En la Sala de Juntas de Rectoría, con la presencia de integrantes de la estructura directiva de la STPS, de la Autónoma de Tlaxcala y de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, el Doctor Ortiz manifestó que través de la firma de este acuerdo se brinda la oportunidad de que los educandos puedan aplicar la teoría y la práctica. Enfatizó que la Licenciatura en Derecho tiene tres vertientes de concentración de conocimiento en seguridad pública, seguridad entre particulares y seguridad social, de ahí que, se focalizará a los educandos que cursan esta última terminal para atender el derecho del trabajo.

Sostuvo que esta Casa de Estudios desde hace tres décadas enfoca su trabajo educativo en cuatro ejes sustantivos: academia, investigación, extensión de la cultura y autorrealización, lo cual ha permitido construir el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) que enfoca al Seminario de Integración de la Praxis Profesional en el plan de estudios de sus 46 licenciaturas con su carga epistémica para que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en las aulas con la práctica diaria para transformar el entorno social.

Más adelante, el Rector subrayó que en la actualidad la educación superior cambia y se transforma a partir de los nuevos escenarios que ha construido el gobierno de la república, a raíz de las reformas de gran calado al artículo tercero constitucional en 2019, las cuales sientan los principios que marcan la obligatoriedad de la educación superior, equidad, inclusión y la excelencia educativa sobre los ejes de la cobertura total y la gratuidad.

En tanto, el Licenciado Miguel Raúl Sánchez precisó que para esta dependencia gubernamental es de vital importancia ser parte de la formación profesional de los educandos, a quienes involucrarán en diversas actividades administrativas, de atención al público y la organización de diversos eventos, para que tengan un panorama amplio de lo que implica su preparación en las aulas y el ejercicio de su profesión en un futuro.

Por su parte, el Maestro Dante Morales Cruz, Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, subrayó que para esta área universitaria es fundamental este convenio porque la UATx forma a profesionales bajo el enfoque del MHIC y es importante que los estudiantes tengan una percepción amplia de su realidad y retribuir con su profesión al pueblo tlaxcalteca, por ello, reiteró que se dará seguimiento a las actividades que desempeñarán los educandos para que su formación siga siendo de manera integral.

El cargo UATx y STPS firman convenio de colaboración para impulsar prácticas profesionales de estudiantes apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

ara 2025, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuenta con un presupuesto de 27 mil 830 millones 216 mil pesos, de los cuales casi 87 por ciento se invertirán en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).

No obstante, la dependencia federal tiene una disminución de cerca de 3 por ciento, pues el año pasado se le asignaron 28 mil 603 millones 160 mil pesos.

Según el calendario de presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2025, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Unidad del Programa JCF cuenta con 24 mil 205 millones de pesos, monto similar a los recursos de 2024, cuando fueron 24 mil 204 millones.

CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA

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Este primero de diciembre comenzó el registro para formar parte del Programa Jóvenes Construyendo el futuro, el cual incorpora a las y los jóvenes que no estudian ni tienen empleo como aprendices en un centro de trabajo.

El pasado viernes, en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Presidenta destacó que el programa forma parte de una política que se enmarca dentro de la Economía Moral y el Humanismo Mexicano. “Este programa no solo ha permitido que millones de mexicanos y mexicanas salgan de la pobreza, sino que también impulsa la economía del país”, subrayó.

Sheinbaum enfatizó que es responsabilidad del Estado otorgar el derecho al empleo y fortalecer la economía. Afirmó que el programa está diseñado especialmente para zonas donde se busca ofrecer opciones a los jóvenes, evitando que se vinculen con grupos delictivos. “Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de construcción de paz, dirigido a los jóvenes, que son el presente y el futuro de México”, manifestó.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, también comunicó que la meta para la reapertura del programa es incorporar a 90 mil nuevos beneficiarios que recibirán capacitación a partir de enero de 2025. “Invitamos a todos a participar en este programa, ya que el futuro es joven”, concluyó.

Desde su inicio, Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a cerca de tres millones de personas entre 18 y 29 años, con una distribución de 60 por ciento mujeres y 40 por ciento hombres. Hasta la fecha, se ha invertido un total de 135 mil millones de pesos desde 2019 hasta 2024.

