El objetivo es claro: incorporar “soldados leales” al proyecto del alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García. El uso de dinero y otros elementos públicos para fines político-electorales no es nuevo en Tlaxcala, pero la modalidad actual ya roza lo descarado.

Los más presionados son los trabajadores de confianza, aquellos que ya cargan con la propaganda y el “bulto” en los eventos oficiales. Ahora, en horario laboral, los mandan a realizar encuestas pidiendo datos sensibles como el CURP, bajo gafetes de una supuesta empresa llamada DATAMETRICA, mientras repiten el guion de las “muchísimas obras” del alcalde. Esto no es gestión territorial, es reclutamiento clientelar disfrazado de tecnología.

Usar recursos públicos, tiempo pagado por los contribuyentes y datos personales para fortalecer una estructura de control político es un abuso que merece investigación seria de los órganos electorales y de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Pero parece que en Tlaxcala no existen.

Mientras este tipo de prácticas operan a ras de tierra, Tlaxcala despide a una figura que supo mover hilos con mayor peso histórico, pues la madrugada del lunes falleció a los 83 años Javier García González, operador priista de larga trayectoria

Diputado federal y local, presidente municipal de Apizaco, dirigente estatal del PRI y artífice de la histórica barrida priista del 2000. Cercano a Colosio y coordinador de campañas presidenciales, García González representaba una época en la que el PRI tlaxcalteca sabía ganar con maquinaria, pero también con operadores de peso real. Su muerte cierra un ciclo. Queda por ver si los nuevos operadores, más dependientes de apps y gafetes de dudosa procedencia, logran llenar ese vacío.

En el terreno educativo, la decisión de la SEP de terminar el ciclo escolar el 5 de junio (en lugar del 15 de julio) por altas temperaturas y el Mundial de Futbol sigue generando rechazo.Sin embargo el secretario Mario Delgado ya -por fin- reconoció que se actuó de forma “tecnocrática” y sin suficiente diálogo con padres y maestros pero al final recular es recular.

Tiene razón en una cosa: la escuela no es guardería. Pero también es cierto que adelantar tanto el cierre, sin una planeación adecuada, deja la sensación de improvisación y priorización de eventos deportivos sobre el calendario académico. ¿o era miedo a la CENTE?. Como sea otra vez se pretendía tomar decisiones desde arriba y los afectados que se enteren por decreto.

@martin_rodriguez.com

La #líder del #STAICOBAT #LuceroSuárezPérez #obliga a sus #agremiados a trabajar a favor de Alfonso Sánchez García

♬ sonido original – Martín Rodríguez

Las tres de ley… La polémica del Día de las Madres expuso otra contradicción gubernamental. Mientras algunos municipios (San Pablo del Monte, Ixtenco, Apetatitlán, Panotla) usaron recursos públicos para espectáculos con hombres semidesnudos, el Gobierno del Estado y la CEDHT tuvieron que salir a marcar distancia, hablando de “valores familiares”, “no cosificación” y perspectiva de género.

2- Es saludable que se critique la sexualización, pero también resulta hipócrita que se espante ahora cuando el uso discrecional del erario para espectáculos ya es vicio recurrente en lo local; El dinero público debe tener límites claros y consistentes. Gastarse en presupuesto en sus campañas anticipadas es igual de grotesto, penoso, sucio y sin embargo eso no los sonroja.

3- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los cobros excesivos de varios municipios. La SCJN recordó algo elemental: la proporcionalidad y equidad tributaria. Que los ayuntamientos pretendieran lucrar de esa manera dice mucho de cómo algunos gobiernos locales ven al ciudadano: como caja chica, pero que Bladimir Zainos Flores siga presumiendo su trabajo como diputado, es todavía peor.

El cargo $TAICOBAT al mejor Po$tor apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Corte del Undécimo Circuito Judicial ordenó a la pareja pagar una suma que triplica el monto originalmente reclamado por el Gobierno de México: 748.8 millones de dólares para García Luna y 1,740 millones para Pereyra.

Este fallo, resultado de un litigio iniciado en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), expone una red de corrupción y lavado de dinero que operó durante años bajo el amparo del poder público.

