El presidente de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, José Juan Cuautle Romano, denunció robo de dinero en efectivo, la desaparición de documentos oficiales, la sustracción de información digital y amenazas en contra de él y de su familia, hechos que, aseguró, ocurrieron tras la toma de la Presidencia de Comunidad por parte de un grupo de inconformes.

El representante comunitario informó que desde el momento en que las instalaciones fueron ocupadas dio aviso a las autoridades y presentó la denuncia correspondiente contra quien o quienes resulten responsables, luego de detectar diversas irregularidades al recuperar el acceso al inmueble.

“Cuando entramos verificamos que abrieron puertas, escritorios, manipularon las computadoras y sacaron información pública. Desaparecieron documentos importantes para la comunidad, información digital que teníamos bajo resguardo y también cantidades económicas”, declaró.

Cuautle Romano señaló que la información extraviada corresponde a archivos administrativos, expedientes de transparencia, gastos internos y documentación relacionada con el manejo del gasto corriente de la comunidad.

Asimismo, reveló que del interior de su oficina desaparecieron 60 mil pesos que, explicó, provenían de aportaciones por servicios de inhumación en el panteón de la comunidad y que estaban destinados a cubrir gastos de operación de maquinaria solicitada para ejecutar obras de infraestructura.

Detalló que esos recursos serían utilizados para el pago de combustible, viáticos y alimentación de los operadores de una retroexcavadora y una motoconformadora que había gestionado para trabajos comunitarios, por lo que tuvo que cancelar la llegada del equipo al descubrir los faltantes.

Además del dinero resguardado en su oficina, indicó que en los escritorios de la tesorera y de la secretaria de la comunidad también desaparecieron cantidades menores, estimadas entre tres y cuatro mil pesos en un caso y alrededor de mil pesos en otro.

El presidente de comunidad aseguró que la situación ha escalado más allá de las diferencias derivadas del conflicto social que enfrenta la localidad, al afirmar que ha sido objeto de amenazas.

“En lo particular sí he recibido amenazas en contra de mi persona y de mi familia. Independientemente de las difamaciones y calumnias que comúnmente se utilizan en redes sociales, esto ya rebasa esa situación porque son ataques directos a mi persona y a mi familia”, expresó.

Ante ello, pidió la intervención de las autoridades estatales y ministeriales para esclarecer los hechos, garantizar la seguridad de su familia y sancionar a los responsables.

Finalmente, sostuvo que su administración ha procurado mantener informada a la población sobre los alcances y beneficios de los proyectos impulsados en la comunidad, al tiempo que reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestar su inconformidad, siempre que ésta se realice de manera pacífica y con argumentos.

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