Se detalló que siete de cada diez beneficiarios han logrado encontrar una ocupación productiva gracias a la capacitación recibida en el marco del programa. Los jóvenes reciben un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, además de contar con seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El programa también está alineado con el combate a las desigualdades y la violencia, enfocándose en los municipios con mayores índices de pobreza y delincuencia. Esto busca ofrecer a los jóvenes en esas áreas las herramientas necesarias para su desarrollo personal y profesional.

¿CÓMO REGISTRARSE EN JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

Aquellos jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen podrán ingresar a la plataforma oficial para recibir un apoyo en su ingreso a la vida laboral, así como darles habilidades que les haga falta.

El registro puede realizarse desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet. Sin embargo, la STPS recomienda que aquellos interesados no acepten ayuda de desconocidos, ya que el registro es fácil y gratuito.

Aquellas personas interesadas en recibir el apoyo, así como los negocios que quieran formar parte del Programa y recibir a jóvenes, deberán de ingresar a cualquier de los dos sitios: uno para aprendices y otra para los tutores; es decir, los dueños de negocios.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro otorgó en este 2024, un aumento del 20 por ciento por el incremento al salario mínimo en México, por tal razón, el beneficio económico pasó de seis mil 310 pesos a siete mil 572 pesos.

Con información de: Sin Embargo

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La reforma para regular el trabajo por plataformas digitales es inminente. Luego de las últimas reuniones con representantes de trabajadores y empresas, como Uber, DiDi y Rappi, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) alista la versión final de la propuesta en la que se contempla la subordinación flexible y la forma de trabajo independiente.

Con ello, México se convertirá en uno de los pocos países que han reglamentado esta actividad económica y laboral, la cual ha dejado amplias ganancias para las compañías y han aliviado la falta de acceso al empleo, pero sin acceso a derechos plenos.

No obstante, no todas las partes están conformes con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Una facción de la fuerza laboral de este sector rechaza el reconocimiento del vínculo laboral con las trasnacionales ante el temor de perder su independencia y flexibilidad.

“No queremos la subordinación, no queremos jefe ni saber de horarios fijos. No queremos un sindicato que nos represente, empezando por ahí: no queremos sindicatos”, dice en entrevista Saúl Gómez, vocero del colectivo Repartidores Unidos de México (RUM).

El pasado 16 de octubre, la Presidenta de la República firmó una iniciativa de reforma para regular el trabajo de plataformas digitales basadas en la geolocalización. Es decir, el de servicios de transporte por aplicación y de entrega a domicilio.

Tras una nueva ronda de reuniones con las empresas, el texto ha sido modificado, pero uno de los puntos fundamentales se mantiene: el que establece que este tipo de trabajo consiste en una relación subordinada.

Como producto de las mesas de trabajo se alcanzaron diversos acuerdos como: “la creación de un modelo de coexistencia entre trabajadores independientes y subordinados flexibles”, informó la Alianza In México, conformada por Cabify, DiDi, Rappi y Uber.

El colectivo RUM también logró que en la iniciativa quede establecida la libertad para aceptar pedidos, el trabajo multiplataforma, la definición de flexibilidad discontinua y mismo sistema de impuestos que han tenido.

Para la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), el único sindicato exclusivo de personal dedicado al reparto y conducción, la reforma resolvería “el gran problema del trabajo en plataformas digitales”.

Sergio Guerrero secretario general de la UNTA explica que dichas empresas “operan y ofrecen el servicio de transportación de personas y de mercancía, y para desarrollar esa actividad económica tienen una plantilla de conductores y de repartidores que no son reconocidos como sus trabajadores y por lo tanto no han accedido a los derechos que contempla la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

¿CUÁNTO GANAN LOS REPARTIDORES DE APP? 

“La realidad contractual del trabajo en plataformas —sobre todo aquellas vinculadas a la venta y reparto— tiende a desconocer la existencia de un vínculo entre empleado y empleador”, concluye el estudio Las regulaciones en la economía de plataformas, de Fundar.