Pero más allá de este caso nacional, cabe preguntarnos: ¿cuántos casos similares, a menor escala, podrían estar ocurriendo en Tlaxcala, donde la opacidad y la impunidad parecen ser moneda corriente?

La UIF detalló cómo García Luna, durante su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, encabezó un esquema que adjudicó 30 contratos a empresas ligadas a su familia, extrayendo 745.9 millones de dólares de recursos públicos.

Este caso no solo revela la magnitud del daño al erario, sino también la falta de controles efectivos para prevenir el abuso de poder. En Tlaxcala, un estado con una economía modesta pero con una historia de excesos políticos, el eco de estas prácticas resuena con fuerza. ¿Cuántos funcionarios locales han utilizado su posición para acumular propiedades, vehículos de lujo o patrimonios inexplicables, mientras las comunidades a las que sirven enfrentan carencias?

En nuestra entidad los ejemplos de voracidad no son difíciles de encontrar. Políticos de todos los colores han sido señalados por amasar fortunas que difícilmente podrían justificarse con sus ingresos legítimos.

Casas ostentosas, ranchos, autos de alta gama y negocios prósperos aparecen de la noche a la mañana, mientras las arcas municipales o estatales se vacían sin que los ciudadanos vean mejoras tangibles.

A diferencia del caso García Luna, donde la justicia estadounidense ha recuperado activos como 1.9 millones de dólares y un inmueble valuado en 555.8 mil dólares, en Tlaxcala las autoridades locales parecen incapaces de cortar las uñas a estos compulsivos acumuladores de bienes.

El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en Tlaxcala, que deberían ser los guardianes de la transparencia, han mostrado una preocupante inacción. Las auditorías, cuando se realizan, rara vez derivan en consecuencias reales.

Las denuncias de peculado, contrataciones indebidas o desvío de recursos se diluyen en procesos burocráticos interminables, mientras los responsables continúan su vida sin rendir cuentas. ¿Dónde están los mecanismos para rastrear los bienes adquiridos por exalcaldes, exdiputados o exfuncionarios estatales? ¿Cuántos de ellos operan redes de corrupción similares a las de García Luna, utilizando testaferros o empresas fantasma para ocultar su botín?

La sentencia contra García Luna debe servir como un espejo para Tlaxcala. Si en un caso de alto perfil la justicia logró recuperar recursos y exponer una red de corrupción, ¿por qué no se puede hacer lo mismo a nivel local?

La UIF ha demostrado que es posible identificar y recuperar activos, incluso en el extranjero. En Tlaxcala, urge que las autoridades refuercen sus investigaciones, no solo para sancionar a los culpables, sino para devolver al pueblo lo que le pertenece. Los recursos públicos malversados podrían destinarse a escuelas, hospitales o infraestructura, en lugar de financiar el estilo de vida de unos pocos.

Es momento de que Tlaxcala despierte. Los ciudadanos merecemos instituciones que actúen con firmeza, que no solo señalen las irregularidades, sino que persigan y castiguen a quienes se enriquecen a costa del erario.

La impunidad de los García Luna locales debe terminar. Es hora de exigir que el OFS y la SFP dejen de ser meros espectadores y se conviertan en verdaderos contrapesos del poder. Porque, al final del día, el patrimonio de los corruptos no es más que el robo descarado de los sueños de un pueblo que merece mucho más.

El cargo Corrupción en Tlaxcala: ¿Cuántos García Luna locales siguen impunes? apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Secretaría de Bienestar inició la conformación de Comités de Contraloría Social, con la finalidad de incentivar la participación ciudadana en los 13 programas sociales que opera este año y garantizar así que los apoyos lleguen a tlaxcaltecas en condición vulnerable.

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), se realizan estas acciones, en las que grupos integrados por ciudadanos tlaxcaltecas organizados se suman para contribuir a la vigilancia de la correcta operación de las estrategias.

