La UIF sostiene que, entre 2012 y 2018, García Luna y una red de colaboradores manipularon contratos de seguridad para extraer al menos 250 millones de dólares, suma que más tarde se multiplicó a 580 millones 8 mil 513.40 mediante sobrecostos y comisiones secretas. “Desde al menos el año 2012 y hasta por lo menos 2018, el acusado García Luna y personas que actuaban bajo su dirección… transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados”, señala la moción presentada ante la corte. Propiedades en Aventura, condominios de lujo y sociedades pantalla habrían servido para lavar el dinero.

Ni el exfuncionario—encarcelado en Nueva York y condenado en 2023 por narcotráfico—ni su esposa respondieron a la demanda civil presentada en 2021. La jueza Walsh advirtió varias veces sobre las consecuencias de la omisión; aún así, Pereyra dejó vencer plazos y su abogado se retiró del caso. Para la UIF, esa ausencia equivalía a admitir los cargos: “El demandante, México, solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal dicte una Sentencia Final en Rebeldía contra los acusados Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra de García…”. La magistrada coincidió y dictó el fallo por default.

Próximos pasos: embargos y búsqueda de activos

La sentencia autoriza al gobierno mexicano a confiscar bienes localizados en Florida y en otras jurisdicciones que cooperen con órdenes civiles. Entre los codemandados figuran los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, quienes continúan negociando un acuerdo con la UIF, y exsubordinados de García Luna que ya pagaron sumas menores—como José Francisco Niembro, quien desembolsó 330 mil dólares.