Su postura no solo evidencia una sumisión y una visión distinta a la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino que también exhibe la profunda distancia que existe entre las dirigencias sindicales tradicionales y una parte importante de la base trabajadora.

Resulta llamativo que los líderes sindicales celebren un incremento salarial global del 11 por ciento como si se tratara de una solución definitiva a los problemas del magisterio. Si bien cualquier aumento es positivo, la realidad es que durante años los docentes han enfrentado una pérdida constante de su poder adquisitivo derivada de la inflación.

Presentar este ajuste como un gran logro parece más un intento de justificar la estrategia de negociación del sindicato que una respuesta real a las necesidades de los trabajadores.

Más preocupante aún es la defensa cerrada de la Ley del ISSSTE. Mientras miles de maestros en el país reclaman que el sistema de cuentas individuales los condena a pensiones insuficientes y a una jubilación cada vez más lejana, las dirigencias del SNTE aseguran que no existen motivos viables para derogarla.

La pregunta es inevitable: ¿han escuchado realmente a los trabajadores o únicamente se rigen lo que el patrón les diga y repiten el discurso gubernamental? Porque para muchos docentes la inconformidad no es ideológica, sino resultado de cálculos concretos que muestran que su retiro será mucho más precario que el de generaciones anteriores.

También llama la atención que el SNTE destaque la desaparición del USICAMM como una conquista propia cuando este sistema ha sido objeto de críticas prácticamente desde su creación. El rechazo al modelo de promoción y evaluación docente no surgió en las oficinas sindicales, sino desde las aulas, donde miles de maestros denunciaron opacidad, burocracia y procesos poco claros.

Por otra parte, la crítica hacia la CNTE por dejar sin clases a miles de estudiantes es un argumento válido, pero incompleto. Toda protesta social genera afectaciones y es legítimo cuestionarlas; sin embargo, reducir el movimiento magisterial a las molestias ocasionadas por los bloqueos o los paros significa ignorar las causas que los originan. Si existen docentes dispuestos a perder salario, enfrentar desgaste y confrontarse con las autoridades, es porque consideran que las vías institucionales han sido insuficientes para atender sus demandas.

La postura del SNTE parece apostar por la estabilidad y la gobernabilidad del sistema educativo. No obstante, la estabilidad no debe confundirse con conformismo. Un sindicato existe para representar y defender a los trabajadores, no para convertirse en un simple aval de las decisiones gubernamentales.

Al final, el verdadero debate no es si la CNTE o el SNTE tienen la razón absoluta. El problema de fondo es que el magisterio mexicano sigue enfrentando retos estructurales en materia salarial, de seguridad social y de desarrollo profesional. Mientras las dirigencias sindicales se felicitan por acuerdos parciales y los grupos disidentes radicalizan sus protestas, miles de docentes continúan esperando soluciones de fondo que garanticen una jubilación digna y mejores condiciones laborales.

La educación no necesita sindicatos enfrentados entre sí ni dirigentes preocupados por demostrar quién tiene mayor legitimidad. Necesita representantes capaces de escuchar a sus bases, cuestionar cuando sea necesario y exigir cambios reales. Porque cuando el sindicalismo se vuelve complaciente, deja de ser un instrumento de defensa de los trabajadores para convertirse en un simple espectador de las decisiones del poder y un aplaudidor gubernamental.

El cargo Entre la complacencia sindical y la realidad del magisterio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Integrantes del Comité Ejecutivo Delegacional D-III-1, perteneciente a la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dentro de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET), manifestaron públicamente su respaldo a las demandas impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), particularmente en lo relacionado con la construcción de un sistema de pensiones más justo y digno para el magisterio.

A través de un pronunciamiento dirigido a la base trabajadora del SNTE y a la sociedad en general, los representantes sindicales señalaron que la lucha que actualmente encabeza la CNTE responde a una demanda histórica del sector educativo, relacionada con la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de vida durante la etapa de retiro.

En el documento, la delegación consideró indispensable que exista apertura, diálogo y voluntad política por parte de las autoridades para atender las demandas de los trabajadores de la educación. Indicaron que, cuando estos elementos no se consolidan, los trabajadores recurren a distintas formas de organización para visibilizar sus necesidades y buscar soluciones.