La titular de la Secretaría de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, explicó que, con la instalación y capacitación de los comités, se da cumplimiento al “Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2025” y se garantiza el uso correcto de recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

“Este trabajo colectivo es una muestra clara de nuestro compromiso con la transparencia y la inclusión de la ciudadanía, garantizando que los resultados de nuestras iniciativas impacten de manera directa y oportuna a quienes más lo requieren”, afirmó.

Cabe señalar que los integrantes de los Comités de Contraloría Social participarán en la socialización de los programas que impulsa la Secretaría de Bienestar para focalizar la ayuda a la población que más lo requiera.

La dependencia estatal inició la conformación de estos comités de los programas que opera la Dirección de Infraestructura Social.

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Con la finalidad de regularizar el servicio de grúas, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros entregó concesiones para los servicios de arrastre, salvamento y depósitos vehiculares, lo que beneficia a tener un mayor control y evitar cobros excesivos a las y los tlaxcaltecas.

En su mensaje, refirió que “este problema viene desde hace mucho tiempo; era una preocupación que tenía de manera constante, ya que la gente de manera recurrente se quejaba, pues sufrían un accidente automovilístico y se sentían nuevamente victimizados porque el cobro era excesivo, muchas veces se les decía que se requerían dos o tres grúas y todavía los costos elevados en los corralones”.

Cuéllar Cisneros explicó que desde hace más de 10 años el servicio de grúas y depósitos vehiculares no se había regularizado y concesionado por el estado, por eso la importancia de realizar esta acción en beneficio de la población que requiera de ese servicio sin necesidad de perder sus bienes por los pagos elevados.

Destacó que, a menos de un año de la publicación del reglamento de los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento, depósito de vehículos y encierros oficiales, se da cumplimiento mediante procedimientos transparentes y equitativos que legalizan estas acciones siempre apegadas a la normalidad.

La titular del Ejecutivo local llamó a los nuevos concesionarios a no abusar de los clientes, dar servicios de calidad y con precios accesibles; “nosotros tenemos que regular y por ello pedimos su total comprensión y apoyo, los invito a ser colaboradores con el gobierno y que realmente procuren también salvaguardar los derechos de las personas”.

A su vez, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Marco Tulio Munive Temoltzin, precisó que, atendiendo las indicaciones de la gobernadora, el servicio que ofrecerán los nuevos concesionarios será con un costo del 40 por ciento menos que los establecidos a nivel federal.

Aseguró que se cumplieron con todas las especificaciones y observaciones de las Secretarías de Función Pública y de gobierno, por ello, fueron rechazadas dos solicitudes por no reunir los requisitos necesarios, pues, se tiene un compromiso de transparencia que se debe cumplir.

Munive Temoltzin indicó que esta acción coadyuvará a impulsar aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, planeación del desarrollo urbano y establecer específicamente como una de las líneas de acción el regularizar y rediseñar el servicio público como política para detonar el desarrollo de Tlaxcala.

Por último, la representante de los nuevos concesionarios, Lidia Zambrano Cervantes, agradeció a la gobernadora su apoyo, “gracias por su generosidad, pues por esa generosidad de parte suya seguirá haciendo historia en Tlaxcala, pues hoy con esta acción se generan más empleos; quiero decirle que nosotros cumplimos en tiempo y forma con los lineamientos y estatutos que solicitaron para ser acreedores”.

Este miércoles fueron entregadas 14 concesiones de grúas para arrastre y/o salvamento y 10 concesiones de depósitos vehiculares a personas físicas y morales prestadoras de estos servicios; después de más de 10 años que este servicio no se había regularizado y concesionado por el gobierno del estado.

En el evento también estuvieron los titulares de la de las Secretarías de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández, y de la Función Pública (SFP), María Isabel Delfina Maldonado Textle.

El cargo REGULARIZA GOBERNADORA SERVICIOS DE ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPÓSITOS VEHICULARES apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) obtuvo una Mención Especial en el Certamen de Innovación en Transparencia 2024 por la aplicación que desarrolló esta casa de estudios en el Laboratorio de Tecnologías de la Información y Aplicaciones Móviles (TIAMLab) para el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) del estado, a través de un sistema que permite la mejora en el registro de mujeres violentadas.