Esta actividad ha permitido hacer frente al desempleo y la subocupación, pero su legislación representa un reto porque no encaja en las formas tradicionales de laborar y en ese limbo las trabajadoras y los trabajadores han perdido derechos.

La falta de transparencia de esas empresas dificulta conocer el nivel de ganancias alcanzan. El reporte El impacto de Uber en México, presentado por esa compañía, indica que en 2022 “aportó un valor estimado de 73 mil millones de pesos a la economía mexicana”.

Esa cantidad representa “las ganancias de los socios conductores, socios repartidores y de los negocios en la plataforma Uber” y en toda la cadena de intermediación.

En la Unión Europea, la economía de las plataformas digitales pasó de 3 mil millones de euros en 2016 a 14 mil millones en ingresos en 2020.

España, Chile, algunos estados de Estados Unidos son los países que han legislado para proteger los derechos de las personas que trabajan en este sector. En México, desde el año 2022, la entonces titular de la STPS, Luisa María Alcalde, comenzó el análisis para presentar una iniciativa de reforma a la LFT para regular el trabajo por aplicación.

En agosto de aquel año, funcionarios de la STPS recibieron a repartidores y conductores, quienes entregaron el Manifiesto de Piso Mínimo de las Trabajadoras y Trabajadores de Plataformas Digitales. El documento pedía el reconocimiento como personas trabajadoras y no como socias, la seguridad social con aportación tripartita y el mantenimiento de la flexibilidad laboral.

Pese a que Alcalde Luján anunció que enviaría la iniciativa al Congreso, el sexenio terminó y esto no pasó. Pero ahora, el segundo gobierno de la 4T ha retomado el tema.

“El objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajaran ocho horas al día, algunos trabajan hasta más”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum al presentar la iniciativa en su conferencia matutina.

TRABAJO SUBORDINADO

 El proyecto modifica los artículos 49, 50 y 127 de la LFT para proteger a las trabajadoras y los trabajadores de despidos por afiliarse a un sindicato o por ejercer el derecho de huelga, y garantiza una indemnización. Además, les incluye entre la población con derecho a recibir utilidades.

La otra parte del proyecto agrega un nuevo capítulo a la ley, el IX Bis, relativo al Trabajo en plataformas digitales con 21 nuevos artículos. Y es en el ordenamiento 291-A donde señala que ese tipo de trabajo “es una relación laboral subordinada”.

En tanto que “la persona trabajadora de plataformas digitales será quien preste servicios personales, remunerados y subordinados, bajo el mando y supervisión de la plataforma digital”.

El artículo 291–D de la iniciativa de reforma indica que “el trabajo en plataformas digitales será primordialmente flexible y discontinuo” y en al artículo 291-E se especifica que “el tiempo de trabajo destinado para la plataforma será definido por la persona trabajadora”.

Para la UNTA, lo anterior es muy importante porque garantiza que las personas trabajadoras sigan teniendo autonomía de su tiempo sin que por eso renuncien a tener derechos laborales.

¿FLEXIBILIDAD EN PELIGRO? 

Según Sergio Guerrero, secretario general de la UNTA, “la iniciativa se construyó escuchando la postura de los trabajadores y de las empresas”. En la administración pasada, Luisa María Alcalde y funcionarios de la STPS que aún continúan en la dependencia mantuvieron reuniones con ambas partes y en este gobierno se han retomado.

Pero según Saúl Gómez, vocero de la RUM, la iniciativa se presentó sin previo aviso a todas las personas trabajadoras del sector y con poca claridad en sus términos.

Y mientras el gobierno federal calcula que hay más de 658 mil trabajadores y trabajadoras de aplicaciones digitales a nivel nacional, RUM sostiene que son más de 2 millones, quienes “podrían caer en el desempleo por la pérdida de su flexibilidad”, sostiene Saúl Gómez. De aprobar la reforma, considera, las empresas se irían del país o aumentarían los costos de los servicios.