Asimismo, señalaron que la Ley del ISSSTE de 2007 presenta aspectos que requieren revisión, especialmente en lo referente al acceso a pensiones suficientes y acordes con la realidad económica actual. Destacaron que el constante incremento en el costo de vida representa un desafío que debe ser tomado en cuenta en cualquier esquema de retiro.

Otro de los puntos abordados fue el tema salarial. Los integrantes de la delegación expresaron su preocupación por las diferencias en los incrementos otorgados a distintos sectores del magisterio. Sostuvieron que el aumento salarial debe establecerse bajo un mismo porcentaje base para todos los trabajadores de la educación, incluyendo al personal docente y al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

En ese sentido, plantearon que el incremento salarial debió partir de un 9 por ciento general para todos los trabajadores, mientras que los porcentajes adicionales destinados al personal docente deberían reconocerse como estímulos al desarrollo profesional, sin generar brechas de desigualdad entre quienes integran el sistema educativo.

La delegación sindical afirmó que no existen trabajadores de primera o segunda categoría dentro del sector educativo y destacó la importancia de avanzar hacia un equilibrio salarial que fortalezca la unidad del magisterio.

Finalmente, los firmantes expresaron su respeto y respaldo a las acciones que realizan docentes y trabajadores de la educación en la Ciudad de México, al tiempo que hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a las dirigencias sindicales para privilegiar el diálogo, la unidad y la construcción de acuerdos que permitan mejorar las condiciones laborales, salariales y de retiro de los trabajadores de la educación.

El cargo Delegación del SNTE en Tlaxcala respalda demandas de la CNTE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Maestras y maestros de diversas supervisiones y sectores adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la sección 31, exigen a la dirigencia nacional la publicación inmediata de la convocatoria para la renovación de la delegación, pues afirmaron que la actual secretario general Cutberto Chávez ya concluyó su periodo el pasado mes de octubre de 2025.

Cabe recordar que el pasado, 1 de mayo en el marco del “Día del trabajo”, un grupo de maestros manifestó su rechazo a la continuidad del actual dirigente sindical, debido a que consideraron que no defiende los derechos laborales ante el gobierno del Estado, por el contrario, se ha comportado como un secretario sumiso y puesto a la orden del gobierno local.

Sumado a este caso, está el abuso y la violación a los derechos laborales a los maestros de la escuela primaria, Emiliano Zapata, en la capital del Estado, los cuales fueron vulnerados sus derechos por el Estado, debido a que no se les preguntó si querían cambiarse a una nueva escuela, la ley laboral y el contrato colectivo del centro establecen que para que un maestro pueda ser reubicado de escuela debe considerarse su decisión debido a los años de servicio que las maestras y los maestros han acumulado en la institución.

En este sentido, el magisterio exige a la dirigencia nacional del Sindicato la emisión pronta de la convocatoria para la renovación de la sección 31 del SNTE, pues de lo contrario, advierten que tomarán acciones para movilizarse y presionar a la dirigencia nacional.

Finalmente, las y los maestros de Tlaxcala refrendaron su compromiso con la educación y con el sindicato, sin embargo, no van a permitir imposiciones de personajes que no defienden los derechos laborales del magisterio.

El cargo Magisterio exige elecciones al SNTE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Al arribar al primer cuadro de la capital, los trabajadores de centrales obreras y sindicatos, desfilaron por el parque de la Constitución para concentrarse en la explanada de palacio de Gobierno y alzar la voz y denunciar el incumplimiento de acuerdos del gobierno federal y estatal. El desfile de estuvo encabezado por trabajadores de las Confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Regional Obrera Mexicana (CROM) y Revolucionaria Obrera Campesina (CROC), así como los Sindicatos de Trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de Telefonistas de la República Mexicana y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las centrales obreras y sindicatos alzaron la voz para exigir mejores condiciones laborales, disminuir el Impuesto Sobre la Renta (ISR), abastecer de medicamentos las farmacias del IMSS, mejorar el servicio médico y de laboratorio, también denunciaron abusos a la clase trabajadora pues aseguraron que “se nos ha cargado la mano”.

Al mismo tiempo, frente a la presidencia municipal de Tlaxcala, el presidium del SNTE presenciaba la marcha de sus trabajadores, quienes cumplieron con desfilar mostrando el sometimiento de su líder sindical, que en todo momento gritaba “Unidad” y alentaba a su base trabajadora.

