar actos de tortura.

En cuanto a los avances, destacó que las instituciones en la materia, hoy en día cuentan con un marco jurídico suficiente y basto para atender cualquier problemática sobre tortura, no solo a quienes sean objeto de este delito, sino incluso a quienes son víctima de algún delito.

En tanto que, sobre las estrategias de la CEDH para atender el tema, destacó el trabajo que se ha realizado desde la propia estructura de la Comisión, ya sea a través del trabajo de defensa mediante la Secretaría Ejecutiva o las acciones de prevención y capacitación que efectúa la Secretaría Técnica.

Finalmente, Emmanuel Sánchez Reyes, reiteró que independientemente de la labor que realice este organismo autónomo, la apuesta es trabajar de forma colaborativa con todas las instancias de gobierno para atender de forma completa esta problemática.

Cabe destacar que la Enpol 2021 tiene el propósito de generar información estadística relevante sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de la población de 18 años y más que legalmente ha sido privada de su libertad en Centros Penitenciarios por la supuesta comisión de un delito, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados y sentenciados, entre otras características que sirven de apoyo para la implementación de políticas públicas en la materia.

El cargo Necesario trabajo conjunto con instituciones para prevenir la tortura: Sánchez Reyes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Como parte del proceso de fortalecimiento de su estructura orgánica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), prevé crear para el ejercicio fiscal de 2024 el Mecanismo de Observancia de los Derechos Humanos, área que se encargará de supervisar de forma permanente y sistemática los lugares de privación de la libertad en el Estado de Tlaxcala, con el objetivo de evitar actos degradantes como la tortura y malos tratos.

Así lo manifestó la Ombudsperson, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, quien informó que ya ha solicitado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado una ampliación presupuestal para dar viabilidad financiera a este proyecto.

Informó que el incremento se enfoca al capítulo 1000 y tiene que ver básicamente con la creación de una nueva área multidisciplinaria que será la Coordinación de Mecanismos de Observancia de los Derechos Humanos, un espacio que representa un compromiso ineludible de la CEDHT con los principios universales de justicia, igualdad y dignidad humana, y que responde al informe “Diagnóstico sobre el estado que guarda la Armonización Legislativa en materia de Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Precisó que en dicho estudio se evidenció la urgente necesidad de fortalecer las estructuras y mecanismos de protección de derechos humanos en Tlaxcala, específicamente a favor de las Personas Privadas de la Libertad.

Indicó que, independientemente de la viabilidad financiera en el anteproyecto de presupuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos habilitará la Coordinación de Mecanismos de Observancia, pues se trata de uno de los pendientes que tiene este organismo autónomo que garantizará la protección, promoción y observancia efectiva con especial énfasis en las personas con discapacidad y en la prevención e investigación de la tortura.

El cargo Prevé CEDH creación de Mecanismos de Observancia de los Derechos Humanos en 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

(proceso.com.mx).- La periodista Lydia Cacho celebró la decisión de un juez federal de negar al exgobernador de Puebla, Mario Marín, seguir en libertad el proceso en su contra por el delito de tortura.

Este sábado el juez ratificó la prisión preventiva a Marín, actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano, acusado del delito de tortura en perjuicio de la autora del libro “Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil”.

Marín pedía que se le impusieras nuevas medidas cautelares, residir en un lugar determinado y acudir al juzgado de manera periódica para garantizar su presentación al proceso penal.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter luego de conocer la decisión del juez, Lydia Cacho expresó:

“Hoy logramos impedir que el ‘Gober precioso’ Mario Marín saliera libre del penal del Altiplano. Solicitó enfrentar en libertad el proceso por tortura en mi contra.

“Después de una larga audiencia, la jueza se lo negó. Se he demostrado que junto al pederasta Succar Kuri tenía control de la cárcel de Cancún y se le abrió expediente por mala conducta”, subrayó.

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Y agregó que también logró demostrar los vínculos del exgobernador con un personaje vinculado a la trata de mujeres que intentó interceder por él, y de quien publicó una carta en la red social. El aludido es Daniel Ernesto Santamaría Casanova, representante legal de Corporativo Balam Kan SA de CV.

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En su mensaje, la periodista refirió que lleva 16 años en su batalla judicial y le preocupa “que la jueza diga que Marín y sus redes criminales no son un peligro para mi y para mi familia”.

Denunció que el exgobernador tiene bienes millonarios y una mansión en Suiza, así como vínculos empresariales en Europa. “Por lo tanto, sus amenazas de muerte son tomadas en muy serio por Interpol”.

Cacho, señaló que tuvo que huir del país “por decir la verdad, porque intentaron acabar con mi vida por no darme por vencida frente a las redes de tratantes de niñas y mujeres”.

Y recordó que la FGR tiene abierto un expediente contra Marín por blanqueo de capitales y operaciones con recursos de procedencia ilícita UEIORPIFAM/AC/059/2012.

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También agradeció a su equipo legal conformado por expertos de la organización Artículo 19 quienes, dijo, viven en constante presión y amenazas por la defensa de periodistas y la libertad de expresión.

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*Con información de Proceso.

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