Este sistema innovador está diseñado para simplificar y automatizar el proceso de registro y seguimiento de mujeres víctimas de violencia, ofreciendo una herramienta valiosa para el personal del centro.

El proyecto se desarrolló en tres etapas, enfocándose en proporcionar una interfaz intuitiva que permite al personal ingresar datos de manera eficiente y realizar un seguimiento eficaz de cada caso. Esta mejora no solo optimiza el manejo de la información, sino que también eleva la calidad de atención brindada a mujeres en situaciones vulnerables, asegurando que sus necesidades sean atendidas de manera oportuna y profesional.

La excelencia en la gestión y el compromiso con la innovación tecnológica de la UPTx, liderada por la rectora Rosalía Nalleli Pérez Estrada, ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de este sistema. Su arduo trabajo y dedicación para posicionar a esta casa de estudios como un referente en la educación superior y la investigación se reflejan en proyectos que impactan positivamente en la sociedad.

La institución se enorgullece de contribuir a la mejora de la gestión pública y la rendición de cuentas en el estado de Tlaxcala, que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La iniciativa fue reconocida en el Certamen de Innovación en Transparencia 2024, donde el proyecto “Sistema de Administración para el Centro de Justicia para las Mujeres” recibió una Mención Especial en la categoría de Instituciones Académicas.

El certamen es organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Centro de la OCDE en México para América Latina, el World Justice Project (WJP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la organización Transparencia Mexicana (TMX) y el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM).

Dicha distinción resalta no solo la implementación de herramientas tecnológicas innovadoras, sino también el compromiso de la universidad con la transparencia y la mejora de la gestión gubernamental.

La UPTx reafirma su misión de trabajar por la equidad y la justicia social, colaborando estrechamente con instituciones del estado para desarrollar soluciones que beneficien a la población.

Este sistema administrable es un paso significativo hacia la creación de un entorno más seguro y justo para todas las mujeres en Tlaxcala, demostrando que la educación y la tecnología pueden ser fuerzas poderosas para el cambio social.

El cargo RECONOCEN EN CERTAMEN DE TRANSPARENCIA A LA UPTX POR AVANCE TECNOLÓGICO EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Las tres sentencias condenatorias que logró la SFP derivaron de denuncias que presentó la dependencia ante la Procuraduría, y después Fiscalía General de la República (FGR) durante el primer año de gobierno y van de uno a dos años de prisión y decomisos de más de tres millones de pesos.

​¿Quiénes son los sentenciados? 

Los tres sentenciados fueron Miguel Ángel Mendoza Guadarrama, quien trabajaba en la Presidencia de la República; Félix Alvarado Arellano, quien fue gerente de Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción, y José Roberto Romero Berumen, que era empleado del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).

A Miguel Ángel Mendoza Guadarrama, quien era jefe de Departamento de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Presidencia de la República, en los primeros meses del actual sexenio, se le acusó de haber desviado, entre enero y abril de 2019, más de 300 mil pesos que tenían que haberse usado para abastecer de gasolina a los vehículos de la Presidencia.

Un juez federal con sede en el reclusorio Norte lo sentenció en junio del 2021 a un año y cuatro meses de prisión, inhabilitación de seis años y ocho meses, multa de 5 mil 660.83 pesos y reparación del daño por 354 mil 691 pesos.

Su caso fue dado a conocer por MILENIO en noviembre de 2021, cuando la SFP lo citó mediante el Diario Oficial de la Federación para una audiencia en el proceso administrativo que se le siguió de manera paralela a la denuncia penal que se presentó ante la FGR en su contra desde el 8 de mayo de 2019.

En el edicto, la SFP detalló que Mendoza Guadarrama hizo una utilización indebida de 12 tarjetas electrónicas con chip, generando 358 dispersiones de dinero y cargos de combustible en beneficio de personas ajenas a la Presidencia de la República.

Viejo lobo en Pemex

El 12 de diciembre de 2018, es decir, apenas 11 días después de que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SFP acusó ante la FGR a Félix Alvarado Arellano por el delito de enriquecimiento ilícito, por actos cometidos cuando fue gerente del yacimiento Ku Maloob Zaap, de la Sonda de Campeche, cargo que desempeñó entre abril del 2009 y marzo de 2013.