En este desfile oficialista también se notó el rostro de maestras y maestros que no concuerdan con su líder sindical, pero que acudieron para cumplir para evitar actos de represión.

El cargo Desfilan trabajadores y “oficialistas” del SNTE apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

“En estos momentos estamos trabajando y esperamos las indicaciones nacionales y esperaremos los tiempos y si nos dan la oportunidad de reelegirnos lo vamos hacer”, afirmó.

Al tiempo denunció actos anticipados de campaña de cuatro compañeros que se han adelantado a los tiempos internos de elección del SNTE, a quienes dijo que esperen los tiempos y no se desgasten, antes de que emitan la convocatoria.

“Las reuniones de liderazgos con maestros son actos anticipados de campaña y los invitaría a esperar los tiempos a que no se desgasten porque falta un poco más de camino y los invito a que permanezcan tranquilos y no se precipiten. Vamos a revisar con nuestros abogados estás conductas que hemos identificado en alrededor de cuatro compañeros”.

Dijo que la convocatoria la emitirá el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en el momento preciso que consideren.

El cargo Cutberto no descarta reelegirse en el SNTE, “espera el visto bueno” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Cutberto Chávez de la Rosa exigió al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación Pública del Estado, respetar los derechos y las prestaciones de los 24 maestros de ambos turnos de la primaria “Emiliano Zapata” ubicada en el mercado en la capital del estado.

“No vamos a permitir que puedan atropellar sus derechos y prestaciones de este grupo de maestros que se encuentra ahí laborando en el cual hemos diálogo con el secretario de educación pública y hemos tenido convenios de no atropellar esos derechos”.

Chávez de la Rosa dijo que el gobierno afectará los derechos de los maestros si la autoridad hace cambios de centros de trabajo sin que el docente lo solicite.

“Si se afectarían si hubiera un movimiento sin que los maestros lo soliciten, si alguien dice a mí me conviene quedarme ahí, lógicamente tenemos que defender ese derecho de los compañeros, mantenemos el diálogo con el secretario de educación”.

Al cuestionarle si ha solicitado a las autoridades los dictámenes de riesgo de la institución, Chávez de la Rosa se limitó a decir que “No le compete al sindicato la revisión de la infraestructura”, dejó en claro que no le interesa vigilar las condiciones físicas de los centros de trabajo.

El cargo SNTE exige respeto a maestros de la Emiliano Zapata apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La iniciativa, impulsada por los diputados de Nueva Alianza Tlaxcala (NAT) —Engracia Morales Delgado y Vladimir Zainos Flores— se presenta como un baluarte contra la violencia que azota las aulas, inspirada en el trágico homicidio de un profesor a manos presuntas de un alumno y su madre, un caso que aún languidece en la impunidad.

Suena noble, ¿verdad? Protegemos al magisterio, blindamos su dignidad, castigamos el acoso. Pero rascamos la superficie y encontramos lo de siempre: una propuesta electorera, mentirosa y ridícula, con dedicatoria clara para maquillar la podredumbre de quienes más han hostigado a los maestros. Todo, con la mira puesta en las elecciones sindicales de la Sección 31 en octubre y la gubernatura de 2027.

Empecemos por lo ridículo: ¿De verdad necesitábamos una “ley especial” para sancionar calumnias contra profesores? El Código Penal tlaxcalteca ya contempla penas por difamación, injuria y denuncia falsa para todos los ciudadanos, sin distingo de profesión. No se requiere una “dedicatoria magisterial” para que un mentiroso pague por sus embustes; eso viola el principio de igualdad ante la ley y huele a segregación jurídica absurda.

Como bien lo dijo Gwendolyne Amaro, ex secretaria general de la Delegación D-III-1 del SNTE y abogada de profesión —quien generó 7 millones de pesos en presupuesto para su sección y peleó prestaciones para el gremio—, esta reforma es “una aberración demagógica, una estupidez que solo comulgan quienes no saben de derecho”. Equivale a crear penas solo para pederastas “católicos” en vez de para todos los abusadores: ridículo, innecesario y potencialmente inconstitucional.