El colectivo insiste en que la flexibilidad se perdería por lo que indica el artículo 291-L de la propuesta. En el numeral III se señala que las personas trabajadoras tendrían la obligación de realizar los “trabajos mandatados por la plataforma digital en los horarios, condiciones y lugares convenidos”.

Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In México, también arredra sobre la pérdida de la flexibilidad. Con la subordinación, dice, “el trabajador tiene que trabajar sus ocho horas diarias, seis días a la semana, en un lugar específico y recibir instrucciones de sus jefes”. Ese panorama resulta casi deprimente ante “la gran característica de las plataformas”: la flexibilidad.

Desde la UNTA consideran que ese discurso lleva una intención de “generar miedo, incertidumbre y desinformación entre los compañeros”. Sergio Guerrero observa una “campaña muy clara de las empresas para hacer ver que se podría perder por completo este beneficio”.

SEGURIDAD SOCIAL VS. INDEPENDENCIA

La reforma también ordena la firma de un contrato laboral entre trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales y las empresas, el cual debe ser avalado e inscrito en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

El artículo 291-F establece que el salario se fijará por tarea, servicio, obra o trabajo realizado. Tendrán derecho a un descanso semanal, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

 Y también seguridad social. La iniciativa, en el artículo 291-K obliga a las empresas a “inscribir a las personas trabajadoras” ante el IMSS. Para ello, dicho organismo y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tendrán un plazo para adecuar las reglas que permitan la afiliación de esta población que no labora bajo el esquema tradicional.

“Estamos totalmente de acuerdo en que haya seguridad social, pero que se preserve la flexibilidad y la independencia de esta actividad. No necesita haber una subordinación para otorgar la seguridad social”, dice en entrevista Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In México.

 En 2023, el Congreso modificó la Ley del Seguro Social (LSS) para introducir la figura del “trabajador independiente o por cuenta propia”, quien puede pagar su seguridad social de manera directa. Y bajo ese esquema esperaban las empresas que se continuara. “Obviamente, en ese modelo las contribuciones las aporta 100 por ciento el trabajador independiente”, reconoce Guillermo Malpica.

El representante empresarial sostiene que con la subordinación laboral “pierde el conductor, que deja de tener una alternativa de ingresos de una manera flexible. Pierde el consumidor, porque a lo mejor ya no encuentran con la misma facilidad un conductor. Creo que quedó muy documentado el efecto negativo de este modelo de subordinación en España bajo la Ley Rider”.

Para la UNTA ésta “es una iniciativa de avanzada que plantea un camino nuevo en el mundo del trabajo en plataformas digitales. A nivel internacional, creemos que puede ser un buen ejemplo de técnica legislativa. La vemos muy positiva”, concluye Sergio Guerrero, secretario general de esa organización.

Con información de: Sin Embargo

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El Secretario general de Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi), Cesar Orta Briones, anunció la noche de este 15 de febrero que empresa y sindicato lograron un acuerdo con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal (STPS).

La empresa cedió al aumento de dos dígitos desglosado de la siguiente manera: siete por ciento al salario directo y 3.2 por ciento en prestaciones. Solo este último se entregaría en dos tantos durante el 2024.

Como puntos adicionales se estableció que los trabajadores reciban retroactivo al 1 de diciembre de 2023; utilidades en una sola exhibición, pagos de bonos individuales y pagos pendientes por el paro de labores.

La empresa se comprometió a no tomar represalias después de levantar la huelga y a depositar al sindicato 2.2 millones de pesos por concepto de “Caja de ahorro”. Una parte será destinará a los gastos básicos de la huelga y la otra se repartirá entre las y los trabajadores que acudieron a las guardias.

Este acuerdo también se someterá a votación el próximo domingo 18 de febrero de las 08:30 a las 21:00 horas en el Complejo Cultura Universitario (CCU) de la BUAP.

Audi cede y propone 10.2 por ciento de aumento salarial para terminar con la huelga

Antes de este anuncio, en plena negociación, Audi de México pidió al Tribunal Federal Laboral cancelar la votación programada para el 19 de febrero.

La empresa quería saber si los trabajadores estaban a favor o en contra de la huelga y con ello, buscar que las negociaciones tomaran otro rumbo.