El 22 de septiembre de 2023, el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en San Francisco Campeche, le dictó sentencia condenatoria de dos años de prisión, multa de 20 mil 187 pesos, disculpa pública y pago de 868 mil 811.44 pesos por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con los registros de la SFP, Alvarado Arellano entró a trabajar a Pemex Exploración y Producción al menos desde 1992, como técnico B en la Gerencia de Producción de la Región Sur y desarrolló una carrera que incluyó varias gerencias de producción hasta que, en enero de 2017, se retiró de la petrolera con el cargo de subdirector de Producción de Campos Terrestres, con sede en Tabasco, cargo que ostentó desde septiembre de 2015.

El servidor público había sido señalado en prensa nacional y local por presuntamente otorgar contratos de la petrolera mexicana a empresas que no tenían la capacidad técnica ni financiera para ser proveedoras.

Decomiso millonario

A José Roberto Romero Berumen se le acusó de enriquecimiento ilícito cuando se desempeñó como analista delegacional de la Dirección Plaza Tlalnepantla y Dirección Plaza Vallejo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

La SFP lo denunció penalmente el primero de noviembre de 2019 ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y casi un año después, el 6 de diciembre de 2022, un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte lo sentenció a un año seis meses de prisión, la inhabilitación por el mismo periodo, multa de 5 mil 661.74 pesos y decomiso de 3 millones 192 mil 336.46 pesos.

¿Cuántas sentencias hay en la mira?

La información proporcionada por la SFP revela que, aunque únicamente se han logrado tres sentencias condenatorias por acusaciones promovidas en el actual sexenio, hay 277 denuncias en curso ante la FGR, que se radicaron en la Oficina del Fiscal Alejandro Gertz Manero o en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza Luz Mijangos.

Dichos expedientes involucran al menos a 436 servidores públicos federales de diferentes instituciones del gobierno de México.

Las denuncias con más personajes implicados son al menos tres: una que la SFP presentó en diciembre de 2019 en contra de 11 empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y otras dos en las que se implica a nueve trabajadores cada una.

Una de ellas fue presentada el 25 de octubre de 2019 contra nueve empleados de la Comisión Federal de Electricidad y otra, promovida el 26 de agosto de 2022 contra nueve empleados del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

En todos los casos, se les acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades y están en proceso.

Con información de: Milenio

El cargo SFP consigue prisión contra 3 empleados federales por corrupción; investigan a más de 400 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

*A fin de que las personas servidoras públicas desempeñen su función con apego a derecho en esta época electoral

La Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado organizó la Conferencia “Responsabilidades de los servidores públicos en procesos electorales” impartida por German Mendoza Papalotzi, Consejero de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y ex Secretario del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), con el propósito de promover entre las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo una visión ética durante el desarrollo de las actividades inherentes a este época electoral.

Este evento fue presidido por la gobernadora del estado, quien en su intervención instó a las y los servidores públicos a garantizar una administración honesta y transparente, en cumplimiento a la normatividad aplicable.

En presencia del auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la titular de la SFP manifestó en su mensaje de bienvenida que los servidores públicos tienen un compromiso con la democracia y la integridad electoral, lo cual los obliga a actuar con integridad, ética, transparencia y responsabilidad, a fin de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

La conferencia se llevó a cabo en el auditorio Benito Juárez del OFS del Congreso del estado y contó con la presencia de secretarios, directores, y jefes de departamento del gobierno estatal.

Durante su desarrollo, se hizo énfasis en la importancia de los esquemas de vigilancia en los programas de gobierno para evitar el uso indebido de recursos públicos en general.

Lo anterior, en concordancia con el contenido del acuerdo coordinado por el que se emite el Protocolo Estatal para Blindaje Electoral 2024, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de fecha 02 de mayo del presente año.

Con esta actividad, la SFP contribuyó a que las personas servidoras públicas de la administración pública estatal desempeñen su función pública con apego a derecho, a efecto de reforzar el cuidado en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, en esta época electoral.