Pero lo peor es lo mentirosa. Los promotores juran que busca “justicia pronta” y “protección integral” sin coartar denuncias legítimas. ¿En serio? Si el objetivo fuera genuino, ¿por qué no abordan las más de 90 agresiones documentadas en el último ciclo escolar, reveladas por el propio secretario de Educación, Homero Meneses Hernández?

En lugar de eso, la ley llega como un boomerang irónico: el magisterio, en redes y pasillos sindicales, la celebra a medias, pero exige aplicarla contra los verdaderos verdugos internos. “¡Que se la apliquen a Homero y a Cutberto!”, claman maestras y supervisoras, hartas de actas falsas, ceses injustificados y campañas de descrédito.

Amaro, cesada cobardemente por “violencia” contra un funcionario de Coeprist con testigos del jurídico que mintieron bajo juramento, es el caso paradigmático: Meneses la acusó de robo de almacén, plazas y pactos con proveedores vía audios y rumores venenosos. Bajo esta nueva norma, él —el “primer violador” de la ley, según ella— estaría pudriéndose en la cárcel de seis meses a dos años, más una multa que lo dejaría sin su quincena, que al año equivale a millones de pesos.

Y aquí entra lo electorero, el tufo a cálculo político que apesta desde lejos. Homero Meneses, con su historial de promesas rotas —como las reformas contra agresiones de julio 2025 que nunca aterrizó—, mitines forzados a maestros en octubre y 33.6 millones de pesos duplicados en quincenas irregulares entre 2024 y 2025, arrastra una imagen tóxica ante el gremio.

Cutberto Chávez de la Rosa, cuyo periodo al frente de la Sección 31 del SNTE expira el 27 de octubre, no va mejor: omiso ante abusos laborales, acoso vía Rafael Flores Bañuelos (laborales); América Guadalupe Paredes Hernández y con un Comité Nacional que podría convocar elecciones si los “ánimos están calmados”.

Esta ley cae como anillo al dedo: una gira triunfal para presumir “blindaje al magisterio”, vendiendo espejos a un gremio que sabe de sus cochinadas. Candidatos como Lidia “Caritina” Olivera Coronel, Gloria Solís Lima, o Justo Lozano Tovar, ya pulen sus planillas, pero sin esta cortina de humo, su camino sería más pedregoso rumbo a 2027.

La diputada Morales Delgado, maestra de profesión, invocó a la Suprema Corte y la Corte Interamericana para hablar de presunción de inocencia y debido proceso. Bien por ella, pero ¿dónde estaba esa indignación cuando Homero Meneses obligaba a docentes a eventos partidistas o cuando el jurídico fabricaba delitos de sedición? Esta reforma no es reflexión por el homicidio no esclarecido —con rumores de hostigamiento homosexual que nadie investiga—; es un parche para inflar votos en una transición sindical caliente y una gubernatura en el horizonte.

El magisterio, insustituible como dice la propuesta, clama entornos de paz reales: fin al acoso laboral, transparencia en presupuestos y justicia sin dedicatorias. Si Homero y Cutberto quieren redimirse, que empiecen por aplicarse la ley que tanto alaban -aunque la retroactividad juega a su favor-. De lo contrario, quedará como lo que es: un chiste ridículo, una mentira con fecha de caducidad electoral. El 2027 se acerca, y el magisterio no olvida.

El cargo Protección al magisterio o redención de Homero apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

El cargo La reforma al Poder Judicial, un ejercicio honesto para reconstruir al país, asegura Ana Lilia Rivera apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Mientras el gremio docente, representado por las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), alza la voz con indignación y dolor, exigiendo justicia y medidas de seguridad inmediatas, la respuesta de Meneses parece más un intento desesperado por salvar su imagen que una muestra genuina de empatía y liderazgo.

El asesinato de José Manuel, hallado sin vida el 8 de julio con evidentes huellas de violencia en una barranca de San Pablo del Monte, ha cimbrado a la comunidad educativa. Las circunstancias del crimen, perpetrado presuntamente por un alumno de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), han desatado una ola de indignación que trasciende las aulas y se convierte en un grito colectivo por seguridad y justicia.

En este contexto, el magisterio no solo llora la pérdida de un colega ejemplar, sino que también denuncia la descomposición social y la falta de políticas públicas efectivas que garanticen un entorno seguro para quienes dedican su vida a formar ciudadanos. La falta de valores es evidente.

