Dicha reforma tiene como objetivo castigar con mayor severidad dicho delito que afecta a diversos sectores productivos del país.

¿En qué consiste la reforma a Ley contra la Extorsión?

La iniciativa promovida por Morena, que ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado en lo general, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, consiste en varios puntos clave que buscan combatir este delito de manera unificada a nivel nacional.

Los puntos centrales de la iniciativa son:

1. Persecución de Oficio y Definición de la Extorsión

• Persecución de Oficio: Es el cambio más relevante. El delito de extorsión se perseguirá de oficio en todas las entidades federativas. Esto significa que la investigación y sanción no dependerá de que la víctima presente una denuncia formal, sino que el Estado mexicano asume la responsabilidad de perseguir el delito tan pronto tenga conocimiento de él.
• Tipo Penal Único: Se establece un tipo penal único y homologado a nivel nacional para el delito de extorsión, eliminando la dispersión y falta de uniformidad que existía en los códigos penales estatales. Esto da certeza a las instituciones de seguridad y justicia.

2. Aumento de Penas y Agravantes

• Penas Base Elevadas: Se establece que la pena por extorsión será de 15 a 25 años de prisión (el tipo penal básico), con el objetivo de evitar reducciones que pudieran conducir a liberaciones anticipadas.
• Agravantes Severas: Se consideran múltiples agravantes que elevan la pena hasta los 42 años de prisión, aplicables en casos como:

3. Mecanismos Adicionales

• Dispositivos en Penales: Se sanciona la introducción o intento de introducción de dispositivos electrónicos que permitan la transmisión de datos a centros penitenciarios, buscando atacar la extorsión telefónica carcelaria.
• Destino de Recursos: Se establece que los recursos obtenidos por procedimientos de extinción de dominio derivados de delitos de extorsión serán destinados preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas

En esencia, la iniciativa busca centralizar y endurecer el combate a la extorsión, homologando las penas para evitar la impunidad y, sobre todo, aliviando la carga de la denuncia al perseguir el delito de oficio.