El cargo ORGANIZA SFP CONFERENCIA “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PROCESOS ELECTORALES” apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

Con la finalidad de garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los procesos electorales federal y local 2023-2024, el gobierno del estado, a través de las secretarías de Gobierno (Segob) y Función Pública (SFP), emitió el Acuerdo Coordinado por el que se emite el Protocolo Estatal para Blindaje Electoral 2024.

Este protocolo tiene como objetivo establecer las reglas y mandatos que deben observar las personas servidoras públicas, a fin de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas en materia electoral, así como el uso indebido de los programas sociales.

Por ello, promueve la normatividad aplicable a la que está sujeto el actuar de las personas servidoras públicas de la administración pública estatal, en el ámbito de su respectiva competencia y advierte sobre las acciones y omisiones que deberán evitar durante la época electoral.

El documento forma parte de las acciones instrumentadas por el gobierno del estado para que las actividades asignadas a las dependencias y entidades se asuman con una visión ética del servicio público, bajo esquemas de vigilancia en los programas de gobierno y fomento a la cultura de la denuncia, para evitar el uso indebido de recursos públicos a favor de las y los candidatos, partidos políticos o coaliciones.

El protocolo establece las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la suspensión de la propaganda gubernamental y las excepciones de suspensión de campañas de información con base en la ley.

También indica la suspensión de reuniones masivas y del empadronamiento de beneficiarios de los programas sociales, junto con los parámetros bajo los cuales se realiza el manejo de recursos y uso de bienes públicos en este periodo electoral.

Asimismo, señala las condiciones de actuación de las personas servidoras públicas durante los procesos electorales 2023-2024 y las infracciones en las que pueden incurrir, entre otras consideraciones, para prevenir la probable comisión de hechos con apariencia de delitos previstos en la normatividad correspondiente o faltas administrativas contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De esta manera, el gobierno del estado busca cumplir con la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

https://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Peri18-7a2024.pdf

El cargo EMITEN AUTORIDADES ESTATALES PROTOCOLO PARA BLINDAJE ELECTORAL 2024 apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

¿Por qué la tardanza en ocupar ese cargo público?, ¿tardaron mucho en convencerla, a pesar de que su llegada ya se sabía desde, por lo menos, hace 20 días?, ¿se dio cuenta de la gran deferencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para con la nueva funcionaria estatal, que contrasta con otros que llegaron a cargos dentro del gabinete?

El 31 de enero pasado, reflexionábamos en este mismo espacio sobre la llegada de Maldonado Textle a la Secretaría de la Función Pública… pero la federal, no la estatal, ¿qué sucedió, por qué regresó?. Como sea, su llegada es buena noticia para Tlaxcala, aunque luego de prometer y negársele  la Secretaría de Finanzas, todo indicaría una ruptura con este gobierno.

“Disciplinada, sin aspavientos como sí lo hizo su antecesor Luciano Crispín Corona Gutiérrez cuando dejó el cargo, Maldonado Textle esperó los primeros días de este nuevo año para estudiar sus posibilidades futuras. Y, hay que decirlo, encontró un buen acomodo.

“Parece que el ganador de este fichaje es el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, y será justamente en ese “equipo” donde podrán aprovechar su experiencia en materia fiscalizadora”, dijimos en aquella ocasión, justamente por la traición de la que habría sido objeto Maldonado Textle.

Comentábamos, además, que Isabel Maldonado contaba en sus alforjas con información de los últimos cuatro titulares del Ejecutivo: Héctor Israel Ortiz Ortiz, Mariano González Zarur, Marco Antonio Mena Rodríguez y Lorena Cuéllar Cisneros.

Y no se diga de los municipios, pues en los siete años como auditora superior promovió un total 160 denuncias ante el Ministerio Público por actos u omisiones presumibles de delito o actos de corrupción por parte de diversos funcionarios municipales.

Pues bien, resulta ahora que sus conocimientos en áreas tales como contabilidad y auditoría gubernamental, rendición de cuentas y transparencia, fiscalización superior a entes fiscalizables, sistema nacional anticorrupción, responsabilidades de servidores públicos y sistemas de control interno, estarán a la orden del actual gobierno lorenista.