Sin embargo, la respuesta de la SEPE-USET, a través de su titular, Homero Meneses, llega tarde y con un tufo de oportunismo político. El anuncio de una iniciativa de reforma al Código Penal para incorporar agravantes por agresiones a docentes, aunque bien intencionada en apariencia, no deja de ser una medida reactiva que no aborda las causas de fondo ni responde a la urgencia del momento.

¿Dónde estaban estas propuestas cuando el magisterio llevaba años señalando la creciente inseguridad en las escuelas? ¿Por qué se espera a una tragedia de esta magnitud para actuar? La respuesta parece clara: Meneses, consciente de que su aspiración a una candidatura política se desvanece, busca ahora proyectar una imagen de sensibilidad que contrasta con su historial de tibieza frente a los problemas del gremio. Muchos maestros se lo han dicho en público y privado.

El magisterio, en voz de representantes como Giovanni Montalvo, ha sido claro: la violencia que hoy lamentan no es un hecho aislado, sino un reflejo de un fenómeno nacional que en Tlaxcala ha encontrado eco en la descomposición social, la impunidad y la falta de formación integral de los estudiantes. Los docentes no solo exigen justicia para José Manuel, sino también un protocolo de seguridad específico que les permita trabajar sin temor.

La movilización anunciada para el 14 de julio es una muestra de que el gremio no está dispuesto a esperar más promesas vacías ni a conformarse con iniciativas legislativas que, aunque necesarias, llegan como un paliativo tardío.

La postura de Meneses, lejos de transmitir solidaridad, parece un intento de apagar el incendio con un vaso de agua. Su discurso sobre reformas al Código Penal suena más a estrategia de control de daños que a un compromiso real con la seguridad del magisterio. Si la SEPE-USET realmente quisiera demostrar empatía, habría actuado de manera proactiva mucho antes, implementando medidas preventivas, fortaleciendo los entornos escolares y atendiendo las demandas de los docentes, que no son nuevas.

En cambio, la dependencia opta por reaccionar ante la presión mediática y sindical, dejando en evidencia una falta de visión y sensibilidad que indigna aún más a un gremio ya golpeado por el dolor. La tragedia de José Manuel no debe reducirse a un caso más en las estadísticas de la violencia. Es un recordatorio de que educar en México, y en Tlaxcala, se ha convertido en una labor de alto riesgo.

Los docentes no solo enfrentan los retos de formar a las nuevas generaciones en un contexto de precariedad, sino que ahora deben lidiar con el miedo a perder la vida. La SEPE-USET, en lugar de liderar con propuestas integrales que ataquen las raíces del problema, se limita a ofrecer parches legislativos que, aunque necesarios, no sustituyen la urgencia de políticas públicas preventivas y un compromiso real con el bienestar del magisterio.

El llamado del SNTE y de los docentes de Tlaxcala es claro: justicia para José Manuel, seguridad para el gremio y un alto a la indiferencia institucional. Homero Meneses tiene ante sí una oportunidad para demostrar que su liderazgo va más allá de las apariencias y las ambiciones políticas. Sin embargo, su historial y la tibieza de su respuesta actual sugieren que, para él, la tragedia de un maestro es solo un episodio más en una gestión que prioriza la imagen sobre la acción.

Los maestros tampoco olvidan que Homero Meneses los ha usado lo mismo para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que para su propia campaña HM, que no son mÁs que las siglas con su nombre y apellido, disfrazada de Humanismo Mexicano.

Desde este espacio mis condolencias y toda la solidaridad con el magisterio tlaxcalteca que vuelve a estar de luto, vuelve a tener una tragedia, otra más, esta ocasión sufriendo la perdida de un compañero de formación, de carrera, la primera desgracia la tuvieron hace tres años con la llegada de Homero Meneses Hernández a la Secretaría de Educación Pública.

@martin_rodriguez.com

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El cargo Tragedia en el magisterio apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las calles de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y ahora Tlaxcala retumban con las protestas de docentes que, lejos de ser los “fifís” que tanto critica el oficialismo, son la viva imagen de la pobreza que el gobierno dice defender. Y en este torbellino, brilla por su ausencia Leticia Ramírez Amaya, exlíder de la CNTE y hoy funcionaria de alto rango, cuya pasividad raya en la complicidad con un gobierno que no termina de entender a sus bases.