El comunicado que emitió la armadora señaló lo siguiente: “actualmente, nos encontramos en las mesas de negociación con la representación sindical. Confiamos en que pronto llegaremos a un acuerdo que permita poner fin al conflicto que actualmente vivimos”.

El Sitaudi exige un incremento salarial de, mínimo, dos dígitos. Primero, la empresa únicamente ofreció un cinco por ciento y después accedió elevarlo al 6.5 por ciento, pero los trabajadores lo rechazaron.

Luego se llevó a cabo una consulta donde la propuesta fue siete por ciento global, cinco por ciento al salario y dos por ciento en prestaciones, pero tampoco la aprobaron.

CON INFORMACIÓN DE: SINEMBARGO

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Este año el aguinaldo llegará empobrecido al bolsillo de los trabajadores del país, debido a las secuelas de la inflación y el encarecimiento estacional de los productos y servicios más demandados durante la época decembrina, explicó la coach en finanzas Sandra Huerta.

Precisó que, aun cuando la inflación se ubica en una tasa de 4.32%, el incremento en el precio de los alimentos, abarrotes, pan, tortilla, cereales y los ajustes de las tarifas de los servicios básicos recortarán entre 10% y 15% del poder de compra de dicha prestación.

Esto último –apuntó– significa que los trabajadores podrán comprar hasta 15% menos productos que el año pasado, con los mismos 15 días de salario que recibirán por concepto de aguinaldo.

La especialista indicó que incremento en el precio de los productos navideños, como los alimentos para las cenas o los regalos, es otro factor que empobrece las prestaciones laborales de fin de año; cuyo impacto se magnifica porque muchas personas utilizan ese dinero para costear los festejos de la temporada.

“En total, estamos hablando de una reducción promedio en el poder de compra del aguinaldo de 15% a 20%; cuya afectación –lamentablemente– es más importante para las personas y hogares de menores ingresos”, apuntó Sandra Huerta.

Sanciones por incumplimiento del aguinaldo

Se acerca el límite, las empresas del país que incumplan o no realicen el pago del aguinaldo a sus trabajadores, en tiempo y forma, serán sancionadas con multas superiores a medio millón de pesos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que “todos los trabajares del país tienen derecho” a recibir dicha prestación, antes del 20 de diciembre de cada año.

Lo anterior, de acuerdo con los establecido en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuyos lineamientos obligan a las empresas a pagar un mínimo de 15 días de salario por concepto de aguinaldo.

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”, señala dicho apartado legal.

Mientras que los trabajadores de gobierno tienen derecho a una cantidad mínima de 40 días de salario, sin deducciones; siempre y cuando hayan cumplido con un año de servicios prestados; o bien, tendrán acceso a la parte proporcional del periodo que hayan laborado durante el mismo.

Los trabajadores al servicio del Estado deben recibir 50% de su aguinaldo, equivalente a 20 día de salario, antes del 15 de diciembre; y otro 50% –los 20 días de salario restantes– a más tardar el 15 de enero del siguiente año.

¿Qué pasa si no me pagan el aguinaldo?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señaló que, en ninguna circunstancia o bajo ningún pretexto o argumento jurídico, los patrones pueden negar la entrega o retrasar dicho pago.

Subrayó que tampoco pueden entregarlo en especie, en partes o incompleto, por lo que los empleadores o negocios que no respeten el periodo de entrega o el depósito equivalente a 15 días de salario serán multados y sancionados conforme lo marca la legislación actual.

El Articulo 1002 de la Ley Federal del Trabajo determina que las empresas que incumplan o entreguen la prestación de forma tardía, serán sujetas a multas de “50 a 5,000 veces” la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con el valor actual de la UMA, de 173.74 pesos diarios, los empleadores o patrones incumplidos serán castigados con una multa mínima de cinco mil 187 pesos.

En tanto que la sanción más alta prevista por la Ley del Trabajo, para las organizaciones que no entregar el aguinaldo en tiempo y forma, se dispara a 518 mil 700 pesos.

CON INFORMACIÓN DE: PUBLIMETRO

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