¿Llegará también para tapar hoyos?, es muy probable. Conocedora de los recovecos legales, Maldonado Textle podría ser de gran utilidad para comenzar a saldar cuentas pendientes de la actual administración estatal con el gobierno federal ¿Como cuáles?

Fácil, solo recuerde que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por 417.1 millones de pesos en el gasto federalizado asignado a Tlaxcala en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, anualidad que ya estuvo completamente bajo la gestión de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

El último informe de la cuenta pública 2022 ya entregado a la Cámara de Diputados federal por el titular de la ASF, David Colmenares, da cuenta de que Tlaxcala se encuentra en el top ten de las entidades federativas con mayores anomalías.

A eso me refiero de tapar hoyos. Sobre todo porque como Secretaria de la Función Pública, fomentar la transparencia, el acceso a la información, combatir la corrupción e incrementar la productividad de los servidores públicos al agilizar sus consultas por medios electrónicos, no es lo más fuerte de Isabel Maldonado Textle, sino las propiamente fiscalizadoras.

Que desde ahí, desde la Función Pública, asuma otras funciones, no sería nada raro en un gobierno que no se distinguido por el orden en sus finanzas, de acuerdo con lo dicho por la Auditoría Superior de la Federación. Al tiempo.

Las tres de ley… 1- Mientras Huamantla está en el ojo público, y no precisamente por su pulcritud en el manejo de la administración pública, la dama que cobra como presidenta municipal interina se fue a Acapulco a olvidarse del infierno en el que se ha convertido su demarcación.

2- Fue desde el Tianguis Turístico de Acapulco donde Luz María Calva Pimentel se enteró que el hermano de su jefe ingresaría al CERESO, el motivo es por todos conocido y pocos podrán ahora salir en defensa del aspirante a reelegirse como presidente municipal de Huamantla.

3- ¿Alguien conoce a Sandra Fernandez Bazán?, sí la misma que en el 2023 recibió una recomendación de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por pretender inhibir la labor periodística, ahora vuelve a las andadas al advertir a la “prensa regional” sobre la imposibilidad de dar cobertura a cualquier acto cívico o religioso ofrecido para don Manuel Cebada.

Él era el taxista asesinado en el corazón del sur que desató el desafortunado linchamiento de los elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de hacerlo no recibirán su pago mensual por concepto de publicidad. Extraña manera de entender la Comunicación Social y de utilizar el recurso de los contribuyentes.

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El cargo la FUNCIÓN de Textle apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tomó protesta a la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), María Isabel Maldonado Textle, a quien encomendó desempeñarse con profesionalismo y honradez, correspondiendo a la alta responsabilidad entregada, para dar continuidad al proceso de transformación que vive la entidad.

En el salón rojo del Palacio de Gobierno, la mandataria reiteró su confianza en los atributos profesionales, aptitudes de sensibilidad humana y honestidad de la nueva funcionaria para fortalecer las políticas públicas en materia de control interno, evaluación de la gestión gubernamental e inspección del gasto público, anteponiendo el bienestar de los tlaxcaltecas.

“Confío en que la amplia trayectoria en el ámbito público que le respalda serán una pieza clave para fortalecer el cumplimiento transparente y eficaz de los planes, programas y proyectos gubernamentales que implementamos desde el inicio de mi gobierno”, sostuvo Cuéllar Cisneros.

En el acto protocolario también estuvo el titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.

La ahora titular de la SFP es licenciada en Contaduría Pública y su encargo más reciente fue al frente del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) de Tlaxcala, en el periodo de 2016 a 2023.

Anteriormente se desempeñó como directora de áreas de fiscalización municipal y estatal del OFS del Congreso del Estado de 2002 a 2015. También fungió como asesora en la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la LVII Legislatura del Congreso local de 2002 a 2004.

Fue tesorera del municipio de Zacatelco en el periodo de 1997 a 1998. Además, ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

El cargo TOMA PROTESTA LORENA CUÉLLAR A TITULAR DE LA SFP apareció primero en Martín Rodríguez Hernández.