Sheinbaum, con su estilo de gobernar desde la sobriedad tecnocrática, ha intentado apaciguar a los maestros con buenas palabras y promesas parciales: un aumento salarial del 9%, la congelación de la edad de jubilación y ajustes cosméticos al sistema de pensiones. Pero los docentes no se tragan el discurso.

En Tlaxcala, donde la CNTE también ha levantado la voz, los maestros saben que 16,000 pesos al mes –o menos– no alcanzan para una vida digna, mucho menos en un estado donde el costo de vida, aunque más bajo que en la capital, sigue siendo un desafío para quienes educan a las futuras generaciones.

La presidenta insiste en que revertir la reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), esa herencia envenenada de Calderón, es fiscalmente imposible. Pero, ¿no era este el gobierno que prometía justicia para los más vulnerables? ¿no eran primero los pobres?. Los maestros, con sueldos raquíticos y un sistema de salud pública que apenas les ofrece migajas, no ven reflejada esa justicia en sus bolsillos ni en su futuro.

Y luego está Leticia Ramírez Amaya, cuya trayectoria como exlíder de la CNTE debería, en teoría, hacerla la interlocutora ideal para tender puentes. Pero su silencio es ensordecedor. Como ex secretaria de Educación y actual funcionaria, Ramírez parece haber olvidado las luchas que alguna vez encabezó.

¿Dónde está la combativa Leticia que desafiaba las reformas neoliberales? Parece que se quedó en el archivo de la 4T, reemplazada por una funcionaria que prefiere el escritorio a las calles. Por eso sus ex compañeros no la quieren ni la toman como una interlocutora tal, seria, ni de peso.

El gobierno de Sheinbaum, mientras tanto, ha pasado de la diplomacia a la confrontación. La presidenta, en un giro que revela su incomodidad, ha insinuado que los argumentos de la CNTE se alinean con los de la derecha, una acusación que busca deslegitimar a los manifestantes al pintarlos como peones de la oposición. ¿En serio, presidenta? ¿Acusar a los maestros de Oaxaca, Guerrero, y mañana a los de Tlaxcala de ser aliados de los “conservadores”?

Eso es un golpe bajo que no solo subestima la inteligencia de los docentes, sino que ignora el historial de lucha de la CNTE, que siempre ha sido un dolor de cabeza para cualquier gobierno, sea del PRI, del PAN o ahora de Morena. La pregunta que resuena en Tlaxcala y más allá es clara: si los maestros eran los aliados de la 4T, ¿por qué ahora son tratados como adversarios?

Mientras tanto, el SNTE, ese sindicato domesticado que aplaude cada migaja del gobierno, calla y consiente. Su líder, Alfonso Cepeda, recién afiliado a Morena, ahora ofrece millones de votos para las elecciones judiciales, pero no una palabra sobre las demandas de los docentes de base.

En Tlaxcala, donde la pobreza también marca la vida de los maestros, el contraste entre el silencio del SNTE y los gritos de la CNTE es brutal. Sheinbaum y Ramírez Amaya parecen confiar en que el tiempo y las promesas apaguen el fuego, pero subestiman la memoria de los maestros. Estos no olvidan que el gobierno que prometió ponerlos primero sigue sin saldar las deudas históricas con quienes sostienen la educación pública.

La 4T se jacta de ser el gobierno de los pobres, pero en las calles de Tlaxcala y el resto del país, los maestros –pobres entre los pobres– están hartos de discursos.

Más datos de la Elección Judicial

Estados con votación por debajo de la media nacional: Chiapas; de Michoacán; de Baja California, Sonora, Morelos, Baja California, Colima.

Estados con votación abajo del promedio nacional fueron: Baja California Sur, con 10.17%; Colima, con 10.47%; Morelos, con 10.9%; y Zacatecas, con 11.1%.

Entidades con mayor participación electoral: Ciudad de México, con 14.3% de participación; Quintana Roo, con 14.3%; San Luis Potosí, con 15.2%; Oaxaca, con 14.6%; y Tlaxcala, con 13.7%.

El cargo POBRES maestros apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.